Desde el inicio de su administración, el gobierno comenzó a delinear un mecanismo para recaudar dinero a escala internacional que garantice la protección y conservación de la reserva marina de Galápagos. En mayo pasado, Ecuador sacó del mercado alrededor de USD 630 millones en bonos, para convertirlos en “bonos azules” y ahorrar más de USD 1.600 millones de su deuda externa a través de una operación con el banco Credit Suisse de Suiza. El gobierno explicó que esa operación le permitió recibir un crédito de USD 656 millones y se ahorró USD 974 millones más intereses. Parte de ese dinero se destinará a proyectos de conservación y protección de la reserva marina del Archipiélago y serán administrados por “Galápagos Life Fund” (GLF), empresa privada creada en el Estado de Delaware, Estados Unidos, mediante un mecanismo de fideicomiso. El portal digital “Jacobin” publicó una alerta en que advirtió que las garantías recibidas por el Estado ecuatoriano son blandas y no garantizan la ejecución del fideicomiso. El reporte fue más allá y alertó que los términos de la negociación pusieron en riesgo el control soberano de las Islas Galápagos. Esto porque GLF definiría las políticas públicas, inversiones y administración, inclusive, de actividades comerciales como la pesca y el turismo. El gobierno tardó en dar una explicación y cuando lo hizo aseguró que el fideicomiso fue constituido en otro país por solicitud de los donantes, pero aclaró que GLF tendrá sus oficinas en el Ecuador y estará gobernado por una junta directiva compuesta por 11 miembros: delegados de 5 carteras ministeriales, 3 del sector privado incluyendo una universidad y 3 de entidades internacionales.