No solo porque el 14 hay recambio de dignidades de la Asamblea Nacional sin acuerdos visibles y porque asumen autoridades seccionales con una reconfiguración que posiciona a UNES como la primera minoría política del país, levantando temores y expectativas por un eventual retorno del correísmo.
También es de inflexión por: el juicio político contra Guillermo Lasso. Desde el anuncio de esa posibilidad, los escenarios se han diseñado y modificado al son de posturas firmes, cambiantes o ambiguas en un entorno de incertidumbre que paraliza decisiones a escala nacional e internacional.
No ha habido otro período de gobierno, desde que se incorporó en la Constitución Política, en que se haya mencionado tanto la muerte cruzada como amenaza, aspiración de llegar al poder, o rechazo.
Dictando la muerte cruzada, analistas ven posible que el mandatario disponga por decreto medidas que no ha logrado en más de dos años de mandato como el trabajo por horas o las reformas al IESS. Ese sería el “legado”, porque una reelección se diluye por falta de votos y de estructura política.
Este escenario, rechazado por fuerzas que no se ven listas para elecciones adelantadas en que perderán además su representación en la Asamblea, es el que apoya UNES, confiada en que su resultado en seccionales abre la puerta a la Presidencia. En el camino podría haber escollos y presidenciales como Leonidas Iza o de Yaku Pérez alejarían ese sueño y el correísmo se quedaría nuevamente con la bata alzada..
En caso de destitución, un gobierno encabezado por Alfredo Borrero, de quien se ha especulado que más de una vez ha tenido constituido su gabinete, será más de lo mismo (o sea, nada), pero permitiría la “estabilidad” esperada por capitales extranjeros que han llegado escasos, pero que por lo menos no saldrán en estampida. Eso dará un poco más de tiempo a fuerzas tradicionales para recomponerse y a alianzas que puedan surgir.
¿Y si Lasso supera esta nueva “conspiración”? En la Asamblea importan los votos. Pruebas o descargos son secundarios y la hora de la verdad es la votación. Si es favorable al presidente, que no se quiere ir, estará más debilitado y con poco campo de acción, aunque el riesgo país podría bajar frente a posibles dos años de quietud y de esperar el fin de período en que lo que no se hizo en los primeros años, no ocurrirá en los siguientes. De todas maneras, la permanencia en el poder -al menos en la visión internacional-, proyectará estabilidad política, pero la inseguridad crecerá y las empresas se lo verán difícil ante la iliquidez y la ausencia de inversión pública.
Los cálculos han sido diversos y asambleístas y dirigentes han actuado como matemáticos, astrónomos o costureras. Todas las complejas mediciones tendrán resultados en este mayo, en que los ecuatorianos aspiramos, por lo menos, a que no se rompa el sayo.
El tratado de libre comercio con China ha sido una de las prioridades del gobierno de Guillermo Lasso con negociaciones que comenzaron en febrero de 2022 después del viaje de una delegación ecuatoriana a China para discutir la renegociación de la deuda con ese país.
Cuatro rondas de negociación después y una serie de reuniones técnicas, en enero el gobierno anunció el cierre exitoso del proceso técnico que contempló mecanismos para “precautelar las sensibilidades” en los sectores agrícola e industrial, por lo que se habrían excluido algunos productos de manufactura y se habrían quitado los aranceles para materias primas, insumos, herramientas y equipos, entre otros.
El Ministerio de Producción informó que la entrada en vigencia de este acuerdo comercial permitirá acceso preferencial para el 99% de las exportaciones actuales de Ecuador a China. Los productos con mayores oportunidades son camarón, banano, rosas y flores, cacao, café, pitahaya, piña, mango, arándanos, quinua, alimentos procesados y frutas frescas y en conserva.
El mercado chino tiene más de 1.400 millones de consumidores y las posibilidades estarían abiertas para incrementar la cifra actual del comercio entre China y Ecuador que supera los 10 mil millones de dólares anuales.
Los 60 días anunciados en marzo por el mandatario para firmar el acuerdo con Chinca coinciden con mayo. Sin embargo, el contexto político que vive el país puede debilitar la posibilidad de este y otros acuerdos comerciales.
El femicidio de tres jóvenes mujeres —Nayeli Tapia, Denisse Reyna y Yuliana Macías— conmocionó al país. Tras reportar sus desapariciones, los cuerpos fueron hallados con signos de violencia a orillas del río Esmeraldas. En lo que va del año, hay 138 femicidios reportados en Ecuador.
Una semana después, la violencia cobró la vida de tres mujeres: las agentes penitenciarias María Barragán, Bélgica Rentería y Andrea Chiles recibieron disparos por parte de sicarios que se movilizaban en motos. Ocurrió el 13 de abril, mientras almorzaban en un local frente a la Penitenciaría del Litoral.
La Embajada de Estados Unidos en Ecuador advirtió sobre supuestos atentados en Guayaquil con este mensaje: “La Misión de Estados Unidos en Ecuador ha recibido información creíble de que los delincuentes pueden estar planeando realizar atentados con bombas en múltiples lugares desconocidos alrededor de Guayaquil la noche del 13 de abril de 2023”.
En menos de 24 horas, después de la advertencia, policías y bomberos atendieron tres explosiones de artefactos dejados en los exteriores de locales comerciales de Guayaquil.
En medio de un clima de zozobra, nueve pescadores y vendedores de mariscos fueron acribillados en el puerto pesquero de la provincia de Esmeraldas —militarizada por el estado de excepción decretado en marzo—.
Las autoridades informaron que detrás de la masacre están miembros de la banda narcocriminal Los Tiguerones, que mantienen una disputa con otro grupo más antiguo: Los Gángsters, que durante años han dominado en la zona del puerto pesquero de Esmeraldas para el tráfico de drogas y extorsiones, un territorio del que se quieren apoderar Los Tiguerones.
Y seguimos contando…
Crítico con la política europea por seguir directrices de Washington ante las tensiones crecientes por Taiwán, Emmanuel Macron estuvo en China con el presidente Xi Jinping. El mandatario francés ha recibido desaprobaciones que han llegado a afirmar una supuesta complacencia francesa hacia el régimen chino, más que reconocer una actuación geopolítica de impacto.
Pero en su defensa Macron promueve la autonomía estratégica de la Unión Europea frente a Washington y levantar un tercer polo en la política internacional desde el Viejo Continente.
El momento es complejo frente a tensiones crecientes sobre Taiwán; con una guerra que cumple ya un año entre Rusia y Ucrania, y con China como nación mediadora en la reconciliación entre Irán y Arabia Saudita.
Y en este abril, otra visita presidencial llegó a Pekín: desde Brasil, Lula Da Silva, y no parece ser coincidencia.
China ya no solo quiere ser “únicamente” el socio comercial dominante del planeta, en un panorama diferente al de hace poco más de una década que evidencia un crecimiento impresionante. Ahora va por consolidar su poder diplomático y político. Sin duda, son signos del creciente peso mundial de China, como lo calificó CNN en las coberturas de las visitas presidenciales. América Latina es una región estratégica para China que se consolida al ser ya primer mercado de destino para las exportaciones de Brasil y Chile y segundo para Perú, Cuba y Costa Rica. Así se va reacomodando el mundo.
Son fuertes las críticas al gobierno nacional por la limitada ejecución presupuestaria en lo que va del 2023: con una gravísima crisis de seguridad a cuestas, en el primer trimestre del año, el Ministerio del Interior (que, entre otros asuntos, debe proveer de insumos a la Policía Nacional) ejecutó 0% del presupuesto asignado.
Dinero hay, por el momento, y la situación permitiría ejecución, sin considerar aún una variable externa muy grave que tendría implicaciones severas para nuestra economía dolarizada si el Senado de los Estados Unidos no sube el nivel de endeudamiento y se da un default de pago de deuda de parte del gobierno norteamericano.
El presupuesto que existe en el aparato estatal nacional no se gasta y la Policía, en este caso, sufre penurias no solo en cuanto a su dotación mínima, sino en el acceso a combustible para movilizarse o en la ausencia de sitios adecuados desde donde vigilar y descansar.
Y la situación se extiende a la provisión de medicinas en la red pública y a la crisis de infraestructura educativa que ha impedido que en la región Costa, el año escolar empiece de manera normal.
Cuando hay restricción de recursos económicos, hay que ajustarse los cinturones, pero si los hay y no se ejecutan, causa por lo menos indignación. Según el informe del Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, de las 26 entidades adscritas al Ejecutivo, muchas han devengado menos del 10% de su presupuesto anual.
La obra pública es incipiente e impacta negativamente en la liquidez de las empresas y, por supuesto, en la satisfacción de necesidades de la población. Por otro lado, donde alguna vez hubo obra pública, no hay mantenimiento de la infraestructura instalada, y frente al temporal que atraviesa el país, hay zonas ya inaccesibles, siempre golpeando a la producción, al empleo y a la vida digna de la gente.
¿Explicaciones a esta realidad? Por lo menos dos: la una es la incapacidad de las autoridades para ejecutar presupuestos públicos, sumada a la incertidumbre política y a la alta rotación de puestos jerárquicos que impiden concretar proyectos a corto, mediano y largo plazo.
La segunda está en el temor (¿pánico?) de funcionarios -de libre remoción o de carrera- de firmar en alguna fase de un proceso contractual por eventuales implicaciones (¿persecuciones?) de entes de control, llámense Contraloría, Fiscalía u otros. La salida es demorar procesos hasta que el Ministro sea despedido o renuncie, o evitar la asignación de presupuestos.
La ejecución presupuestaria es responsabilidad de los servidores públicos. Cumplir con la planificación de obras y atender las necesidades de la población es deber del Estado. La inmovilidad no es opción mientras crecen las carencias. ¡A actuar se ha dicho!
Aunque formalmente, la Democracia Popular —que llevó a Jamil Mahuad a la Presidencia en 1998— dejó de existir hace décadas, sus representantes no han dejado de participar en la vida política del país.
Este gobierno no fue la excepción: la exministra de Gobierno Alexandra Vela —que en su carta de renuncia aseguró que, para ella, era necesario convocar a la muerte cruzada pero que no tuvo el respaldo del Presidente Lasso para hacerlo—, el ex subsecretario de Gobernabilidad Juan Manuel Fuertes y el último en abandonar el gobierno, Diego Ordóñez, fueron, en su momento, legisladores por la DP.
Lasso creó el cargo de secretario de Seguridad Pública y del Estado y fue precisamente Ordóñez el primero en ocuparlo durante poco más de siete meses —entre agosto de 2022 y abril de 2023—. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la eficacia de su gestión fueron constantes durante ese período.
En esos siete meses, no se evidenció una política integral de Seguridad ni los índices de criminalidad se redujeron. Al contrario, secuestros y extorsiones aumentaron y la justificación de que “la acción del gobierno contra grupos narcotraficantes que sienten la ausencia de droga y mudan a otra actividad delincuencial” —repetida hasta el cansancio por Ordóñez- ya no era suficiente. A eso se sumaron los ofrecimientos incumplidos de dotación policial con chalecos, uniformes y vehículos.
La salida de Vela, primero —muy seguida de la de Fuertes— y la de Ordóñez ahora parecen evidenciar el fin de la influencia de la democracia cristiana en el gobierno. Esa influencia, en su momento, dejaba entrever que la experiencia política de cuadros con una propuesta ideológica cercana a la de Lasso, pero finalmente se ha caído por la incapacidad de concretar propuestas —en el caso de Ordóñez— y la falta de apoyo político para ir a la muerte cruzada, en el caso de Vela.
