Tras la victoria en las elecciones anticipadas de 2023, Daniel Noboa, a priori, apuntaba a iniciar su mandato con un escenario político muy similar al de su predecesor, Guillermo Lasso.
Los ejemplos estaban a la vista: al igual que Lasso, Noboa solo logró 12 asambleístas propios para una legislatura de 137, lo cual le obligaba a hacer acuerdos. Lasso se la jugó por una mayoría muy endeble, integrada por Pachakutik, Izquierda Democrática (ID), algunos independientes y, por supuesto el oficialismo, que apenas le sirvió para la elección de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea, la estructuración de los cuadros directivos del Parlamento y la integración de las comisiones legislativas.
Pero, de modo alguno, logró que dicho entendimiento le brinde un mínimo margen de gobernabilidad para, por lo menos, conseguir la aprobación de determinadas leyes. El resultado lo conocemos: una compleja pugna de poderes que impidió a Lasso cristalizar su oferta de reformas en lo laboral y económico; dos intentos de destitución, incluyendo el juicio político, y la aplicación de la muerte cruzada.
Al parecer, este antecedente sirvió de aprendizaje inicial para Noboa, quien hábilmente logró aglutinar en torno a sí a 13 asambleístas independientes que se sumaron a sus 12 propios, es decir, el oficialismo partió con una bancada de 25 legisladores que le dio capacidad de negociación para concretar un acuerdo político con el correísmo y los socialcristianos, que no solo se tradujo en la elección de autoridades legislativas y reparto de comisiones, sino también en una agenda de aprobación de todas las leyes que propuso el presidente bajo el estatus de urgencia en materia económica: cinco, relacionadas con los temas tributario, laboral, energético, turístico y de extinción de dominio.
El romance, sin embargo, se rompió, no por la vigencia del aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sino por la incursión de fuerzas policiales a la embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas.
A partir de ese episodio, el correísmo pasó a la oposición, más desencuentros del Gobierno con los socialcristianos tras la decisión de vetar totalmente un proyecto de reformas que apuntaba a la entrega inmediata de rentas a los gobiernos locales, y tropiezos públicos entre el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres.
Sumado a esto, denuncias de compra de conciencias (tres asambleístas de Revolución Ciudadana y dos del Partido Social Cristiano se pasaron a las filas del oficialismo) y acusaciones mutuas entre el gobierno y el movimiento Construye por la supervivencia de esta organización política, han provocado un panorama de orfandad para el Ejecutivo en el poder Legislativo.
La muestra más palpable fue la negativa de la Asamblea a autorizar el procesamiento penal de la vicepresidenta Verónica Abad, acaso el mayor obstáculo del presidente en su propósito futuro de buscar la reelección. Sumamos, además, el archivo del proyecto de Ley de Seguridad Digital que impulsaba la bancada gobiernista, y la denuncia del régimen sobre una descabellada intención de querer declarar “loco” al mandatario.
En el papel, Noboa carece hoy de margen de negociación política para el segundo semestre del año, máxime cuando el proceso electoral está a la vuelta de la esquina. El Gobierno, sin embargo, parece tener claro este escenario, y, salvo las reformas legales derivadas de la consulta popular, no parece tener la intención de enviar a la Asamblea nuevos proyectos de ley. De hecho, los voceros del frente económico ya descartaron el envío de una nueva reforma tributaria para el último tramo del año, a partir de una supuesta condición del Fondo Monetario Internacional (FMI).
