Una cosa es la minería que contamina fuentes de agua, pero otra muy distinta -abismalmente- la relacionada a sectores productivos del Ecuador. Esto lo saben con claridad los magistrados en la Corte Constitucional, pero una de sus juezas lo ignoró con consecuencias que no admiten más esperas a riesgo de nocivas consecuencias.

¿Ignorancia o mala fe? Al margen de cómo se califique, no solo el tema minero es afectado. Por las licencias ambientales pasan, como lo estableció Primicias en su momento, desde hospitales y plantas de tratamiento de agua hasta hosterías y proyectos de transmisión de energía y ya suman alrededor de 180 procesos con inversiones de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo se originó el problema? La Corte Constitucional suspendió el decreto ejecutivo 754 que permitía realizar la consulta ambiental en dos proyectos mineros, pero que impactó en todas las actividades que requieren la licencia.

La Prefecta de Chimborazo, Lourdes Tibán, entre la indignación y las lágrimas, reclamó no poder construir una vía en una comunidad indígena de la provincia por falta del permiso, mientras que los constructores, frente a la escasez de hormigón por la imposibilidad de explotar canteras, deben contraer su producción.

La consulta ambiental, paso previo para que se otorgue la licencia en el Ministerio, fue cuestionada por la CONAIE por no realizarse dentro de un parámetro de participación ciudadana. La Corte admitió el pedido, suspendió la aplicación de las consultas y generó un conflicto de amplias proporciones que no admite espera por los altos costos que está generando y la paralización de obras y producción en diversos campos.

¿Qué más hace falta para que la Corte Constitucional acepte el error cometido y lo enmiende? El país exige una respuesta.