Mujeres y hombres hablaron de liderazgo femenino y de transformación empresarial en el IV foro sobre el tema, organizado por Seminarium. El sector público y el privado también se conjugaron en las intervenciones: estuvieron del lado oficial la Primera Dama, Lavinia Valbonesi, que expuso un nuevo programa contra la violencia contra la mujer y los niños; las ministras Sade Fritschi y Sonsoles García y el ministro Juan Carlos Vega.
Por parte de los multilaterales, destacó la exposición de María Caridad Araujo, del programa de diversidad del BID, que planteó que las mujeres siguen cubriendo las actividades extra mercado como la crianza, cuidado y arreglo del hogar, entre otras, lo que representa una sobrecarga que termina absorbiéndolas desmesuradamente.
Muchos otros puntos fueron abordados: la importancia de la independencia económica, propender a disminuir el terrible 60% de mujeres que abandonan la universidad al tener el primer hijo, cerrar brechas de confianza que se abren desde muy temprano en aspectos, por ejemplo, educativos, en que las mujeres ya empiezan a alejarse de la ciencia y disminución de cierto tipo de sus habilidades.
Que el Ecuador cuente en la actualidad con un gabinete paritario es la excepción. En la región la regla es otra. Hay que aprovechar esta característica para proyectar mejoras en las condiciones de la mujer dentro de los campos laborales, familiares y educativos en el país.
Bregar hacia un mismo objetivo, el de prosperidad y bienestar, fue la convocatoria del encuentro. La equidad de género no es solo una cuestión social sino también una estrategia empresarial. A pesar de que Ecuador ha establecido políticas de equidad en la participación de las mujeres, el Foro Económico Mundial recomienda que es necesaria una evolución cultural empresarial profunda, fomentando espacios de aprendizaje de crecimiento integral con enfoque económico y sostenible.
Con la muerte cruzada y la llegada del gobierno de transición liderado por Daniel Noboa, quizá una de esas se ha atenuado, la de inestabilidad política, gracias a su decisión de promover la inversión extranjera directa en este sector por su participación, sin precedentes, en el último encuentro del PDAC en Toronto, Canadá a comienzos de marzo.
¿Por qué lo hizo? La respuesta es sencilla, está consciente de que Ecuador solo puede salir adelante atrayendo inversión extranjera directa y que el sector minero ha sido en los últimos años en el que se ha invertido la mayor parte. En el primer semestre de 2023 la inversión extranjera directa fue de apenas US$106 millones de dólares que comparativamente con el mismo periodo de 2022 presenta una reducción del 87% considerando que en ese año fue de US$811 millones.
Ante esta realidad, el Presidente dio un discurso contundente y efectivo ante potenciales inversionistas y se focalizó en tres aspectos claves: 1. La total apertura de su gobierno a la inversión en el sector minero; 2. Su compromiso a la seguridad y combate al narcoterrorismo y todo lo que eso implica, y 3. Eficiencia en la emisión y control de permisos ambientales.
La reacción de la bolsa de valores de las empresas mineras presentes en Ecuador y que cotizan públicamente fue al alza: Solaris Resources, Lundin Gold, Atico Mining, Dundee Precious Metals y Solgold plc.
Con números del Banco Central del Ecuador-BCE al 31 de enero de 2024, las exportaciones de minerales alcanzaron el monto más alto en la historia minera del país como resultado de operaciones crecientes de pequeña minería, mina Mirador y mina Fruta del Norte superando los US$3.324 millones de dólares. Para 2024, se proyecta al alza por el alto costo de los metales críticos y preciosos, cobre y oro respectivamente, y la proyección basada en el monto de exportaciones alcanzado en enero 2024 que supera al promedio mensual del 2023 (US$313,19 millones versus US$277,03 millones).
En la tabla a continuación, en millones de dólares, se evidencia el impacto del sector minero a través de sus exportaciones desde que se sumó a la actividad de la pequeña minería, la explotación de Mirador (julio 2019) y pocos meses después, de Fruta del Norte (noviembre 2019).
Es evidente la relevancia para el país por la generación de divisas y el pago de regalías mineras que ha crecido desde 2019. Hasta el año 2018 los valores se refieren a las exportaciones exclusivamente de la pequeña minería. De ahí en adelante se puede ver las dos minas industriales dispararon al sector:
Ecuador es un país que atrajo, y aún podría atraer, a las grandes empresas de minería del mundo. En el periodo 2015-2020 estuvieron presentes actores de las mayores ligas, pero eventos como los de octubre 2019 y junio 2022 liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y su líder, llevaron al país a momentos de mayor incertidumbre resultante de gobiernos débiles y políticamente comprometidos en terminar sus periodos junto a un poder legislativo que tampoco contribuyó a la estabilidad, llevándoles a reconsiderar su permanencia y los montos de inversión a colocarse en riesgo.
Situaciones como las generadas además por la Corte Constitucional aceptando y promoviendo consultas populares para extracción de recursos naturales y los resultados obtenidos por votación popular también influyeron profundamente. Muchas empresas salieron del país, dejando atrás sus inversiones iniciales y un sinsabor al sector minero al perderlas, como Fortescue, Anglo American y Grupo México. Otras llegaron, como el caso de Barrick Gold y BacTech (planta de beneficio innovadora), y otras continúan sus actividades de exploración y desarrollo viendo en este gobierno la oportunidad de inversión segura frente a una posible reelección hasta 2029.
Entre los que continúan se destacan los dos próximos proyectos mineros con planes de arrancar construcción de mina en 2024, el de Adventus Mining-SalazarResources, El Domo-Curipamba, en la provincia de Bolívar y el de Atico Mining, La Plata, en Cotopaxi.
Continuando con procesos que datan de varios años, el proyecto El Domo-Curipamba, de mediana escala con minerales identificados de cobre, oro y plata, obtuvo a comienzos de 2024 su licencia ambiental y está en la fase final preparatoria para arrancar en el segundo semestre del año la construcción de la mina, que demandará hasta dos años y generará oportunidades de empleo, encadenamientos productivos a todo nivel y arrancará producción en 2026.
El proyecto La Plata está en espera de su licencia ambiental, que aún depende del proceso que debe seguir el Ministerio del Ambiente para realizar las consultas respectivas con las comunidades mestizas de la zona de influencia directa e indirecta. Se espera su emisión en el tercer trimestre de este año y la empresa planifica arrancar la construcción de mina para el primer semestre
de 2025.
Otra empresa ya en Ecuador que busca expandir su producción es Ecuacorriente S.A. con su mina Mirador, desarrollando en los próximos dos a tres años el proyecto Mirador Norte, que le permitirá pasar de 60 mil toneladas día a 140 mil, con los réditos respectivos.
Entre los prospectos futuros y por desarrollarse dentro de la próxima década se destaca el proyecto Cascabel con su gran descubrimiento Alpala, de la australiana SolGold, en la provincia de Imbabura con minerales de oro y cobre, que al concretarse y entrar en producción junto con la generación ampliada de Mirador podrían posicionar a Ecuador ya como un actor principal en el mundo del cobre a escala mundial.
Existen otros posibles proyectos que siguen su desarrollo normal frente a la necesidad de obtención de permisos, licencias y concretar inversiones, así como otros prospectos que aún enfrentan retos legales, sociales y ambientales que al momento no vale la pena comentar.
A partir del 2026-7 el sector minero podrá ya tener un impacto mayor en la economía nacional con 4 minas en producción a escala industrial, con un camino allanado para que otros prospectos se conviertan en mina o consolidándose y encaminar al Ecuador a ser un país minero.
El mejor camino para que todo se concrete es que este gobierno considere que ya cuenta con una política de Estado: la Política Pública Minera 2019-2030 y su Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030 y lidere el proceso para eliminar las fuentes de las protestas y acciones legales de organizaciones anti-desarrollo y anti-mineras, esto es, que el país cuente con una ley orgánica para la consulta previa, libre e informada y una para la consulta ambiental. El trámite para esta última es más corto porque la consulta prelegislativa ya existe. El gobierno ha demostrado abiertamente su apoyo al sector minero, pero la responsabilidad final recaerá en la Asamblea Nacional. Contar con estas dos leyes hará la gran diferencia para el desarrollo de proyectos estratégicos para nuestro país.
Los impuestos indirectos como el IVA gravan la manifestación de la riqueza, es decir, a quienes realizan transacciones de compra y venta, en pocas palabras, al consumo. Diferente de los impuestos directos, las contribuciones temporales gravan a la “generación” de la riqueza.
Al IVA se lo conoce como un impuesto de cascada, que recae normalmente en el consumidor final a quien se termina trasladando el impacto. Los impuestos indirectos son poco perceptibles ya que se incluye en el precio de venta y gravan a todas las transacciones de compra y venta de la mayoría de los productos y principalmente se recaudan de manera mensual como en el caso del IVA. De esta manera se satisfacen las necesidades urgentes del gobierno de obtener recursos. Es diferente de los impuestos directos, que son lentos en la recaudación al liquidarse anualmente, como el impuesto a la renta.
Uno de los impuestos indirectos más efectivos de recaudación en Ecuador es el IVA, que grava con tarifa del 0% y del 12% principalmente hasta este marzo. De acuerdo con el boletín técnico del Servicio de Rentas Internas (SRI), el IVA ha ocupado el principal puesto en monto anual de recaudación. De enero a diciembre de 2023 se recaudaron USD 8.444 millones, registrando un crecimiento del 3,8% en relación con el mismo período del 2022, en el que se recaudó USD 8.133 millones. En relación con la tarifa del IVA, es difícil establecer si Ecuador mantiene una tarifa baja o adecuada, pero se puede observar que a escala regional el 12% no está entre las más altas, como en el caso de Uruguay y Argentina que bordean el 22%. Tampoco es la más baja, siendo Panamá el referente con una tarifa del 7%.
¿Cómo afecta el incremento del IVA? Por definición se lo cataloga como un impuesto regresivo, sin embargo, hay estudios que revelan que podría ser considerado progresivo dependiendo de su estructura, es decir, si considera tarifas reducidas, exoneraciones o devoluciones, lo cual nuestra legislación sí incluye, por lo que podemos decir que es un tema de discusión, y que finalmente el consumidor puede ser alguien de ingresos bajos o también de ingresos altos.
- Para las MIPYMES, (microempresas, pequeñas y medianas empresas) en lo que se refiere a la categorización según el SRI de negocios populares y emprendedores, no se prevé un mayor impacto, ya que deben pagar los primeros según una cuota fija y los segundos de forma semestral. En el caso de las medianas empresas, podría verse afectado sus flujos de efectivo.
Nótese que este incremento en la tarifa puede ser asumido por el productor en el costo mismo del producto para no incrementar el precio de venta y evitar pasarlo a sus clientes o también podría ser trasladado al consumidor final. Lo anterior dependerá de cómo reaccione la dinámica del mercado y las estrategias comerciales.
- Para la economía familiar el impacto no es directo ya que se equilibra con la tarifa 0% de la mayoría de los productos de la canasta básica y servicios de educación, salud, transporte público entre otros.
- Los empresarios deberán estudiar estrategias de mercado, analizar riesgos de sus negocios y optimizar costos para mantenerse competitivos con sus precios en el mercado.
Lo importante es que se estructure una reforma a largo plazo, como política de Estado, que permita utilizar este impuesto de manera progresiva a través de estudios e investigaciones que permitan reducción de tarifas, exenciones y devoluciones para incentivar a ciertos sectores y no solo considerar incrementos en la tarifa y adicionar nuevos sujetos pasivos.
Los principales desafíos a afrontarse enmarcan en varios aspectos:
- Tecnológico: que es preparar los sistemas contables para considerar nuevas tarifas del IVA desde abril
- Estratégico, que será buscar optimización de costos para no incrementar el precio de venta, o esperar no tener un impacto en las ventas al terminar trasladando el incremento al consumidor final
- Legal, con demandas de inconstitucionalidad de sectores populares, argumentando entre otras razones, que los tributos deben ser reformados únicamente por la Asamblea. En caso de que estas demandas tengan cabida, habrá que esperar para un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
El PGE 2024 se proyecta en un 29,3% del PIB(USD 35,6/ USD 121,7) evidenciando una ausencia de crecimiento en los ingresos corrientes. Esto ocurre a pesar de que el IVA a partir del primer de abril se ubica en 15%, 2 puntos más, lo cual evidencia una perspectiva conservadora en cuanto a la recaudación tributaria y la gestión del ITT.
Los ingresos de financiamiento representarán 32% del PGE 2024, que supuso el 27% en 2023, y un crecimiento de importancia relativa del 27,8% de 2024 respecto del año precedente, ubicándose el ítem de mayor relevancia en la estructura de composición de los ingresos.
En lo referente a los gastos del PGE el gobierno evidencia un enfoque orientado a equilibrar el gasto corriente, con un decrecimiento de año a año del -0,4% que se verá reflejado en un detrimento en la percepción de la calidad de los servicios públicos, en una primera impresión.
En cambio, los gastos de inversión y capital reflejan un crecimiento del 36,1% lo cual se espera esté destinado a seguridad y bienes de larga duración y los dos primeros como coadyuvantes en la percepción de tranquilidad de la población.
Finalmente, los gastos de aplicación de financiamiento dentro de los que se encuentra el acto de honrar las obligaciones financieras de préstamos reflejan un crecimiento de dos dígitos(12,1%) año contra año.
El gobierno tiene un escenario complejo en cuanto a la calidad de la gestión pública en lo que resta de 2024, un año preelectoral, con una consulta y referéndum a la vuelta de la esquina, un escenario internacional de incertidumbres geopolíticas, y una percepción de una seguridad interna mejor, los números hoy le favorecen al Gobierno. Es un reto del Presidente y su Gabinete cumplir objetivos tangibles al corto plazo, comunicarlos bien, sin descuidar la construcción de un país viable para el futuro.
Desde el retorno a la democracia en 1979, se registran cuatro interpelaciones que se caracterizaron por su complejidad y que pasaron a la historia por su altísimo nivel de confrontación, no solo entre los políticos, sino entre los poderes económico, financiero y mediático:
- 1981: Ministro de Gobierno, Carlos Feraud Blum, enjuiciado por el diputado León Febres – Cordero por el caso conocido como “Muñecas de Trapo”.
- 1987: Ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, enjuiciado por varios legisladores acusado de violaciones a los derechos humanos.
- 1995:VicepresidenteAlberto Dahik, enjuiciado por el Partido Social Cristiano por el caso “Gastos Reservados”.
- 2000: Superintendente de Bancos Juan Falconí Puig, enjuiciado por varios legisladores, por la fusión de Filanbanco con Banco La Previsora.
Más recientemente, por primera vez la legislatura enjuició políticamente a un presidente en funciones: ocurrió en mayo de 2023 con Guillermo Lasso, acusado de, supuestamente, haber viabilizado un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) lesivo a los intereses del Estado.
El juicio no llegó a la fase de votación, porque Lasso disolvió la Asamblea Nacional. Meses después, al justificar la decisión en su informe de fin de mandato, Lasso declararía que estaba siendo chantajeado por asambleístas a cambio de salvarlo de la destitución.
Este es, tal vez, el argumento más recurrente y, a la vez, más desgastado en el desarrollo de los juicios políticos: la extorsión. Hay decenas de relatos con denuncias de este calibre en el marco de procesos contra ministros de Estado, por ejemplo. O cosas sui generis, como legisladores interpelantes que cambiaron de opinión (pasó con el PRE en el juicio a Dahik, del que inicialmente figuraba como acusador y luego terminó absteniéndose en la votación).
Y, claro, la conveniencia de estar en la palestra pública, esa figuración que automáticamente otorga el rol fiscalizador.
Hubo un sinnúmero de intentos de llevar otras autoridades al banquillo de los acusados, pero la Comisión de Fiscalización, controlada por el oficialismo de ese entonces, no dio paso, por lo que recibió el recordado calificativo de “Comisión de Archivo”.
Hoy el país está a la expectativa de lo que podría convertirse en el juicio político más polémico de los últimos tiempos: el de la Fiscal General del Estado. Proceso que esta siendo impulsado por el correísmo, pero que cuyo impacto podría ser controversial por la figura que representa Diana Salazar, los casos que maneja y su posicionamiento firme frente a la Asamblea, abierta a confrontar al sector político que la quiere interpelar.
El trámite del proceso fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y deberá obligatoriamente ser sustanciado en la Comisión de Fiscalización, donde el correísmo cuenta con 4 de 9 votos posibles. Pase lo que pase en esta instancia, el Pleno de la Asamblea deberá resolver si llama a Salazar a juicio político, algo que hoy parece poco probable; y si se aprueba la interpelación y la Fiscal comparece ante el Parlamento, es aún más improbable que haya los 70 votos para una eventual censura y destitución.
Con ese escenario, este caso apunta a convertirse en un nuevo show, de esos sobre los que el país está hasta la coronilla.
La ciber inseguridad se puede presentar en diferentes campos y cada vez es más complejo actuar en terreno seguro. Una expresión común de la inseguridad cibernética es el phishing, que usa los mensajes SMS y los correos electrónicos para retirar un supuesto artículo o paquete retenido por alguna razón inexistente o que no ha podido ser entregado ¿Les ha pasado? El Grupo Radical, experto en el tema, realizó pruebas en un ambiente controlado y recomienda algunos tips para no caer en el engaño:
Los expertos recomiendan no entregar información sensible, validar la legitimidad de los mensajes y los códigos de país y, en general, sospechar de un posible fraude antes esos enlaces acotados. Tome nota de cómo combatir este riesgo y en siguientes ediciones presentaremos otras recomendaciones.
