El tema que más audiencia concitó en el entorno digital no sorprende: la crisis energética, con amplísima presencia y un negativo por sobre 75%. Superó con creces a empleo, seguridad y educación que se ubicaron en un rango similar de atención. A la cola están las importaciones y las exportaciones, y con la menor atención estuvo la minería, sector que no genera una opinión pública que respalde esta actividad fundamental.
Sobre este primer año de gobierno de Daniel Noboa abundaron análisis y opiniones, entre ellos el del politólogo Santiago Basabe, quien afirmó que el Presidente ha ido aprendiendo lo que hay que hacer. “Al final del año, el candidato-presidente está al nivel de Luisa
González, con cerca de 30 puntos porcentuales”, indicó.
Para él, en Ecuador se hace política mostrando golpes de efectos, demostrando la capacidad de gobernar y muchas de sus decisiones clave evidencian eso y le generan votos.
Del gabinete, Basabe destaca las presencias de las ministras Inés Manzano, que no ha solucionado la crisis energética, pero informa bien; de Mónica Palencia, con el talante que corresponde a su cargo, y de Ivonne Núñez, quien “ha puesto el pecho a las balas”. Del resto de ministros, afirmó que brillan por su ausencia y que, si han alcanzado logros o han realizado acciones, no se han difundido.
Durante la ocupación alemana en Francia en 1940, los famosos diseñadores de moda Cristobal Balenciaga y Coco Chanel en París decidieron adaptarse y servir a los ejércitos alemanes, en el futuro serían juzgados socialmente por «colaboracionistas». Hoy sus marcas sobreviven más de 100 años.
Este dato me recordó las palabras de un empresario amigo, que en un análisis de la coyuntura política y los retos que hoy vive el Ecuador, al preguntarle su postura, me dijo: «Mira, nosotros somos gobiernistas. Vamos por el que gane, y a quien esté en el poder le apoyaremos siempre».
Un entorno hostil
Desde 2015, Ecuador ha enfrentado una tormenta perfecta: Un gobierno que atacaba constantemente a los empresarios, cuatro presidentes en ocho años, una pandemia devastadora, manifestaciones que incendiaron la capital, un incremento alarmante de la inseguridad —el más drástico de la región—, cortes de energía de hasta 12 horas diarias y una sociedad polarizada que interpreta la política como un partido de fútbol, en el que los ciudadanos y la gran mayoría de políticos justifican oponerse a todo, o como hemos visto, no les importa quemarlo todo, con tal de gobernar sobre las cenizas.
A pesar de ello, los empresarios ecuatorianos continúan invirtiendo en el país. Según datos recientes del Banco Central del Ecuador, las empresas privadas generan aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto (PIB) y son responsables del 85% del empleo formal. Estas cifras subrayan la importancia del sector privado en una economía que necesita urgentemente estabilidad y crecimiento.
Empresas familiares: el pilar de la economía
Un dato relevante es que más del 85% de las empresas ecuatorianas son familiares, según la Asociación de Empresas Familiares del Ecuador (AEFE). Estas organizaciones enfrentan retos particulares: desde sucesiones complejas hasta la necesidad de profesionalizar sus operaciones, todo en un entorno económico y político que pone a prueba su capacidad de resiliencia.
A pesar de las dificultades, el sector comercial, uno de los más representativos del país, ha demostrado estabilidad. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el comercio ha crecido un 2.3% en lo que va del año, a pesar de la inseguridad y las graves interrupciones económicas.
Lecciones para un futuro sostenible
Es imposible ignorar que el país necesita un cambio profundo en su percepción hacia el sector empresarial y público. Políticos y medios irresponsables han sembrado la idea de que generar riqueza es un pecado y que todos los servidores públicos son corruptos. Esta narrativa frena el desarrollo del país.
Mientras no logremos entender que el país necesita de políticos con altos valores, de un estado fuerte con funcionarios públicos bien recompensados, con oportunidades, formación y capacidad de crecimiento, y con empresarios responsables que jueguen con reglas claras, estables, que sean respetados y valorados como generadores de riqueza, estamos condenados a seguir apagando incendios sin poder planificar un Ecuador que sobreviva más allá de la coyuntura del odio entre dos bandos que piensan que el país es una cancha de fútbol.
Mientras tanto, los empresarios ecuatorianos continúan siendo un ejemplo de fortaleza. Invertir en el país bajo estas circunstancias requiere no solo de audacia, sino también de un compromiso inquebrantable con el futuro del Ecuador. Nuestro profundo respeto a todos los empresarios y servidores públicos que hoy mantienen al país, aún caminando y con esperanza.
La crisis energética es tan compleja que nadie se pone de acuerdo en el costo real que los apagones han representado para la economía nacional. Las cámaras de la producción calculan que el país pierde un promedio de USD 12 millones por cada hora sin luz; esa cifra se divide en USD 5 millones en el sector comercial, USD 2 millones en el sector industrial, USD 2 millones en exportaciones y USD 2 millones entre otros sectores, de acuerdo con un reporte periodístico de Ecuavisa, publicado el 18 de noviembre pasado.
Pero, ese cálculo se circunscribe al sector formal de la economía, pues, justamente por su naturaleza, es poco probable cuantificar el costo para el sector informal. De otro lado, el Gobierno no ha cuantificado el impacto de la crisis.
En un reporte del mismo medio de comunicación, del 1o. de diciembre, entre los 23 sectores económicos del país, de acuerdo con la clasificación del Servicio de Rentas Internas (SRI), el comercio al por mayor y menor es el más afectado, al bajar sus ventas de USD 8.810 millones en agosto a USD 8.110 millones en septiembre, incluso muy por debajo de los USD 8.440 millones que se vendieron en el mismo período del 2023.
Sectores como transporte y almacenamiento, artes, entretenimiento y recreación también han sido afectados. El segmento de bares y restaurantes, que ha intentado, en función de la economía de sus propietarios, invertir en generadores eléctricos, no han logrado mantener y menos incrementar sus ventas porque las penumbras de la noche ahuyentan a los clientes.
¡Ni qué decir de la salud mental, cuando está claro que los horarios de los racionamientos han alterado nuestra cotidianidad! No se puede trabajar, estudiar o planificar de forma continua, y muchos están obligados a ir de casa en casa, de oficina en oficina, o ser clientes frecuentes de los centros comerciales ante la ausencia de luz.
La gran interrogante hoy radica en que ¿esta crisis será suficiente para ser el factor decisivo en las elecciones del 9 de febrero?
Resta menos de un mes y medio para el inicio de la campaña y menos de dos meses y medio para las elecciones presidenciales y legislativas. El presidente Daniel Noboa busca desesperadamente frenar la caída de sus cifras de aceptación, aunque lo mantienen hoy como fijo para la segunda vuelta. El mandatario ha ofrecido que en diciembre se acabarán los apagones, oferta que muchos especialistas la consideran demagógica debido a la crudeza del estiaje y el retraso de la implementación de la generación de energía termoeléctrica en la que ha trabajado el régimen. De hecho, la primera semana de diciembre se mantendrán los apagones, aunque con horarios reducidos respecto de la semana anterior.
Siendo realistas, enero será el mes clave, aquel que podría mover un tablero en el que, de momento, de 16, solo 2 actores están concentrando la atención: Noboa y Luisa González.
De momento, no hay un evidencia concreta que determine hacia dónde irán los votos de la fallida candidatura de Jan Topić. Noviembre se terminó con la difusión de dos encuestas: la de Comunicaliza, que vaticina un empate técnico del candidato – presidente y la aspirante del correísmo; y la de Negocios y Estrategias, que presentó a González como la nueva cabeza de la carrera electoral.
Con el desmantelamiento del Estado, lo que queda no es mayor libertad, sino un vacío de anomia social. En las ciencias sociales, la anomia describe un estado en el que las normas se debilitan o desaparecen, dejando a los individuos sin un marco de referencia para sus acciones.
Según el sociólogo francés Émile Durkheim, nuestra naturaleza humana necesita de una autoridad que limite nuestras pasiones y deseos, porque, sin esos límites, el individuo y la sociedad pueden caer en la autodestrucción.
La anomia social es, en parte, un resultado de la desigualdad inherente a nuestras dinámicas económicas y sociales. Durkheim advirtió que, cuando los individuos perciben que las normas y convenciones no promueven justicia ni equidad, comienzan a perder el respeto por ellas. Si esas reglas ya no tienen sentido, las personas dejan de verlas como necesarias. La anomia, entonces, se convierte en un caldo de cultivo para la frustración y el descontento, en una desconfianza hacia cualquier marco de orden.
El sociólogo estadounidense Robert K. Merton amplió esta idea afirmando que la anomia también surge cuando las aspiraciones de una sociedad y los medios disponibles para alcanzarlas están desconectados. Cuando los caminos para lograr esas metas se cierran, muchos terminan por desafiar las normas sociales, cayendo en conductas antisociales, en la violencia y el crimen. En un contexto de anomia, lo que alguna vez fue una regla compartida se convierte en una barrera que cada uno decide cómo sortear.
Así, en Ecuador, lo que surgió no fue la justicia y libertad que esperábamos (así lo anunciaban el comunismo, el anarquismo, el liberalismo libertario, el globalismo radical o el indigenismo autonomista), sino un nuevo orden basado en el caos y la violencia. Con la desaparición de las instituciones, la ley también se fue y en su lugar quedó lo que el filósofo italiano Giorgio Agamben llamaría un estado de excepción permanente. Un espacio donde la ley se suspende y, con ello, nuestras vidas quedan expuestas, desprotegidas.
Ya no somos ciudadanos con derechos, sino que nos hemos convertido en lo que Agamben describe como homo sacer: existencias reducidas a lo biológico, a la mera supervivencia. En este escenario, lo dicho, la violencia y el caos sustituyen al orden, y la vida humana pierde todo su valor político. Nos convertimos en vidas desnudas, vulnerables, donde cualquier mano armada puede decidir nuestro destino.
La paradoja es evidente: al arremeter contra el Estado, lo que hemos creado es un espacio sin ley, donde nuestras vidas están completamente expuestas. Lo que imaginamos como libertad terminó siendo una exclusión total del orden jurídico. Ahora vivimos en una realidad donde ya no somos sujetos de derechos, sino cuerpos descartables en un conflicto donde el Estado ya no es un actor relevante.
Este es el peligro de la nuda vida, la existencia sin protección ni derechos, donde la ley y la violencia se entrelazan, y donde todos estamos expuestos. La solución no es eliminar el poder del Estado, sino encontrar un equilibrio donde el poder soberano no implique la reducción de la vida a su forma más vulnerable.
Este tipo de situaciones nos obligan a replantear la importancia de las instituciones, del orden jurídico y del poder en la sociedad. La ausencia del Estado no trae libertad, sino vulnerabilidad extrema. En tiempos de crisis, es crucial entender cómo las estructuras que nos protegen pueden disolverse, y cómo nuestras vidas pueden quedar expuestas a la violencia más básica.
Podemos graficar este tipo de desafíos con lo que sucede con la actual crisis energética, ya que en medio de la más grande crisis que haya memoria contemporánea no hay nadie a quien esta situación no le merme oportunidades de progreso económico y social. Y es que la historia siempre pasa la factura por lo que no se hizo a tiempo.
Mientras todos estos impactos económicos y sociales tienen a varios sectores en una suerte de estado catatónico procesando el cómo se llegó acá, resulta inútil escarbar en el baúl de las recriminaciones pues nunca llevan a una solución en el aquí y en el ahora. Ya habrá tiempo para aprendizajes y responsabilidades. Hoy, el tema energético está sobre la mesa y el país está obligado a comprender todas sus aristas y pensar en soluciones a largo plazo para evitar que se repita.
Esas soluciones pasan por al menos dos factores, el primero, lograr enfocarse en la búsqueda de los recursos financieros que requiere el país aprovechando las capacidades de generación energética del sector privado. Esto con el fin de lograr descargar el grueso del peso de las inversiones, a un estado que hoy pasa por una crisis fiscal de gran magnitud. Y el segundo, entender el rol de Ecuador en este desafío global de transición energética al que nos vemos avocados por la actual crisis climática global.
Son esos dos factores los que precisamente son atendidos con el desarrollo de la minería industrial responsable. Los proyectos mineros a gran escala contribuirán con sus propios sistemas de autogeneración y proveerán de los recursos al Estado para la inversión pública que se encuentra paralizada. Sobre porqué Ecuador debe priorizar la minería responsable, hay ya un consenso multilateral.
De la relevancia que tiene para Ecuador el desarrollo de la industria minera da cuenta un reciente estudio del Banco Mundial que establece que la agricultura, la minería y el turismo son los impulsores del crecimiento sostenible de Ecuador. Este estudio pone a disposición de Ecuador una visión económica y política adecuada para que Ecuador se inserte en un ciclo productivo y de crecimiento sostenible. Y, en relación con la transición energética, le adjudica un rol de relevancia: ser uno de los mayores proveedores de minerales críticos para la transición, responsabilidad a la que la geopolítica le atribuye hoy alta importancia.
Además, hace unos meses Naciones Unidas a través de su Programa Ambiental PNUMA publicó un documento denominado: “Recursos para la transición energética: Principios para orientar los minerales críticos para la transición energética hacia la equidad y la justicia”, que deja clara la relevancia del sector minero en la transición energética y la necesidad de que esta transición a energía renovables altamente intensivas en minerales, sea justa.
Pero para lograrlo hay que superar varios desafíos en el camino. Uno de los mas importantes pasa por explicar adecuadamente la escala de dichas inversiones y los impactos ambientales que conllevan. Sin bien se sabe que no existe ningún proyecto productivo que no genere impactos ambientales, la minería tiene impactos en escala mayores y más visuales que otras industrias.
¿Pero, es esta razón suficiente para intentar detener esta industria? ¿Se debe por esto tratar de parar proyectos y cerrar al Ecuador a la inversión minera que tanto se requiere como predica el ecologismo radical? Pues no. Pero eso sí implica esfuerzos mayores en explicar apropiadamente que la minería responsable, la minería a escala industrial, bien hecha y regulada con estándares internacionales no causa impactos ambientales.
Maneja impactos y mitiga huellas. Y que además puede generar estándares ambientales más altos que los que existen en el resto de las industrias, como crear áreas de conservación en compensación de biodiversidad o diseñar áreas de conectividad ecosistémica en concesiones mineras. Algo que ningún otro sector productivo ha hecho. Eso ya se planifica para varios proyectos mineros.
La industria minera ofrece ser la de mayor impacto a nivel rural en los próximos años, y hoy, además es la alternativa natural para evitar que el país sea tomado por las mafias de la minería ilegal. La minería industrial responsable ofrece alternativas hacia la conservación de biodiversidad en territorio y la distribución de regalías mineras para lograr crecimiento sostenible en las poblaciones aledañas a proyectos. Ofrece alternativas de ingreso económico sostenidas al estado ecuatoriano por décadas. Y promete a Ecuador un rol de provisión de minerales críticos al mercado internacional en plena alza.
Pero esto solo es posible llevarla a cabo con alta inversión internacional, ya que no es posible encontrar el volumen de capitales requerido en nuestra economía doméstica. Esa oportunidad se encuentra aquí y ahora, y esta es una nueva ventana de oportunidad.
Todo esto ocurre hoy a oscuras mientras tratamos de procesar cómo llegamos a este momento crítico y cómo explicar al Gobierno, a la Asamblea Legislativa y a la sociedad civil las oportunidades que se presentan hoy, para evitar volver al pasado, cuando tenemos tanto que ofrecer hacia el futuro.
La crisis energética de Ecuador era un evento que se
venía anticipando entre quienes participan en el sector
eléctrico en Ecuador. El plan maestro de electrificación
de 2016 establecía que la demanda de energía estaba
cubierta hasta 2023 con la capacidad instalada hasta ese
momento. Para evitar apagones, se debían instalar 750
MW hasta 2023, de los cuales apenas se cubrió el 19%.
Con la llegada de la sequía más fuerte de los últimos 50
años en 2023-24, junto a un crecimiento de la demanda
superior a lo pronosticado, la crisis de energía era
crónica de un apagón anunciado. Los primeros cortes en
octubre 2023 evidenciaron no solo la falta de inversión
en nueva capacidad, sino la vetustez del parque térmico
de reemplazo para cuando azota la sequía en la cuenca
amazónica.
La ausencia de nueva generación se debe a un único
factor: no existió inversión en el sector eléctrico ni del aparato público, ni desde lo privado.
La implementación de austeridad fiscal desde 2018 fue
realizada principalmente sobre el gasto de inversión, al
pasar de un nivel del 8% del PIB en 2018 a tan solo 1%
en 2024. La baja inversión pública afectó la capacidad
del gobierno central de destinar presupuesto a la
construcción de infraestructura eléctrica.
En el ámbito privado, el espacio regulatorio para la
inversión privada rentable está limitado a la
autogeneración sobre todo hidroeléctrica en que las
tarifas de los contratos no regulados que firma el
generador con el cliente privado tienen sentido
económico, son bancables y sostenibles.
El esquema permite al cliente privado, que debe tener
una participación accionarial en el generador de
autogeneración, recuperar el costo de su energía, a
través de las ganancias que recibe.
El sistema eléctrico ecuatoriano tiene como principal
comprador de energía a la empresa pública de
distribución a través de sus diferentes filiales regionales
y los precios a los cuales se compra la energía están
definidos por el regulador eléctrico. Este usa para el
establecimiento de tarifas, los costos de generación
estatal, que están basados en el costo variable y no
considera el costo de reposición de la inversión, lo que
hace que la tarifa sea artificialmente baja y no sea viable
para generadores privados.
El tema termina siendo el principal reto para la
generación privada en Ecuador, porque el ambiente de
tarifas no es atractivo para una participación activa del
inversionista privado en generación eléctrica.
Para facilitar la entrada de capital privado en diversos
niveles del mercado eléctrico, desde la generación hasta
la distribución, se requiere una liberalización para que
pase a operar la oferta y demanda y así establecer el
precio de la generación y la tarifa al consumidor.
Es lo que se ha hecho en países como Chile, Brasil,
México y Colombia con resultados ambiguos. La
inversión privada ha sido clave financiando la
construcción de nuevas plantas de generación renovable
en países como Chile o México, mientras que en
Colombia el papel del sector privado ha destacado en la
provisión de capacidad de generación térmica de
reemplazo.
El funcionamiento del sistema de precios tiene como
ingrediente elemental un nivel de tarifas al consumidor
más elevado que reconozca el costo de oportunidad del
capital privado destinado a esta actividad. Mientras que
en Ecuador la tarifa promedio a usuarios residenciales
es de 9.6 centavos por kWh, en Colombia llega a 20.4
centavos por kWh.
Para usuarios comerciales, la tarifa promedio en
Ecuador es de 8.5 por kWh cuando en Chile es 11.7
centavos por kWh, Brasil es 12.7 centavos, Colombia
19.8 centavos y México 22.7 centavos por kWh.
Claramente, para viabilizar la participación del capital
privado en el sector eléctrico ecuatoriano, se requiere un
ajuste importante en tarifas residenciales y comerciales.
El incremento de tarifas debería ser de más del 200%
para ofrecer condiciones similares al modelo
colombiano. De otra manera, la participación privada en
generación estaría siendo subsidiada por el gobierno,
con todo el riesgo de pago que conlleva, dada la crisis
fiscal permanente de Ecuador.
Para resolver la falta de inversión en infraestructura
eléctrica es imperativo un aumento global de tarifas para
que permitan cubrir los costos totales de generación, el
costo de financiamiento y el costo de oportunidad del
capital.
En el caso ecuatoriano, dado el elevado riesgo país, el
costo del capital es más oneroso y por lo tanto la tarifa
debería ser en principio aún más elevada que otros pares
regionales. El incremento de tarifas haría sostenible al
sector eléctrico y lo deslindaría de la incertidumbre
fiscal tanto desde el punto de vista de inversión, cómo
de capacidad de pago al generador privado.
En retrospectiva, si las tarifas en Ecuador habrían estado
a niveles similares de sus pares regionales i.e. al menos
un 200% más elevadas, el sistema habría tenido
recursos suficientes para financiar el despliegue de
infraestructura del plan maestro de electrificación y no
depender de la capacidad fiscal del gobierno central ya
sea para desplegar la infraestructura directamente u
ofreciendo contratos de compra de energía a precio
viables para el inversionista privado a cambio de asumir
los riesgos de inversión y construcción.
En esencia, el problema de fondo es que el sistema
eléctrico ecuatoriano necesita de mayores tarifas para
ser viable financieramente y, por lo tanto, atractivo para
la inversión privada. Simplemente sin tarifas más
elevadas, no habrá mayor inversión privada, pese a
cualquier reforma legal que se pueda hacer.
En este contexto de crisis energética, hay que pensar qué
esquema de tarifas y estructura sería necesario para
atraer suficiente capital privado para desplegar los cerca
de 2.000 MWh de capacidad instalada que requiere el
país para lograr la suficiencia energética en el corto
plazo.
Al ser necesario un aumento importante de tarifas, es
necesario reforzar y optimizar el sistema de subsidio
eléctrico a los hogares desfavorecidos que no podrán
soportar un alza tan pronunciada en el costo de la
electricidad. A sabiendas que para el sector productivo
el kWh más caro es el que no existe, mayores precios de
la electricidad generarán impactos en costos y obligarán
a mejorar eficiencia controlando demanda.
A su vez, la vigencia de tarifas eléctricas más elevadas
incentiva la inversión privada en el sector, con lo que el
mercado se encarga de equilibrar precios que garanticen
suficiente suministro a precios viables para el sector
productivo y hogares de mayores ingresos.
Para que el sector privado sea el encargado de desplegar
la capacidad de generación, el cambio de paradigma es
esencial. Si los ecuatorianos queremos generación
privada como mecanismo para evitar apagones,
debemos aceptar tarifas que al menos dupliquen las
actuales para generar los incentivos adecuados y un
funcionamiento del sistema de precios para equilibrar
oferta y demanda. Las reformas deben ir más allá de
espacios regulatorios y deben atacar la raíz del problema
que es un sistema eléctrico dependiente de la capacidad
fiscal del gobierno central para asegurar la inversión en
infraestructura necesaria.
En el ámbito comercial, Trump ha demostrado preferencia por estrategias proteccionistas que dificultan los tratados de libre comercio multilaterales.
Para Ecuador, que depende en gran medida de Estados Unidos como su principal socio comercial, podría implicar un entorno menos favorable para consolidar acuerdos comerciales amplios.
No obstante, el contexto también abre una ventana para negociaciones bilaterales que prioricen productos estratégicos como el banano, el camarón y el cacao.
Es esencial que cualquier acuerdo comercial contemple principios de sostenibilidad, justicia laboral y protección ambiental.
Otro eje central de la política económica de Trump es la reorganización de las cadenas de suministro. Para reducir la dependencia de China, Estados Unidos está impulsando estrategias como el nearshoring y el friendly shoring, en busca de socios comerciales confiables más cercanos geográfica o políticamente.
Es una oportunidad significativa para Ecuador, que podría posicionarse como un proveedor estratégico en sectores clave. Sin embargo, para aprovechar esta tendencia, se requieren inversiones urgentes en infraestructura, mejoras en la conectividad logística y una estabilidad jurídica que brinde confianza a los inversores extranjeros.
En paralelo, las políticas migratorias de Trump, que ya mostraron un endurecimiento considerable durante su mandato anterior, podrían profundizarse. Esto afectaría directamente a los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos, muchos de los cuales son fuente clave de remesas para sus familias en el país.
Este flujo económico es vital para la economía nacional y su posible reducción plantea la necesidad de estrategias internas que fomenten la generación de empleo de calidad y oportunidades locales, especialmente para jóvenes y comunidades rurales que suelen depender más de estas remesas.
El sector energético también enfrentaría un impacto significativo. Con el lema “drill baby drill”, Trump apuesta por una mayor producción de petróleo y gas en Estados Unidos, lo que podría aumentar la competencia en el mercado energético internacional y presionar a la baja los precios del crudo.
Para Ecuador, cuya economía sigue siendo dependiente de las exportaciones petroleras, esta política podría significar ingresos reducidos en un contexto de alta vulnerabilidad fiscal. En respuesta, el país debería acelerar su transición hacia una matriz productiva más diversificada, potenciando industrias como el turismo sostenible, la tecnología y la exportación de productos agrícolas con valor agregado.
En términos más amplios, el regreso de Trump podría reforzar tendencias globales de fortalecimiento del dólar y la reconfiguración de alianzas comerciales estratégicas
Para Ecuador, un dólar más fuerte encarece sus exportaciones y afecta su competitividad, lo que exige un enfoque inteligente para fortalecer la productividad local y buscar alternativas en mercados intra latinoamericanos.
Desde enero, en que ocurre la posesión de Trump para su nuevo mandato, Ecuador deberá repensar su lugar en la economía mundial y actuar con rapidez y estrategia.
En un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, la transformación digital (TD) es esencial para mantener la competitividad y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado globalizado. Herramientas como la inteligencia artificial (IA), la automatización y el análisis de datos son claves para optimizar procesos, fomentar la innovación y ofrecer un mejor valor a los clientes.
GRUPO RADICAL, a través de su ecosistema R3C3, potencia la transformación digital con capacidades avanzadas como gestión integral de datos, ciberseguridad robusta y soluciones adaptables que permiten a las empresas escalar de manera eficiente. Esta combinación de herramientas y estrategias asegura que la TD no sea solo un objetivo, sino una realidad sostenible.
Adoptar estas tecnologías implica más que un cambio técnico: requiere repensar procesos, desarrollar habilidades y fomentar una cultura empresarial que abrace la innovación. Más allá de implementar herramientas, la TD redefine modelos de negocio, permite lanzar productos innovadores y mejora significativamente la experiencia del cliente.
Los Pilares Fundamentales de la Transformación Digital
La transformación digital no es un proceso aislado; debe construirse sobre una base sólida que garantice resultados duraderos. Estos son los pilares que toda organización debe considerar:
1. Estrategia con Propósito. Cada esfuerzo en TD debe responder a un objetivo estratégico claro. Asegúrese de que cada inversión tecnológica esté alineada con metas específicas, como mejorar la experiencia del cliente, reducir costos operativos o abrir nuevos mercados; realice talleres de estrategia con su equipo para identificar cómo la tecnología puede resolver los principales retos de su empresa. Alinee cada iniciativa tecnológica con un impacto claro en el negocio.
2. Cultura de Innovación. La transformación comienza desde dentro. Fomente una mentalidad que valore el aprendizaje continuo, la adaptabilidad y la experimentación; reconozca y recompense a los empleados que propongan ideas innovadoras. Cree un entorno donde el error se vea como una oportunidad para mejorar.
3. Tecnología Relevante y Escalable. No todas las herramientas tecnológicas son adecuadas para todas las empresas. Priorice aquellas que resuelvan necesidades específicas y permitan escalar sin perder eficiencia; antes de invertir en tecnología, pruebe versiones pi loto para evaluar su impacto en tiempo real.
4. Capacitación Constante. La tecnología solo es tan útil como quienes la manejan. Invierta en el desarrollo de habilidades técnicas y digitales de su equipo; colabore con instituciones educativas o socios tecnológicos para diseñar programas de formación a medida.
5. Monitoreo y Mejora Continua. La transformación digital no es un evento único. Establezca procesos para medir el impacto, ajustar estrategias y garantizar una evolución constante; realice evaluaciones trimestrales de los proyectos digitales y ajuste prioridades según los resultados obtenidos.
R3C3: Un Sistema Estratégico de Gestión
En el corazón de la transformación digital liderada por GRUPO RADICAL está el sistema R3C3, que combina capacidades de inteligencia artificial, análisis predictivo y ciberseguridad avanzada. R3C3 utiliza un conjunto de métricas estratégicas que ayudan a las empresas a tomar decisiones informadas y precisas; integre los datos de R3C3 en dashboards visuales accesibles para todo el equipo directivo. Esto facilitará la toma de decisiones en tiempo real.
Cómo Iniciar el Camino de la Transformación Digital
Diagnóstico y Planeación. El primer paso es entender dónde está su empresa y hacia dónde quiere llegar. Evalúe procesos clave, identifique áreas críticas y priorice los cambios según su impacto; realice un análisis SWOT digital para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en su ecosistema tecnológico actual.
Metas Claras y Realistas. Defina objetivos alcanzables y tangibles. Por ejemplo, reducir costos en un 15% o mejorar la satisfacción del cliente en un 20% en el próximo año; divida las metas generales en objetivos más pequeños que puedan lograrse en plazos cortos. Esto genera motivación y muestra resultados rápidamente.
Implementación Gradual. La transformación digital no ocurre de la noche a la mañana. Priorice las áreas clave y avance en fases, ajustando según los aprendizajes; implemente pilotos en departamentos específicos antes de escalar la solución al resto de la organización.
La Ética y la Confianza Digital. La adopción de tecnologías avanzadas trae consigo nuevos desafíos éticos. Garantice que su empresa cumpla con las normativas de privacidad y promueva la transparencia en el uso de datos; asigne un equipo o un oficial de cumplimiento que supervise el impacto ético y normativo de cada nueva tecnología.
Dos figuras clave de la política internacional: Mariano Rajoy, ex presidente de España, y Álvaro Uribe, ex mandatario de Colombia, recordados por sus gestiones en la seguridad y la economía de sus respectivos países, expusieron lo que consideran sus legados y que contrastan con la compleja crisis multidimensional que enfrenta Ecuador.
1. Decisiones difíciles, pero necesarias
Rajoy asumió el liderazgo de España en medio de la crisis económica devastadora de 2008. Su gobierno implementó reformas profundamente impopulares, como ajustes fiscales y medidas de austeridad, que estabilizaron las finanzas públicas y devolvieron la confianza de los mercados. En Ecuador, donde la economía enfrenta déficits recurrentes, falta de inversión y deuda en aumento, surge la pregunta: ¿Los gobernantes están dispuestos a asumir el costo político de reformas estructurales para garantizar sostenibilidad a largo plazo?
2. Seguridad como prioridad innegociable
Álvaro Uribe gobernó en una Colombia al borde del colapso por el conflicto armado hasta un referente en términos de seguridad. Su política de «Seguridad Democrática» debilitó a grupos armados y devolvió la movilidad y el control estatal a vastas zonas del país. Ecuador, actualmente en una crisis de violencia ligada al narcotráfico, deberá evaluar la priorización del fortalecimiento institucional y las estrategias contra el crimen organizado.
3. Confianza como eje del liderazgo
Ambos líderes tuvieron -y tienen- detractores, pero en su momento coincidieron en construir confianza a través de mensajes claros y una visión de país. En Ecuador, donde la polarización y la falta de consenso son desafíos constantes, los liderazgos políticos deben repensar cómo generar credibilidad y cohesión.
4. Resiliencia y adaptabilidad
Tanto Rajoy como Uribe enfrentaron contextos de alta complejidad política y económica. En el caso de Ecuador, una crisis no solo es un problema que resolver, sino una oportunidad para rediseñar estrategias y construir un futuro más estable y justo.
A lo largo de los años, diciembre ha sido el mes en que muchas empresas activan su “responsabilidad social” con acciones puntuales, como donaciones o eventos altruistas. Sin embargo, estas iniciativas, aunque bien intencionadas, no logran ir más allá de ser gestos coyunturales.
No generan transformaciones estructurales ni fortalecen a las organizaciones sociales, que muchas veces quedan limitadas en su capacidad de acción. Tampoco fomentan ecosistemas económicos inclusivos o resilientes, ni establecen modelos de impacto social que trasciendan lo inmediato. Esta desconexión entre las buenas intenciones y los resultados reales evidencia la necesidad de un cambio profundo en el enfoque de la responsabilidad social empresarial.
Para revertir esta dinámica, es esencial que las empresas adopten un enfoque estratégico basado en la integración de la sostenibilidad en el núcleo de sus operaciones. Esto implica comprometerse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), no como acciones aisladas, sino como pilares fundamentales de su modelo de negocio.
La sostenibilidad debe formar parte del propósito corporativo, influyendo en cada decisión. Empresas con este enfoque no solo mejoran su competitividad y rentabilidad, sino que también contribuyen significativamente a la transformación social y económica de las comunidades en las que operan. Además, identificar áreas clave de impacto, como educación, igualdad y cambio climático, permite focalizar esfuerzos para generar resultados tangibles y medibles.
Del mismo modo, las ONGs deben transformarse en actores más autónomos y sostenibles. Esto significa evolucionar hacia modelos de negocio que les permitan generar valor económico y social sin depender exclusivamente de donaciones. Acciones como el acceso a financiamiento sostenible, alianzas estratégicas y el desarrollo de modelos escalables pueden convertir a las ONGs en motores de desarrollo económico en sus comunidades. Con esta visión, no solo aseguran su sostenibilidad financiera, sino que amplían su capacidad para implementar proyectos de alto impacto y largo plazo.
La verdadera sinergia ocurre cuando empresas y ONGs trabajan juntas para diseñar iniciativas estratégicas. Las empresas, con su capacidad de gestión, recursos y redes, complementan el conocimiento profundo que las ONGs tienen de las problemáticas sociales y su conexión con las comunidades. Esta colaboración permite abordar no solo los problemas inmediatos, sino también las causas estructurales, creando soluciones sostenibles y escalables. Además, fomenta la creación de valor compartido, donde ambas partes se benefician mientras contribuyen al bienestar general de la sociedad.
Otro aspecto clave es que las empresas deben construir una gobernanza sólida que respalde sus esfuerzos de sostenibilidad. La transparencia y la lucha contra la corrupción, por ejemplo, son fundamentales para garantizar prácticas éticas y responsables. Estas acciones no solo fortalecen la reputación corporativa, sino que también atraen a inversores y consumidores que valoran la integridad y el compromiso social. Por su parte, las ONGs, al trabajar con empresas comprometidas, pueden acceder a mayores recursos y oportunidades para generar impactos profundos y duraderos en las comunidades.
En conclusión, diciembre no debe ser solo un mes de gestos simbólicos, sino una oportunidad para construir alianzas estratégicas entre empresas y ONGs que permitan un impacto real y transformador. Este enfoque no solo beneficia a las organizaciones, sino que también genera un cambio positivo, estructural y sostenible en la sociedad. La colaboración, alineada con un propósito común y guiada por un compromiso estratégico, tiene el potencial de cambiar vidas, transformar comunidades y construir un futuro más inclusivo y resiliente para todos.
