El Gobierno de Daniel Noboa ha destinado un esfuerzo inusitado por equilibrar el déficit fiscal heredado. Este hecho ha sido acompañado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en una voluntad porque las cuentas fiscales no continúen desajustadas.
Entre 2018 y la actualidad, los préstamos del FMI a los que ha accedido Ecuador suman ~USD 10 mil millones que se han destinado a honrar las obligaciones financieras asumidas por el país ante los diferentes organismos multilaterales de crédito.
En este acompañamiento, el Fondo ha orientado la gestión pública hacia un Estado que tienda a ser eficaz con los menos excesos posibles y con un rol más regulador que actor en la economía nacional.
La receta ha sido la misma de siempre, a pesar de que el mismo Fondo ha reconocido la necesidad de políticas fiscales menos restrictivas para lograr disminuir el decrecimiento o para impulsar un crecimiento más sostenido en épocas de incertidumbre y factores exógenos, a las que está condicionada la economía del Ecuador.
Estos factores exógenos están dados por el precio del petróleo, la apreciación del dólar y su impacto en las exportaciones ecuatorianas, el riesgo país, la depreciación sostenida de las monedas de los países vecinos y el clima.
Todo esto dentro de un ambiente de inseguridad sistemático y pro cíclico que atraviesa la sociedad ecuatoriana, que han sido contrarrestados con la máxima voluntad del Gobierno Nacional para que este mal deje de ser percibido como un problema nacional, y pasar a un problema focalizado en algunas provincias.
Este esfuerzo tiene el reconocimiento nacional e internacional como resultado de un combate desigual ante los tentáculos del narcotráfico y los conflictos de rutas que está atravesando el Ecuador por el control de estas, protagonizados por los diferentes carteles que disponen de recursos infinitos.
Este escenario es el que marca el inicio de unas futuras elecciones presidenciales para el primer trimestre de 2025, un Gobierno -para algunos de transición, para otros sentando bases para ser la nueva gran fuerza política- que se ha visto abocado a afrontar una multiplicidad de problemas estructurales que Ecuador, sin embargo, no logra resolver.
Las demandas sociales por la focalización de los subsidios a los combustibles es un evento que en el cortísimo plazo el Gobierno está por enfrentar, ante la capacidad de movilización de los diferentes actores indígenas y sindicales que por el momento están tanteando con excesivo recelo el hecho de protestar o no, por estar puertas a las elecciones y el rechazo generalizado por parte de la sociedad a los eventos de octubre 2019 y protestas de 2021.
Ecuador continúa pendiente de solventar las demandas de salud, infraestructura vial y educación que difícilmente se solucionan en pocos meses, pero en las que puede dar importantes señales. De eso dependerá la reelección, no del TikTok, la popularidad o la intención de voto. No es lo mismo.
En los próximos meses, Ecuador no es un país con riesgo de mora de pago de deuda, sino más bien disciplinado en su recetario fiscal y se da con este contexto el inicio a las elecciones.
Más allá de esta coyuntura, la nación necesita más estabilidad a nivel estructural en el ámbito de justicia y seguridad jurídica.