Las denuncias alrededor del caso llamado Gran Padrino —que inició por unas revelaciones hechas por el portal La Posta— han llegado a su punto más álgido. Este caso que revela supuestos vínculos entre la mafia albanesa y el gobierno nacional —a través de Rubén Cherres, amigo cercano de Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República— llegó a la Asamblea Nacional. Las primeras filtraciones reveladas por La Posta daban cuenta de una supuesta red que operaba al interior de las empresas públicas y ciertas instituciones de gobierno. El objetivo habría sido permitir que se infiltren, en instituciones clave, personas cercanas a Cherres. Ya el Frente Parlamentario Anticorrupción—formado por Fernando Villavicencio, Sofía Sánchez, entre otros legisladores— denunció que en algunas de las compañías en las que Chérres aparece como accionista, también está el albanés Dritan Gjika, presunto cabecilla de la mafia albanesa. Entre los personajes involucrados en las denuncias de La Posta estaban Hernán Luque, ex presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) entre julio de 2021 y diciembre de 2022, nombrado por Guillermo Laso. También se señalaba a Leonardo Cortázar —el delator y supuesto operador de la red de corrupción en CNEL y relacionado a Xavier Jordán, uno de los principales sospechosos de la trama de corrupción en el hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil; hoy, prófugo de la justicia.
Toda esta trama desembocó en la creación de una comisión ocasional en la Asamblea Nacional para investigar lo denunciado por La Posta. La tarde del 1 de marzo, con seis votos a favor y uno en contra, la comisión aprobó un informe no vinculante que recomienda al Pleno llevar a juicio político al presidente, Guillermo Lasso. Esto significa que este informe puede ser utilizado como base para que, posteriormente, un legislador solicite el inicio de un proceso de juicio político. Si es que hay los votos necesarios en la Asamblea Nacional, el trámite pasa posteriormente a la El caso INA Papers, conocido por la Fiscalía como caso Sinohydro, es un presunto caso de corrupción que involucra al expresidente Lenín Moreno y su familia. El caso salió a la luz en 2019 tras una publicación del medio La Fuente. La investigación vinculaba a la familia de Lenín Moreno, Edwin Moreno, hermano del expresidente, y a varios amigos de la familia con una presunta trama de compra irregular de bienes con empresas offshore. Tras el reportaje, la Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de cohecho La hipótesis de la Fiscalía sobre el caso es que entre 2010 y 2018 se constituyó una red de empresas offshore para la gestión y cobro de sobornos en el círculo cercano al expresidente Moreno. Ahora, casi 4 años los después de que el caso se diera a conocer, la Fiscalía le pidió a la Corte Nacional de Justicia que establezca fecha y hora para formular cargos contra del ex presidente Lenín, su esposa Rocío González, la hija de ambos, Irina, dos hermanos de Moreno —Guillermo y Edwin— y dos de sus cuñadas. También están involucradas otras 31 personas. Tras varias investigaciones, la Fiscalía dice que Moreno habría participado de una “estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, con un alcance interestatal y transnacional”. Se estima que el monto de perjuicio al Estado es de al menos 76 millones de dólares. Según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), el correísmo ganó las elecciones en 19 municipios sin ninguna alianza. Pero, además, consiguió otros 46 con alianzas; es decir, que en total el correísmo ganó 65 de 221 alcaldías. Además, ganó 9 de 23 prefecturas (participó en todas). E incluso, más allá del número, logró un triunfo político sin precedentes: desbancó el reinado del Partido Social Cristiano en la Alcaldía de Guayaquil —en manos del PSC desde hace tres décadas— y le quitó también la Prefectura del Guayas a esa organización política. Además, Paola Pabón fue reelecta en Pichincha, el ex legislador Juan Lloret ganó en Azuay y Leonardo Orlando se reeligió en Manabí —por citar las cuatro provincias más grandes—. Recuperaron también la alcaldía de Quito, con Pabel Muñoz, una de las figuras más representativas de la Revolución Ciudadana —ha sido asambleísta correísta y fue secretario de Planificación en el gobierno de Correa—. El correísmo había perdido el liderazgo político de la capital desde 2014, cuando Mauricio Rodas venció a Augusto Barrera. ¿Significa eso que el correísmo regresó para quedarse? Es aún muy temprano para decirlo; las lógicas de la política pueden cambiar rápidamente y los resultados de unas seccionales, por varias razones, no se pueden extrapolar a las elecciones nacionales. Sí será determinante el rol que cumplan las autoridades electas en su gestión; sobre todo en Quito y Guayaquil, que por ser capitales política y económica del país, sus actores políticos tienen incidencia en la política nacional. Si bien los resultados de febrero son suficientes para comunicar un gran «triunfo» a nivel nacional, quienes entienden mejor los números electorales pueden plantear la pregunta: ¿Es suficiente el 25% con el que muchos alcaldes ganaron, para ganar una segunda vuelta electoral en el 2025? Posiblemente no, y aquí la respuesta para que muchos quieran adelantar las elecciones, aunque esto signifique calentar las calles y sus consecuencias. Las últimas semanas han sido particularmente convulsas para el país, en general, y para el gobierno de Guillermo Lasso. Los resultados de las elecciones seccionales del referéndum constitucional y de las elecciones de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no fueron favorables para el gobierno y agudizaron una crisis que se arrastra desde el año pasado. A eso se suman nuevas denuncias por supuestos actos de corrupción que salpican a Danilo Carrera, cuñado del presidente. El Gran Padrino: General Geovanny Ponce, quien estaba frente a Antinarcóticos.
General Mauro Vargas, quien estaba frente a Inteligencia de la Policía. Tanya Varela, quien era comandante General de la Policía. José Luis Erazo Teniente coronel que, dirigió la investigación. Tanlly Vera, ex ministra de Agricultura. Bernardo Manzano, ex ministro de Agricultura. Aparicio Caicedo, ex asesor ad honorem del Gobierno. Guillermo Lasso Alcívar, hijo del presidente. ¿Es posible un juicio político? Corte Constitucional que debe decidir si se puede continuar o no con el juicio político. En este texto puedes leer más en detalle cuál es el proceso para enjuiciar penalmente al Presidente de la República. Las causales con las que se pretende llevar a juicio político al Presidente de la República son dos: haber cometido delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública, concretamente delitos de corrupción. Acá hay un análisis del penalista Pablo Encalada, sobre las causales que pretende usar la Asamblea Nacional.
El 24 de febrero, la Conaie, Confeniae y Ecuarunari resolvieron terminar el diálogo con el Gobierno y pidieron la renuncia del presidente Guillermo Lasso, por su “incapacidad de gobernar y resolver los problemas de los ecuatorianos”. Además, las organizaciones indígenas se declararon en movilización en las bases y anunciaron que estarán alerta a cualquier acto o
decisión dictatorial que tome Lasso. Advirtieron que, si existe alguna acción de este tipo, se
declararán inmediatamente en levantamiento y paro nacional. La Conaie se movilizará el próximo 8 de marzo —por el Día de la Mujer— y el 28 de marzo. En la segunda movilización, está previsto que la Conaie entregue el proyecto de Ley de Aguas a la Asamblea Nacional. Según Leonidas Iza, presidente de la Conaie, ambas movilizaciones
serán pacíficas. A estas movilizaciones, está previsto que se unan también simpatizantes de:
la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la Unión Nacional de Educadores (UNE), y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Esta podría ser la antesala de protestas más sostenidas. Ya la asambleísta Mireya Pazmiño —parte de la comisión que investigó el caso Gran Padrino— dijo que, si el juicio político no avanza por decisión de la Corte Constitucional, “hay otras salidas”, como “las calles”.
Convocada por la asamblea nacional:
La Constitución del Ecuador establece en su artículo 130 que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República por arrogarse funciones o por grave crisis política y conmoción interna. El mismo artículo dice que solo se puede aplicar la muerte cruzada una vez durante el periodo legislativo, en los tres primeros años del mismo. Pero en junio de 2022, la Asamblea ya usó el recurso durante el paro nacional de 2022. La bancada UNES impulsó la muerte cruzada pero no alcanzó los votos suficientes en el Pleno y Lasso no fue destituido. Ahora, la discusión es si la muerte cruzada se puede volver a aplicar. Hay expertos que aseguran que, si se impulsa la muerte cruzada por la causal de arrogación de funciones, se podría seguir adelante con el recurso, pero para hacerlo se necesita un dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Convocada por Lasso: Se disuelve la Asamblea Nacional:
El presidente Guillermo Lasso puede aplicar el artículo 148 de la Constitución y disolver la Asamblea Nacional. Este artículo puede ser aplicado por el Presidente una sola vez en los tres primeros años de su mandato. Si Lasso disuelve la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales. Además,
hasta la instalación de una nueva Asamblea, el Presidente puede, con un dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos, o leyes de urgencia por un período que, aunque no está establecido en la normativa, sería de aproximadamente seis meses. Sin embargo, si Lasso llegara a aplicar la muerte cruzada, sus posibilidades de reelección en el contexto actual son pequeñas. Según una encuesta de Perfiles de Opinión, el
80% de ecuatorianos rechaza la gestión del Presidente Lasso.
El caso INA Papers, conocido por la Fiscalía como caso Sinohydro, es un presunto caso de corrupción que involucra al expresidente Lenín Moreno y su familia. El caso salió a la luz en 2019 tras una publicación del medio La Fuente. La investigación vinculaba a la familia de Lenín Moreno, Edwin Moreno, hermano del expresidente, y a varios amigos de la familia con una presunta trama de compra irregular de bienes con empresas offshore. Tras el reportaje, la Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de cohecho. La hipótesis de la Fiscalía sobre el caso es que entre 2010 y 2018 se constituyó una red de empresas offshore para la gestión y cobro de sobornos en el círculo cercano al expresidente Moreno. Ahora, casi 4 años los después de que el caso se diera a conocer, la Fiscalía le pidió a la Corte
Nacional de Justicia que establezca fecha y hora para formular cargos contra del ex presidente Lenín, su esposa Rocío González, la hija de ambos, Irina, dos hermanos de Moreno—Guillermo y Edwin— y dos de sus cuñadas. También están involucradas otras 31 personas. Tras varias investigaciones, la Fiscalía dice que Moreno habría participado de una “estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, con un alcance interestatal y transnacional”. Se estima que el monto de perjuicio al Estado es de al menos 76 millones de dólares.
Según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), el correísmo ganó las elecciones en 19 municipios sin ninguna alianza. Pero además, consiguió otros 46 con alianzas; es decir, que en total el correísmo ganó 65 de 221 alcaldías. Además, ganó 9 de 23 prefecturas (participó en todas). E incluso, más allá del número, logró un triunfo político sin precedentes: desbancó el reinado del Partido Social Cristiano en la Alcaldía de Guayaquil —en manos del PSC desde hace tres décadas— y le quitó también la Prefectura del Guayas a esa organización política. Además Paola Pabón fue reelecta en Pichincha, el ex legislador Juan Lloret ganó en Azuay y Leonardo Orlando se reeligió en Manabí —por citar las cuatro provincias más grandes—. Recuperaron también la alcaldía de Quito, con Pabel Muñoz, una de las figuras más representativas de la Revolución Ciudadana —ha sido asambleísta correísta y fue secretario de
Planificación en el gobierno de Correa—. El correísmo había perdido el liderazgo político de la capital desde 2014, cuando Mauricio Rodas venció a Augusto Barrera. ¿Significa eso que el correísmo regresó para
quedarse? Es aún muy temprano para decirlo; las lógicas de la política pueden cambiar rápidamente y los resultados de unas seccionales, por varias razones, no se pueden extrapolar a las elecciones nacionales. Sí será determinante el rol que cumplan las autoridades electas en su gestión; sobre todo en Quito y Guayaquil, que por ser capitales política y económica del país, sus actores políticos tienen incidencia en la política nacional. Si bien los resultados de febrero son suficientes para comunicar un gran «triunfo» a nivel nacional, quienes entienden mejor los números electorales pueden plantear la pregunta: ¿Es suficiente el 25% con el que muchos alcaldes ganaron, para ganar una segunda vuelta electoral en el 2025? Posiblemente no, y aquí la respuesta para que muchos quieran adelantar las elecciones, aunque esto sign
ifique calentar las calles y sus consecuencias.
Petroecuador reinició la operación del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), tras concluir los trabajos de reparación del ducto. Las actividades se suspendieron el 22 de febrero, tras el colapso del puente sobre el río Marker, en El Chaco, provincia del Napo. Ahora, se construirá una octava variante del poliducto sobre la montaña para asegurar la continuidad en las operaciones. El SOTE es el principal oleoducto del país. Tiene una capacidad de transporte de 360 mil barriles de petróleo por día y bombea 13.750 barriles diarios por hora. Con el reinicio del bombeo, se espera que Petroecuador reinicie la operación de varios pozos que se apagaron mientras se
reparaba el ducto. En lo que va de 2023, la producción petrolera ha disminuido en comparación a 2022. En la actualidad se producen 476 mil barriles diarios. Pero la meta al comenzar el 2023 era de producir
al menos 520 mil. La producción actual no solo no cumple las metas, sino que además es menor a la del año pasado. En 2022, se llegó a producir un promedio de 479.714 barriles diarios.
La emergencia por gripe aviar se declaró en noviembre de 2022 tras un brote del virus. La gripe aviar afecta a las aves domésticas como pollos, pavos, patos y codornices. Entre noviembre de 2022 y febrero de 2023 se han detectado 15 brotes de gripe aviar que han causado la muerte de casi 1,2 millones de aves. La gripe aviar no tiene un tratamiento específico, pero acciones como la vacunación puede ayudar a prevenir brotes. La emergencia por la gripe aviar en Ecuador se extenderá hasta el 27 de mayo de 2023. En este tiempo, el Ministerio de Agricultura tiene previsto empezar a vacunar a al menos 2 millones de aves en Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha.