Boletín Agosto 2023
En nuestra comparación entre junio y julio, todas las postulaciones presidenciales bajan en su audiencia digital menos dos que presentan una evolución. En cambio, en una posición debilitada, está el postulante Xavier Hervas, con un sensible decrecimiento que lo deja al final de la tabla. Nuestra medición digital, a continuación:
Nota: La medición se realizó con la herramienta Social Alert en todas las redes sociales, incluyendo noticias digitales. Corresponde al mes de junio completo y a julio hasta el día 28.

Lamento confirmarles que las encuestas no adivinan el futuro, así que no esperen que predigan quién será el próximo presidente o presidenta. Las encuestas electorales sirven como herramienta de investigación para que ciudadanos y especialistas tengan insumos para comprender el comportamiento electoral y para que equipos de campaña diseñen estrategias para ganar. Pero gran cantidad de información en redes sociales, en medios y en chismes de WhatsApp generan una loca “batalla” de encuestas en época electoral. Saber cuáles son confiables evita confusiones, malas interpretaciones y trampas. Miden el comportamiento de la opinión pública en el momento en que se aplica. Según Jaime Durán Barba (de quien escuché y aprendí esto hace más de veinte años), son una fotografía del momento para entender y comprender percepciones que forman opiniones, expectativas e intenciones del electorado. Con ellas se puede diseñar estrategias de campaña (y tácticas) para mover la intención de voto. No son estáticas, buscan incidir en el electorado para que vote por nosotros y lograrlo, por lo que el monitoreo es permanente. Querer adivinar o saber por anticipado quién ganará es una ansiedad propia de medios de comunicación. Y la contagian a parte de los ciudadanos por un lado y por otro, a equipos de campaña sin profesionalismo que se dejan llevar por rumores.

No. Lo pueden ser las personas. Mentiroso es quien difunde información falsa. Son las que llamo “fakepolls” que abundan en época electoral, sobre todo en plataformas digitales. Y como fake, hay que rechazarlas. No pierdan un segundo ni un mega en ellas.  Protéjanse con estos 7 tips:
  1.  Revisen la Ficha Técnica: nos dirá a quién, cuándo, dónde y cómo se encuestó. Si no la tiene, deséchenla
  2. No son comparables ni son lo mismo una encuesta cara a cara (o de tierra), una digital (vía internet) o una telefónica (vía call center). El universo al que acceden difiere en tamaño y características. Una en tierra tiene como universo a todo el electorado; La digital, al que tiene y usa internet, y con datos verificables; la telefónica al que tiene teléfono dentro de una base de datos confiable.
  3. No es lo mismo ni son comparables los resultados de una encuesta con dominio o validez estadística nacional que una hecha en un par de ciudades.
  4. Con el margen de error estadístico se identifican bandas de error, es decir el rango en que un porcentaje puede variar.
  5. Con el margen de error estadístico se identifican bandas de error, es decir el rango en que un porcentaje puede variar.
  6. No comparen encuestas con diferentes fechas de aplicación, metodologías y muestra. Y ¡no promedien resultados de esas encuestas!.
  7. En las mediciones electorales, la intención de voto varía con el tiempo y las acciones de las campañas, por eso el resultado final, el oficial, no necesariamente coincidirá con las cifras de una encuesta de días o semanas antes de la elección.

 


Las encuestas no mienten ni se equivocan: se equivocan quienes las hacen. Las encuestas no “han muerto” ni han dejado de tener validez  importancia. Son información delicada y tratarlas así puede mejorar la calidad de nuestra democracia.

Si solo fuera de sumar y promediar…

Tome estas cifras considerando que no todas las encuestadoras están registradas ante el CNE, las encuestas no están realizadas en la misma fecha, no aplican la misma modalidad ni el mismo universo.
Nota: Los datos fueron tomados de fuentes secundarias de circulación pública en plataformas digitales. Al no constar el margen de error en todas las encuestas ni el No Sabe/No Contesta, no se han incluido esos parámetros.
Nota: Los datos fueron tomados de fuentes secundarias de circulación pública en plataformas digitales. Al no constar el margen de error en todas las encuestas ni el No Sabe/No Contesta, no se han incluido esos parámetros.
La última semana de julio pudo haberse convertido en una de las más violentas que ha enfrentado el país desde que Guillermo Lasso ejerce la Presidencia de la República:

Este doloroso recuento refleja la caótica crisis que vivimos los ecuatorianos, marcada por la incompetencia de un gobierno que no ha podido aplicar con eficiencia ni eficacia un mínimo plan de seguridad para controlar la violencia. A esto se suma el contexto político, matizado por atentados a varias figuras. Entre octubre y noviembre pasados el entonces candidato a la alcaldía de Esmeraldas, Frixon Erazo, fue víctima de un intento fallido de atentar contra su vida, aunque luego uno de sus familiares fue asesinado. En diciembre, el entonces candidato y hoy alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, recibió 3 impactos de bala, pero felizmente logró sobrevivir. En junio, el concejal de Esmeraldas, Jairo Olaya murió tras un ataque de presuntos sicarios, y en la misma provincia, pocas semanas después, fue asesinado el candidato a asambleísta Ríder Sánchez, en un hecho que la Policía aseguró que se trató de delincuencia común.

Debido a esta espiral de inseguridad, el Ministerio del Interior aseguró haber recibido el pedido de 19 candidatos a asambleístas para que el gobierno les provea de seguridad policial; de ellos 7 ya cuentan con dicho acompañamiento, mientras a 7 de los 8 candidatos presidenciales, la Policía asignó custodia. A este panorama se suma la inseguridad para el ejercicio periodístico: 5 periodistas han dejado su trabajo y abandonado el país tras recibir amenazas debidamente confirmadas contra su seguridad. Los dos últimos fueron Andersson Boscán y Mónica Velásquez del portal La Posta. Al gobierno le quedan alrededor de 4 meses antes de ser reemplazado. ¿Hará algo en esta etapa? Hay pocas expectativas debido a los reiterados ofrecimientos del presidente, sin concreciones; las torpes declaraciones de funcionarios como el ministro del Interior y el secretario de Seguridad, y mensajes erráticos, como el entregar a la Policía 18 millones de municiones que no podrán ser utilizadas porque no cuentan con armas.

Desde el inicio de su administración, el gobierno comenzó a delinear un mecanismo para recaudar dinero a escala internacional que garantice la protección y conservación de la reserva marina de Galápagos. En mayo pasado, Ecuador sacó del mercado alrededor de USD 630 millones en bonos, para convertirlos en “bonos azules” y ahorrar más de USD 1.600 millones de su deuda externa a través de una operación con el banco Credit Suisse de Suiza. El gobierno explicó que esa operación le permitió recibir un crédito de USD 656 millones y se ahorró USD 974 millones más intereses. Parte de ese dinero se destinará a proyectos de conservación y protección de la reserva marina del Archipiélago y serán administrados por “Galápagos Life Fund” (GLF), empresa privada creada en el Estado de Delaware, Estados Unidos, mediante un mecanismo de fideicomiso. El portal digital “Jacobin” publicó una alerta en que advirtió que las garantías recibidas por el Estado ecuatoriano son blandas y no garantizan la ejecución del fideicomiso. El reporte fue más allá y alertó que los términos de la negociación pusieron en riesgo el control soberano de las Islas Galápagos. Esto porque GLF definiría las políticas públicas, inversiones y administración, inclusive, de actividades comerciales como la pesca y el turismo. El gobierno tardó en dar una explicación y cuando lo hizo aseguró que el fideicomiso fue constituido en otro país por solicitud de los donantes, pero aclaró que GLF tendrá sus oficinas en el Ecuador y estará gobernado por una junta directiva compuesta por 11 miembros: delegados de 5 carteras ministeriales, 3 del sector privado incluyendo una universidad y 3 de entidades internacionales.
Según el Ejecutivo, del dinero ahorrado con el canje, se destinarán USD 333 millones a lo largo de 18,5 años para GLF, recursos que se distribuirán en gastos y conservación, inversiones y nuevas donaciones.
A simple vista parece un acuerdo positivo si se considera que Ecuador supuestamente logró aliviar parte de su deuda externa y que esos ahorros servirán para conservar su principal patrimonio natural.

El problema es que la vocería del gobierno sobre este tema ha sido poco clara y se ha prestado a la confusión e inclusive a la presunción de que se estaría atentando contra nuestra soberanía. Además, no se ha explicado a profundidad como se tomarán las decisiones en el directorio de GLF, si este fideicomiso tendrá un directorio ejecutivo o administrador y dónde estará su sede. 

Esta opacidad va de la mano con la crisis de las últimas semanas en el archipiélago, marcada por el desabastecimiento de productos y gas, y las advertencias sobre los riesgos de la sobreexplotación turística.

  • Sector exportador: La devaluación constante y sostenida del dólar vislumbra una ventaja comparativa y continuará consolidándose la dolarización, inmune a los gobiernos de turno. Va en beneficio del tradicional sector primario exportador, con sereno optimismo: minería, camarón, banano y petróleo, sin que debilite en absoluto el ingreso de divisas/migrantes (y su incidencia en el consumo y comercio).
  • Industria y la manufactura: Tienen un futuro incierto condicionado al TLC con China, en manos de la próxima Asamblea Nacional e incidencia directa en la balanza de pagos. Este y el reto de instrumentalizar la incorporación de la banca internacional en Ecuador son dos desafíos vitales para sincerar comportamientos del sistema financiero y el contingente de abrirse al mercado depredador más grande del mundo.
  • Contratación pública: Tras 6 años, la participación del PIB del sector público (seguridad, infraestructura y salud) dinamizará nuevamente la construcción y bienes y servicios asociados, bajo una contratación pública flexible (régimen especial por emergencia) y un fuerte impulso, particularmente para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a una figura cada vez menos destrabada, luego de años, vía PPP (Public Public Partnership & PublicPrivate Partinership) a escala nacional e internacional, modalidad contractual que tenderá a evitar un incremento de la relación Deuda/PIB y, sobre todo, atraerá la participación del actor privado.

 

La participación del sector público -actor determinante en la economía ecuatoriana- con una política fiscal menos Ortodoxa, Conservadora y Prudente (OCP) con cualquier actor del nuevo gobierno dinamizará el empleo por vía de la obra pública. Dependiendo del gobierno que llegue al poder, la aportación al PIB puede ser de +1%, y si demuestra la capacidad de la que se jacta, un aporte de hasta 2%. Esto último, si obliga nuevamente una metodología de eje ejecución contractual en infraestructura 24/7 los 365 días de 2024 para lo cual el sector privado ya demostró capacidad a escala nacional y de empresas públicas y privadas internacionales en alianzas con el sector privado, demostrando sinergia.

El gobierno de Guillermo Lasso decidió irse por voluntad propia y morirá convencido que una política fiscal restrictiva OCP es el camino correcto. Su miedo fue mayor. El sector privado ecuatoriano desde hace más de veinte años aprendió a ser inmune a la externalidad política y viene demostrando una capacidad singular de generación de valor agregado por sacar adelante al país.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Suscríbete a nuestro boletín ingresando tu mail