Es un ambicioso proyecto tecnológico que se tridimensionaliza por la narrativa creada a su alrededor y ha sido antropomorfizada lo que la hace un personaje virtual con gustos, preferencias, líneas rojas y una vida que compendia la de muchas mujeres desde cuyas imágenes la IA condensó características para “dar vida” a NInA.
El proceso de construcción de este personaje se centró en la necesidad de las marcas de generar contenido de calidad y al mismo tiempo, humanizar sus consumos. De este modo, los influencers IA cuentan con varias ventajas no solo económicas sino de versatilidad y atemporalidad. Siempre la innovación causa polémica y más aún si es una “persona” con omnipresencia y las características que permiten la virtualidad: nunca está indispuesta, no se cansa, sus guiones los dirá sin errores, no habrá riesgo de deslices en su vida privada… a menos que los cree el equipo que la sostiene, no requiere gastos en maquillaje, alimentación, vestuario.
Desde su lanzamiento ha estado ya en la Feria del Libro de Quito, en el lanzamiento del video clip de Papá Changó en el Ocho y Medio, ha asistido a la Cumbre Violeta de Ekos y al encuentro sobre energías renovables de Seminarium, la han entrevistado Ecuavisa y UDLA Channel, su lanzamiento fue recogido por la Agencia EFE y ha departido con la inolvidable Yolanda Torres,con la influencer Jazmin Harb y con la empresaria María Pía @piainspiración, celebró el Inti Raymi y se apresta a viajar a París.
Sus seguidores siguen subiendo en @ninatapuyoficial y está lista para atender colaboraciones y a las marcas decididas a ser parte de la innovación. Es la llegada palpable e inminente del futuro en que la IA se hace presente en todos los campos. Sin embargo, el ser humano seguirá entrenando los patrones para el desarrollo de los softwares. Así lo hemos hecho.
Ecuador enfrenta un desafío crucial en la generación eléctrica. La solución podría residir en un enfoque innovador: permitir la inversión directa de los ciudadanos en infraestructura energética, apoyada por una regulación adecuada e impulso estatal. Este proceso democratiza la energía y tiene el potencial de transformar la economía y el mercado laboral.
La autogeneración de energía a través de Sistemas de Generación para Autoabastecimiento con Paneles Solares (SGDA) ofrece una solución prometedora. Bajo este modelo, los consumidores podrían adquirirlos directamente a empresas privadas encargadas de su venta, implementación y mantenimiento. Esta estrategia elimina complicaciones burocráticas y permite la gestión directa de los permisos necesarios y la realización de las adecuaciones de espacio bajo la propia responsabilidad de cada usuario.
La regulación actual impone procedimientos que pueden desincentivar la adopción de SGDA a causa de su duración y complejidad. Reformar estas normativas es esencial para facilitar la adopción de energías renovables, permitiendo una mayor participación ciudadana en la generación eléctrica.
Para fomentar la inversión en energías renovables es crucial implementar programas de crédito a intereses bajos para la compra de SGDA. La banca pública, en colaboración con la banca internacional que ofrece productos financieros verdes, puede desempeñar un papel decisivo en esta estrategia. Permitir a las personas naturales acceder a estos créditos haría viable la implementación de esos sistemas en hogares, resultando en una vía de autoabastecimiento más económico y eficiente.
Actualmente, los paneles solares están gravados con un IVA del 0%, lo cual es favorable. Sin embargo, es necesario reducir ese impuesto a las baterías de litio, componentes esenciales de los sistemas solares, y eliminar los aranceles para la importación de estos equipos, abaratando los costos de inversión.
Otra barrera significativa es la disposición que obliga a los consumidores con SGDA a instalar un medidor unidireccional adicional al medidor bidireccional existente. Esto genera costos adicionales y desincentiva la adopción de la generación distribuida. Es fundamental eliminar el requisito, porque un medidor bidireccional es suficiente para medir el consumo del sistema nacional y los excedentes inyectados por los autogeneradores.
Además de la compra directa de SGDA, las distribuidoras pueden desempeñar un papel crucial. A través de alianzas estratégicas con empresas privadas, pueden celebrar convenios de asociatividad, trasladando la carga del financiamiento, implementación y mantenimiento al aliado estratégico. Esta modalidad no solo elimina la necesidad de permisos adicionales, sino que permite una implementación más eficiente utilizando los contratos de suministro de electricidad existentes.
La democratización de la energía tiene el potencial de transformar significativamente el paisaje económico y social de Ecuador. Al facilitar la inversión ciudadana en infraestructura energética, se crearán numerosos empleos especializados, disminuyendo el desempleo y fomentando el desarrollo de nuevas competencias técnicas en la población. Además, esta estrategia alineará al gobierno central como líder en la ejecución de proyectos a escala local, fortaleciendo la cercanía y la confianza entre el Estado y la sociedad.
La ciudadanización de la energía en Ecuador es una estrategia viable y necesaria para abordar la escasez de generación eléctrica. Con la reforma de la regulación, incentivos financieros y fiscales adecuados y la eliminación de barreras burocráticas, los ciudadanos podrán invertir en infraestructuras energéticas, promoviendo un desarrollo inclusivo y sostenible. Este proceso democratizante beneficiará a la economía local y al mercado laboral y fortalecerá el papel del gobierno central como facilitador y líder en la transformación energética del país. Ecuador tiene una oportunidad única para liderar una revolución energética desde la base ciudadana, alineando desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
Tras la victoria en las elecciones anticipadas de 2023, Daniel Noboa, a priori, apuntaba a iniciar su mandato con un escenario político muy similar al de su predecesor, Guillermo Lasso.
Los ejemplos estaban a la vista: al igual que Lasso, Noboa solo logró 12 asambleístas propios para una legislatura de 137, lo cual le obligaba a hacer acuerdos. Lasso se la jugó por una mayoría muy endeble, integrada por Pachakutik, Izquierda Democrática (ID), algunos independientes y, por supuesto el oficialismo, que apenas le sirvió para la elección de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea, la estructuración de los cuadros directivos del Parlamento y la integración de las comisiones legislativas.
Pero, de modo alguno, logró que dicho entendimiento le brinde un mínimo margen de gobernabilidad para, por lo menos, conseguir la aprobación de determinadas leyes. El resultado lo conocemos: una compleja pugna de poderes que impidió a Lasso cristalizar su oferta de reformas en lo laboral y económico; dos intentos de destitución, incluyendo el juicio político, y la aplicación de la muerte cruzada.
Al parecer, este antecedente sirvió de aprendizaje inicial para Noboa, quien hábilmente logró aglutinar en torno a sí a 13 asambleístas independientes que se sumaron a sus 12 propios, es decir, el oficialismo partió con una bancada de 25 legisladores que le dio capacidad de negociación para concretar un acuerdo político con el correísmo y los socialcristianos, que no solo se tradujo en la elección de autoridades legislativas y reparto de comisiones, sino también en una agenda de aprobación de todas las leyes que propuso el presidente bajo el estatus de urgencia en materia económica: cinco, relacionadas con los temas tributario, laboral, energético, turístico y de extinción de dominio.
El romance, sin embargo, se rompió, no por la vigencia del aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sino por la incursión de fuerzas policiales a la embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas.
A partir de ese episodio, el correísmo pasó a la oposición, más desencuentros del Gobierno con los socialcristianos tras la decisión de vetar totalmente un proyecto de reformas que apuntaba a la entrega inmediata de rentas a los gobiernos locales, y tropiezos públicos entre el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres.
Sumado a esto, denuncias de compra de conciencias (tres asambleístas de Revolución Ciudadana y dos del Partido Social Cristiano se pasaron a las filas del oficialismo) y acusaciones mutuas entre el gobierno y el movimiento Construye por la supervivencia de esta organización política, han provocado un panorama de orfandad para el Ejecutivo en el poder Legislativo.
La muestra más palpable fue la negativa de la Asamblea a autorizar el procesamiento penal de la vicepresidenta Verónica Abad, acaso el mayor obstáculo del presidente en su propósito futuro de buscar la reelección. Sumamos, además, el archivo del proyecto de Ley de Seguridad Digital que impulsaba la bancada gobiernista, y la denuncia del régimen sobre una descabellada intención de querer declarar “loco” al mandatario.
En el papel, Noboa carece hoy de margen de negociación política para el segundo semestre del año, máxime cuando el proceso electoral está a la vuelta de la esquina. El Gobierno, sin embargo, parece tener claro este escenario, y, salvo las reformas legales derivadas de la consulta popular, no parece tener la intención de enviar a la Asamblea nuevos proyectos de ley. De hecho, los voceros del frente económico ya descartaron el envío de una nueva reforma tributaria para el último tramo del año, a partir de una supuesta condición del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En un mundo en que las tensiones geopolíticas se entrelazan con la urgencia climática, 2024 ha sido testigo de un ajedrez estratégico que va desde acuerdos inesperados hasta cumbres históricas y el panorama internacional se redefine constantemente. Exploramos los hilos que tejen este tapiz global y su impacto en América Latina y, en particular, en Ecuador.
En un giro sorprendente, los líderes de Rusia y Corea del Norte estrecharon sus manos en un acuerdo de protección mutua. El Acuerdo Integral de Asociación Estratégica, firmado por Vladimir Putin y Kim Jong-un, establece una “asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes”. ¿Qué intereses subyacen en esta alianza? ¿Es una respuesta a las presiones occidentales o una jugada maestra en el tablero global? Solo el tiempo lo dirá.
La Habana, escenario de la cumbre del G77+China, se convirtió en el epicentro de las discusiones sobre desigualdad, desarrollo sostenible y poder global. Líderes de 134 naciones se reunieron para contrarrestar al G7 y dar voz al Sur Global. Ahí se debatió el futuro económico y social del mundo.
En Hiroshima, Japón, los líderes del G7 se enfrentaron a una encrucijada. La guerra en Ucrania, la amenaza nuclear de Corea del Norte y las prácticas comerciales injustas de China dominaron la agenda. ¿Cómo equilibrar la seguridad global con la cooperación? Las respuestas no son fáciles, pero el mundo observa con atención.
La Organización Meteorológica Mundial confirmó lo que muchos temían: 2023 fue uno de los años más cálidos jamás registrados. Fenómenos extremos, sequías y desigualdad persistente afectaron a todos los rincones del planeta. América Latina no escapó de esta realidad. ¿Cómo enfrentar el cambio climático y sus consecuencias?
La región ha perdido terreno en la globalización, pero también ha demostrado resiliencia. Brasil y Argentina mantienen economías cerradas, mientras Ecuador busca su camino. La pandemia dejó cicatrices en el PIB y aumentó la pobreza, pero también reveló oportunidades para la cooperación regional y la innovación. ¿Qué depara el futuro? La respuesta está en nuestras acciones presentes.
La XXIX Cumbre Iberoamericana se reunirá en Cuenca en noviembre con el lema “Innovación, inclusión y sostenibilidad” y tendrá un espacio protagónico avanzar en la estrategia para alcanzar la seguridad alimentaria enfocada a la reducción de la desnutrición crónica infantil. El encuentro hará que Ecuador esté en el foco mundial respecto a las decisiones que emerjan del encuentro.
En este tablero global, las piezas se mueven con astucia y las apuestas son altas. América Latina, con su diversidad y riqueza, tiene un papel crucial. Ecuador debe mirar más allá de sus fronteras y encontrar su voz en este juego de ajedrez. El futuro no es predecible, pero la partida está en marcha.
En junio de cada año, Ecuador conmemora una serie de eventos del Orgullo LGBT+. En ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Portoviejo, Manta, Machala, Riobamba, Santa Elena, Ibarra y Santo Domingo, organizaciones, colectivos y activistas realizan la marcha que conmemora el primer levantamiento gay en Nueva York, hace 55 años.
En la marcha de Quito, alrededor de 20 mil personas recorrieron la avenida Amazonas desde la Plataforma Financiera, donde un festival denominado Orgullo Diverso, dio espacio a manifestaciones culturales, artísticas y de emprendimientos, bajo el lema #NadaQueCurar.
Inició en 2008 con Fundación Equidad y crece cada año, por la alta visibilidad de jóvenes y adultos jóvenes, acompañados de sus familias. Cientos de comerciantes callejeros y de emprendedores han convertido la marcha en una oportunidad para generar ingresos. Es difícil calcular cuánto dinero moviliza el Día del Orgullo, pero con este fenómeno creciente ¿por qué a muchos actores sociales, empresariales y sobre todo políticos, aún les cuesta tender puentes con los derechos LGBT+?
Según Efraín Soria, presidente de Equidad, alrededor del Orgullo se activan cooperantes, gobiernos, ciertas empresas y otros aliados; es una especie de pinkwashing1 . Sin embargo, el resto del año la exclusión permanece. No basta el brandeo arcoiris, sino que las leyes, políticas, presupuestos contra la discriminación y la participación política visible LGBT+, siguen pendientes de resolver, dice Soria.
Siendo optimistas, hace 10 años esto era inimaginable. Contados actores políticos se tomaban en serio el tema, pero como autoridades que van cambiando, la prioridad con su sucesor también, a veces se esfumaba. Hoy junio permite que lo LGBT+ esté en el ojo público y en el calendario de autoridades.
El expresidente Guillermo Lasso, político conservador, por encima de sus creencias personales, instituyó una Subsecretaría de Diversidades adscrita al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, enfocada en crear política pública para poblaciones LGBT+. Había que apoyarse en datos reales y en las demandas hay muchas prioridades.
En el gobierno de Rafael Correa se acogieron algunas, otras fueron rechazadas por los sesgos y prejuicios del expresidente. Esto se superó con la aprobación del matrimonio igualitario en 2019, y otros litigios del activismo, que no encontraron obstáculos políticos con el expresidente Lenín Moreno. En su administración, el Instituto de Estadísticas y Censos, INEC, promovió la generación de data nacional sobre poblaciones LGBT+. Con Lasso se mantuvo y el censo de 2022 consultó por primera vez, sobre orientación sexual e identidad de género en mayores de 18 años.
La cifra obtenida -que fue cuestionada en sus protocolos y metodología-, reveló que 270.970 personas se identificaron como LGBT+. El INEC realizará un estudio adicional sobre realidades LGBT+ que aterrizará en datos más precisos sobre discriminación educativa, de salud, realidad laboral, seguridad social, matrimonios, cambio de género, tipos de familia, el ejercicio pleno de derechos, etc.
La llegada del joven gobernante Daniel Noboa no tuvo un discurso sobre derechos LGBT+. Sin embargo, en su posesión, su entonces secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, conocido estratega político y personaje mediático internacional arribó de la mano con su esposo al Palacio Legislativo. Muy sonado y simbólico, aunque no implicaba un compromiso fuerte, pero Noboa ha mantenido la institucionalidad LGBT+.
En países del primer mundo se avizoran riesgos de retroceso en lo político; sin embargo, el rol de sectores empresariales con la inclusión afirmativa es clave para ciudadanos LGBT+. Grandes corporaciones de la banca, servicios, retail, bienes de consumo masivo, etc., garantizan espacios seguros para sus trabajadores y ejecutivos LGBT+, con el fin de que rindan mejor en su empresa. Esto eleva su rango en medidores internacionales, como modelos de empresa que dignifican a sus trabajadores.
Alexander Guano, exsubsecretario de Diversidades, menciona que, en Ecuador, el gobierno, con apoyo de la Cooperación Alemana GIZ, creó una certificación de espacios seguros para mujeres y personas LGBT+, otorgados a empresas. Queda pendiente que el sector privado ecuatoriano visibilice un compromiso gremial de generar empleo sin discriminación a personas LGBT+ y sus familias. Es una ventana de oportunidades en dignidad social y económica que actualmente no existe.
Hay otros pendientes con la Asamblea Nacional: tres reformas normativas que la Corte Constitucional dictaminó mediante sentencias sobre identidad de género, reconocimiento de familias y el matrimonio, que debían legislarse en el plazo de un año desde 2017. Ciertos asambleístas electos por voto popular son LGBT invisibilizados. La Asamblea cesada por Lasso tuvo seis y la actual cinco, dos de ellos reelectos de la anterior; de líneas ideológicas que van del populismo de izquierda al centro derecha. Ninguno asume compromisos de trabajo con estas reformas.
La visibilidad política, entonces, está pendiente. Con Equidad y Diálogo Diverso hemos promovido que organizaciones políticas se comprometan en una agenda mínima. Los partidos son entes complejos, responden a coyunturas, al cacicazgo y al personalismo de candidatos “de alquiler” -pinkwashing incluido. No existe formación partidista que involucre las realidades LGBT+ y hay afiliados, adherentes y votantes LGBT+ en todos los partidos.
El Latinobarómetro de las Américas de 2023 reporta que el 50% de ecuatorianos aprueba firmemente la igualdad de derechos LGBT+. Quien se opone es un elector de edad avanzada y masculino. El padrón electoral se compone en su mayoría de gente joven, especialmente mujeres, 52%. Es otra ventana de oportunidades.
El Gobierno de Daniel Noboa ha destinado un esfuerzo inusitado por equilibrar el déficit fiscal heredado. Este hecho ha sido acompañado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en una voluntad porque las cuentas fiscales no continúen desajustadas.
Entre 2018 y la actualidad, los préstamos del FMI a los que ha accedido Ecuador suman ~USD 10 mil millones que se han destinado a honrar las obligaciones financieras asumidas por el país ante los diferentes organismos multilaterales de crédito.
En este acompañamiento, el Fondo ha orientado la gestión pública hacia un Estado que tienda a ser eficaz con los menos excesos posibles y con un rol más regulador que actor en la economía nacional.
La receta ha sido la misma de siempre, a pesar de que el mismo Fondo ha reconocido la necesidad de políticas fiscales menos restrictivas para lograr disminuir el decrecimiento o para impulsar un crecimiento más sostenido en épocas de incertidumbre y factores exógenos, a las que está condicionada la economía del Ecuador.
Estos factores exógenos están dados por el precio del petróleo, la apreciación del dólar y su impacto en las exportaciones ecuatorianas, el riesgo país, la depreciación sostenida de las monedas de los países vecinos y el clima.
Todo esto dentro de un ambiente de inseguridad sistemático y pro cíclico que atraviesa la sociedad ecuatoriana, que han sido contrarrestados con la máxima voluntad del Gobierno Nacional para que este mal deje de ser percibido como un problema nacional, y pasar a un problema focalizado en algunas provincias.
Este esfuerzo tiene el reconocimiento nacional e internacional como resultado de un combate desigual ante los tentáculos del narcotráfico y los conflictos de rutas que está atravesando el Ecuador por el control de estas, protagonizados por los diferentes carteles que disponen de recursos infinitos.
Este escenario es el que marca el inicio de unas futuras elecciones presidenciales para el primer trimestre de 2025, un Gobierno -para algunos de transición, para otros sentando bases para ser la nueva gran fuerza política- que se ha visto abocado a afrontar una multiplicidad de problemas estructurales que Ecuador, sin embargo, no logra resolver.
Las demandas sociales por la focalización de los subsidios a los combustibles es un evento que en el cortísimo plazo el Gobierno está por enfrentar, ante la capacidad de movilización de los diferentes actores indígenas y sindicales que por el momento están tanteando con excesivo recelo el hecho de protestar o no, por estar puertas a las elecciones y el rechazo generalizado por parte de la sociedad a los eventos de octubre 2019 y protestas de 2021.
Ecuador continúa pendiente de solventar las demandas de salud, infraestructura vial y educación que difícilmente se solucionan en pocos meses, pero en las que puede dar importantes señales. De eso dependerá la reelección, no del TikTok, la popularidad o la intención de voto. No es lo mismo.
En los próximos meses, Ecuador no es un país con riesgo de mora de pago de deuda, sino más bien disciplinado en su recetario fiscal y se da con este contexto el inicio a las elecciones.
Más allá de esta coyuntura, la nación necesita más estabilidad a nivel estructural en el ámbito de justicia y seguridad jurídica.