Ecuador enfrenta un desafío crucial en la generación eléctrica. La solución podría residir en un enfoque innovador: permitir la inversión directa de los ciudadanos en infraestructura energética, apoyada por una regulación adecuada e impulso estatal. Este proceso democratiza la energía y tiene el potencial de transformar la economía y el mercado laboral.
La autogeneración de energía a través de Sistemas de Generación para Autoabastecimiento con Paneles Solares (SGDA) ofrece una solución prometedora. Bajo este modelo, los consumidores podrían adquirirlos directamente a empresas privadas encargadas de su venta, implementación y mantenimiento. Esta estrategia elimina complicaciones burocráticas y permite la gestión directa de los permisos necesarios y la realización de las adecuaciones de espacio bajo la propia responsabilidad de cada usuario.
La regulación actual impone procedimientos que pueden desincentivar la adopción de SGDA a causa de su duración y complejidad. Reformar estas normativas es esencial para facilitar la adopción de energías renovables, permitiendo una mayor participación ciudadana en la generación eléctrica.
Para fomentar la inversión en energías renovables es crucial implementar programas de crédito a intereses bajos para la compra de SGDA. La banca pública, en colaboración con la banca internacional que ofrece productos financieros verdes, puede desempeñar un papel decisivo en esta estrategia. Permitir a las personas naturales acceder a estos créditos haría viable la implementación de esos sistemas en hogares, resultando en una vía de autoabastecimiento más económico y eficiente.
Actualmente, los paneles solares están gravados con un IVA del 0%, lo cual es favorable. Sin embargo, es necesario reducir ese impuesto a las baterías de litio, componentes esenciales de los sistemas solares, y eliminar los aranceles para la importación de estos equipos, abaratando los costos de inversión.
Otra barrera significativa es la disposición que obliga a los consumidores con SGDA a instalar un medidor unidireccional adicional al medidor bidireccional existente. Esto genera costos adicionales y desincentiva la adopción de la generación distribuida. Es fundamental eliminar el requisito, porque un medidor bidireccional es suficiente para medir el consumo del sistema nacional y los excedentes inyectados por los autogeneradores.
Además de la compra directa de SGDA, las distribuidoras pueden desempeñar un papel crucial. A través de alianzas estratégicas con empresas privadas, pueden celebrar convenios de asociatividad, trasladando la carga del financiamiento, implementación y mantenimiento al aliado estratégico. Esta modalidad no solo elimina la necesidad de permisos adicionales, sino que permite una implementación más eficiente utilizando los contratos de suministro de electricidad existentes.
La democratización de la energía tiene el potencial de transformar significativamente el paisaje económico y social de Ecuador. Al facilitar la inversión ciudadana en infraestructura energética, se crearán numerosos empleos especializados, disminuyendo el desempleo y fomentando el desarrollo de nuevas competencias técnicas en la población. Además, esta estrategia alineará al gobierno central como líder en la ejecución de proyectos a escala local, fortaleciendo la cercanía y la confianza entre el Estado y la sociedad.
La ciudadanización de la energía en Ecuador es una estrategia viable y necesaria para abordar la escasez de generación eléctrica. Con la reforma de la regulación, incentivos financieros y fiscales adecuados y la eliminación de barreras burocráticas, los ciudadanos podrán invertir en infraestructuras energéticas, promoviendo un desarrollo inclusivo y sostenible. Este proceso democratizante beneficiará a la economía local y al mercado laboral y fortalecerá el papel del gobierno central como facilitador y líder en la transformación energética del país. Ecuador tiene una oportunidad única para liderar una revolución energética desde la base ciudadana, alineando desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.