En esta edición medimos la violencia y el estado de conmoción y los temas que han destacado en las noticias del país. El caso metástasis genera en redes una gran audiencia y una polaridad negativas que se mantienen en constante crecimiento. El Metro de Quito, que recibe quejas y presenta problemas de organización, provoca una polaridad positiva, mientras que las Fuerzas Armadas después de muchos años se reposiciona con una audiencia y una polaridad positivas, resultado del protagonismo asumido en la lucha contra el crimen organizado.
En la medición del Presidente Daniel Noboa, la tendencia en el entorno digital es similar a la de encuestas realizadas como la de Comunicaliza, aunque con variación de porcentajes ya que las redes tienen una magnitud diferente.
La República Popular China es actualmente el principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador, que superaron los 5.700 millones de dólares en 2022 y alcanzaron 5.290 millones entre enero y noviembre de 2023. Con una población de más de 1.400 millones de consumidores, su crecimiento robusto impulsa una demanda por importaciones de productos en los que el Ecuador tiene un alto potencial exportador, particularmente agrícolas y alimenticios. Es además un fuerte productor industrial, con liderazgo en el desarrollo de tecnología, energías limpias y transformación digital.
Las exportaciones ecuatorianas están concentradas en pocos productos como camarón, minerales, banano, café, cacao, madera y flores, entre otros. El 71% de empresas que exportan actualmente a China son micro, pequeñas y medianas empresas, actores de la Economía Popular y Solidaria y artesanos. Estimaciones del International Trade Center señalan que un TLC con China puede representar para el Ecuador un incremento potencial de 2.965 millones de dólares adicionales en exportaciones a este destino. El crecimiento exportador acelerado a este mercado en los últimos años ha hecho que el déficit comercial se reduzca considerablemente, alcanzando 460 millones en 2022 y apenas 236 millones a noviembre de 2023, último dato disponible. Este valor es considerablemente menor a los registrados en el comercio bilateral con Colombia, Brasil, Perú, México o Japón.
Existe siempre un riesgo para la producción nacional, incluso bajo protección, frente a realidades innegables que dan la superioridad a China respecto al costo de la mano de obra, la moneda y el precio de sus productos. En ese marco, se ha pronunciado públicamente la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI) que afirma la imposibilidad de una competencia en igualdad de condiciones de la industria nacional ante el aumento de importaciones chinas. Sin embargo, la negociación si diferenció los productos sensibles de los no sensibles protegiendo a la industria nacional existente.
Las importaciones desde China totalizaron 6.165 millones de dólares en 2022 y 5.525 millones en el período enero noviembre de 2023. De este valor el 42% corresponde a la importación de bienes de capital, 35% a materias primas e insumos y 23% a bienes de consumo. Es decir, 77% de las importaciones que el Ecuador hace desde China corresponden a bienes que el país necesita para la producción de otros bienes y servicios para el mercado local y de exportación. Entre los bienes de consumo que se importan desde este origen destacan los vehículos, con un monto superior a los 340 millones anuales.
El TLC busca obtener un mayor y mejor acceso a nuestra oferta exportable a este mercado, a la vez que se reduce costos de producción, precios a los consumidores y protege a los sectores nacionales sensibles, mediante exclusiones al acuerdo y plazos largos de desgravación arancelaria. El objetivo es lograr crecimiento económico y generación de empleo mediante el incremento de exportaciones a este mercado y la reducción de costos de producción. Las razones están. ¿El TLC será entonces una oportunidad tomada o una perdida?
Las perspectivas económicas a escala global del Banco Mundial (BM) están reflejando a 2024 como el quinto año consecutivo con el menor crecimiento PIB de los últimos 30 años, ubicándose en <3%.
Si bien el riesgo de una recesión mundial en 2024 ha disminuido, las tensiones geopolíticas, en el corto plazo, reflejan un peligro inminente. A mediano plazo las perspectivas del BM no ven una luz debido a la desaceleración, ralentización en el comercio global y condiciones de financiamiento con mayores trabas.
Las oportunidades de la presente década se perciben como desperdiciadas si el rumbo no se encausa al camino correcto. El camino correcto, a criterio del organismo está encaminado en dos prioridades:
i) Desafío de la Inversión Pública
ii) Política Fiscal Progresiva
La primera está por considerar como un objetivo clave, abordar el cambio climático y la crisis alimentaria, acompañado de paquete de políticas de gran magnitud.La segunda es un híbrido de experiencias de 35 países desarrollados y 69 economías en desarrollo acumulada durante las últimas 7 décadas.
La experiencia concluye que los países en desarrollo cuando aceleran el crecimiento de la inversión per cápita >=4% durante >=6 años, el ritmo de convergencia con los niveles de ingreso de países desarrollados se acelera, disminuye la tasa de pobreza de manera acelerada y el crecimiento de la productividad se multiplica por 4. De igual manera, la inflación cae, las posiciones fiscales y externas mejoran y el acceso de personas a internet se amplía rápidamente.
Para impulsar este máximo, las economías en desarrollo han de implementar paquetes de políticas integrales destinados a mejorar los marcos fiscales (gasto público disciplinado) y monetarios, expandir el comercio entre fronteras y los lujos financieros, mejorar el clima para la inversión, y fortalecer la institucionalidad pública.
La Ley Orgánica de Competitividad Energética fue publicada el 11 de enero de 2024, catalogada por el presidente Noboa como la ley ¡No más Apagones!
Sin duda ayuda a mejorar el sector energético a largo plazo, contrariamente a lo que ocurre con las leyes ecuatorianas emitidas en momentos de crisis, que más bien suelen ser cortoplacistas.
Las soluciones emergentes no abundan en esta ley, pero la realidad es que si se las puede encontrar con la normativa existente. Hay temas importantes que ya se deben ir planificando para el futuro, como el almacenamiento de energía para la estabilidad y mejor funcionamiento de la red.
En cuanto al tema que interesa ahora, esta ley abre la posibilidad de adjudicar proyectos de hasta 10 MW de manera directa al privado que a su propio riesgo identificó el proyecto siempre que no esté previsto en el Plan Maestro de Electrificación (PME).
Estos proyectos, se debería entender, que son aquellos para la venta de energía a la demanda regulada, en que, hasta antes de la ley, sin importar la potencia, iban su totalidad a un proceso público de selección, pues los proyectos de autogeneración no deberían tener este límite.
Esta ley también incluye mecanismos de socialización con los interesados para la elaboración del PME, lo cual resulta importante para que el Estado no caiga en una planificación energética que no vaya acorde a lo que el sector de energía puede ofrecer, e incluso puede nutrirse del conocimiento y ver oportunidades.
Por otro lado, prevé la participación de la empresa privada en el sistema de transmisión, así como expresamente aclara la participación de las empresas públicas extranjeras como empresas privadas en el sector eléctrico, permitiendo que los privados en Ecuador puedan competir en igualdad de condiciones.
Además, otorga nuevas competencias a la Agencia de Control, que ahora deberá controlar la gestión de las
empresas eléctricas públicas en cuanto al uso de recursos económicos asignados vía tarifa en la gestión administrativa, operativa, de mantenimiento y control a la gestión operativa y de mantenimiento de las empresas privadas
del sector eléctrico.
En cuanto a financiamiento de la Agencia, ahora provendrá de los aportes de las empresas del sector eléctrico, que en ningún caso podrán exceder el 1% del costo de
servicio eléctrico.
La inquietud que surge es si será suficiente, considerando que la Agencia tiene un sinnúmero de competencias a las que se adicionan competencias que esta ley le otorga, que eran necesarias. Uno de los aspectos más novedosos es que en las disposiciones transitorias declara el interés nacional a los proyectos de energía eléctrica en etapa de construcción y que presenten al menos el 50% de avance, así como a las centrales de generación existentes que requieran mantenimiento.
Esto permite la gestión eficiente en proyectos ya encaminados y evitar que otros se echen a perder – como ha ocurrido en ocasiones anteriores- y, con la declaratoria
de interés nacional, se pueden lanzar los procesos licitatorios para que los privados puedan participar.
Lamentablemente, otra de las disposiciones transitorias prohíbe la concesión de infraestructuras terminadas que se hayan financiado con dinero público a privados.
En cuanto a incentivos económicos y tributarios, la nueva normativa establece, bajo ciertas condiciones, la remisión del 100% de intereses, multas y recargos respecto del capital pagado a los contribuyentes que paguen total o parcialmente las obligaciones tributarias derivadas de los tributos cuya administración y recaudación le correspondan al Servicio de Rentas Internas, y que hayan sido generadas hasta el 31 de diciembre del 2023.
También permite la depreciación y amortización correspondiente a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías de destinadas a la implementación de sistemas de generación distribuida para autoabastecimiento a
base de energías renovables no convencionales, a la implementación de mecanismos de producción más limpia, entre otros.
La norma y los incentivos están listos. Ahora falta el reglamento que debería estar listo en 30 días a partir de que se publicó esta ley, la voluntad de la función pública de implementar la norma de manera ágil, y que los privados hagan uso de lo aquí contemplado para participar en el sector energético aportando soluciones para no tener más apagones.
Sin embargo, ninguno de los episodios descritos se asemeja al caso de Daniel Noboa con Verónica Abad. No hay antecedentes de un presidente que, desde la campaña electoral, haya marcado semejante distancia y contradicciones.
No hay certezas sobre cuál fue la gota que derramó el vaso. Nadie lo ha confirmado y solo ha habido especulaciones. Pero, claro, es probable que para la primera vuelta nadie haya reparado en este “detalle” porque el binomio Noboa – Abad no figuraba con posibilidades reales hasta una semana antes de las elecciones.
Tras pasar a la segunda vuelta, las señales eran evidentes: no fueron vistos nunca haciendo campaña; Abad hacía declaraciones públicas que amenazaban con perjudicar la candidatura de Noboa, e incluso la noche de la victoria, él festejó en Olón mientras ella andaba por Quito.La tarde de la entrega de las credenciales, ya no había dudas. Frío saludo entre ambos, y la indirecta de Noboa, que todo interpretamos que iba dirigida a Abad: “El camino a la cima está lleno de cuestionamientos y así mismo el camino hacia la Presidencia de la República tienen traiciones. Muchas veces de gente que uno ni siquiera espera, que uno escoge, pero así es la vida y la
naturaleza humana.”
La misma frialdad en la ceremonia de transmisión de mando; la vicepresidenta no asistió (¿ no fue invitada, como dijo?) al almuerzo en Carondelet ni tampoco a la foto oficial con el gabinete de ministros. Y la decisión del presidente de relegarla. Noboa bien pudo no asignarle funciones (la Constitución dispone que la vicepresidenta cumplirá las funciones que le asigne el presidente), pero sabía que eso implicaría tenerla en el país, con el riesgo de que impulse su propia agenda. Y optó con enviarla a Tel Aviv. Primero, como “colaboradora para la paz” entre Israel y Palestina, y luego, como Embajadora de Ecuador en ese país. E incluso desmontó la estructura de la Vicepresidencia para que se sepa que no habrá paso atrás.
El presidente la quería lejos, y no tuvo reparos en admitir, la semana anterior nomas, que bien pudo haberla enviado a la Antártida.
Pero, más allá de estos hechos, ¿lo que pasa hoy con Verónica Abad tiene influencia en la imagen del gobierno de Daniel Noboa? La más reciente encuesta de Perfiles de Opinión ubica a la vicepresidenta con apenas un 25% de calificación positiva y un 45 % de personas que no responden, lo que demuestra, o que no la conocen o que no saben lo que hace.
El más reciente capítulo del divorcio estuvo marcado por la “orden” que emitió la Cancillería para que Abad deje de emitir declaraciones públicas “sin autorización” y que se mantenga al margen de un acuerdo de cooperación que Ecuador está negociando con Israel para generar plazas de trabajo. Lejos y calladita, ¿cuál será el siguiente capítulo?
El Foro Económico Mundial presentó los resultados de su encuesta de percepción a 1.500 expertos mundiales en diversas áreas sobre los riesgos para los próximos dos
años y para la década, dentro de un estado de ánimo pesimista y en que dos crisis peligrosas están presentes: la climática y la de conflagraciones armadas en un planeta que tendrá un orden multipolar y fragmentado en los próximos diez años.
• A corto y mediano plazo, el mayor riesgo es la desinformación y difusión de informaciones erróneas. Ocupan los siguientes lugares: eventos climáticos extremos; polarización social; ciber inseguridad; conflictos armados; falta de oportunidades económicas; inflación; migración involuntaria y caída económica. Cierra el ranking la contaminación.
• Para la década, 5 de los 10 principales riesgos están relacionados al clima y cuatro ocupan los primeros lugares: eventos climáticos extremos, cambio crítico de los sistemas terrestres, pérdida de biodiversidad y colapso del ecosistema, y escasez de recursos naturales. La desinformación y la difusión de informaciones erróneas se ubica en quinto lugar. Y le siguen: resultados adversos de las tecnologías de Inteligencia Artificial; la migración involuntaria; la ciber inseguridad y la polarización social. Cierra, como en el ranking para los siguientes dos años, la contaminación. Eurasia group, con sede en Nueva York, fundado en 1998, presentó su Top 10 de riesgos para el mercado desde el análisis de tendencias y proyecciones, como guía para tomar decisiones corporativas:
1. Estados Unidos contra sí mismo, con presencia o ausencia de Donald Trump.
2. Situación en Oriente Medio al borde de una escalada.
3. División de Ucrania como resultado de la guerra. Dependiendo de cómo ocurra, dará la magnitud del riesgo para la seguridad mundial y el mercado.
4. Inteligencia Artificial sin control ni límites con la preocupación global de “gobernarla”, sin augurio de éxito.
5. Configuración de un bloque potente contra Occidente: Corea del Norte, Rusia e Irán.
6. La no recuperación de China. Si persiste, golpeará a la economía mundial.
7. Lucha por los minerales críticos, escasos y fundamentales (cobalto, cromo, litio y niquel, entre otros).
8. No hay opción para el error en un entorno como el actual para el mercado.
9. El regreso del fenómeno “El Niño”, en referencia a temas medioambientales.
10. Identificación de negocios en riesgo.
En contraste, hay organizaciones que van por las oportunidades. Según Allianz Global Investors, organización europea con presencia en el mundo:
• 2024 se desarrollará con un enfoque de prevención de riesgos, especialmente en tecnología y clima, con refuerzo de legislaciones nacionales e inclusión de estos temas en las agendas de los países, al margen de tendencias políticas y reconociendo su criticidad.
• Los reacomodos geopolíticos favorecerán las oportunidades para mercados emergentes y la diversificación de capital y de la inversión. Para Mercer, subsidiaria de Marsh McLennan, en su informe de Retos y oportunidades para inversores plantea que la transición desordenada a un mundo más tecnológico y sostenible, exige agilidad en la toma de decisiones y la visión estratégica de las empresas.
Y coinciden varios expertos en que en 2024:
• La economía y el medioambiente se ven como sistemas interdependientes
• Se presenta el fenómeno de la “reglobalización” que reconsidera y redimensiona la globalización con el regreso de empresas a producir en sus lugares de origen.
• Las empresas, independientemente de su tamaño, deben ingresar a la era de la inteligencia artificial y la digitalización para poder competir y crear valor a partir de su información.
Desde el 9 de enero de 2024 el Ecuador ha empezado a vivir una transformación que no debe ni puede parar y que requiere del apoyo ciudadano, legislativo e institucional para que los efectos directos de este conflicto armado interno tengan una razón de ser y se traduzcan en un Ecuador seguro, próspero y de desarrollo sostenido.
Es claro que luego de más de 4.300 detenciones y casi 4.000 libertades de manera prácticamente inmediata es necesario pensar en cómo llegará una segunda ola de violencia protagonizada por aquellos que hoy son sometidos al Estado, pero que no han encontrado ni encontrarán un nicho de mercado más lucrativo que aquel en el que se venían desenvolviendo como «líderes» de sus organizaciones delictivas. De ahí que, si no existe inversión social paralela a la inversión en seguridad, la recurrencia de la violencia irá en aumento. De la misma manera que es necesario entender que hay que cambiar los modelos de la rehabilitación social existentes, a un modelo productivo, articulado y para beneficio subsidiario del propio Estado. El peor error que existe en un conflicto de cualquier naturaleza es menospreciar al enemigo, minimizar su capacidad operativa y su capacidad de recuperación frente a ataques estructurados y certeros en contra de las instituciones del Estado y de las personas que las conforman.
El asesinato de jueces y de fiscales no puede ser tomado como un hecho al azar, no responde a vendettas directas o privadas, ni se constituyen en hechos aislados de violencia criminal. Por el contrario, son parte del mensaje de terror que quieren hacer llegar a la sociedad estas estructuras criminales calificadas como terroristas.
Es muy importante hoy más que nunca, contar con el apoyo de países amigos con los cuales compartir el esfuerzo en la lucha para romper las cadenas logísticas de abastecimiento y distribución que generan los recursos necesarios para seguir reclutando niños y comprando conciencias.
Como país no contamos con un sistema de inteligencia del Estado que estructure todas las fuentes de información relevantes y permita realizar un trabajo de campo operativo, desplegando a los agentes para la verificación de información y la viabilización de duros golpes a las estructuras delictivas y sus vasos comunicantes con la gobernanza criminal.
Estas acciones suponen un esfuerzo enorme y la ejecución de cientos de actividades en todos los estamentos del Estado. Para empezar, se debe emprender en una profunda depuración de las instituciones de control y seguridad e iniciar con aquellas que tienen una responsabilidad directa en que lo avanzado no desaparezca. Esto es, instituciones como el SNAI debe ser intervenida en profundidad, con un análisis de entornos sociales, de incremento patrimonial injustificado e inclusive con pruebas permanentes de confianza, sumados a procesos de separación diligentes de funcionarios cuestionados o comprometidos.
Eventualmente la necesidad de convocar o militares y policías en servicio pasivo para mantener el régimen que se ha logrado imponer en las cárceles del país luego de la intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. De nada serviría que este despliegue dure lo que el estado de excepción, y, de a poco, el control sea nuevamente tomado por fuerza o dinero.
Lo más complejo se logró, que fue alcanzar la decisión estatal de intervenir como siempre se debió hacerlo y seguir hostigando a los violentos para que no se sientan tranquilos en ningún lugar.
Es necesario mantener la inercia de apoyo a las fuerzas del orden, pero no solo desde lo logístico u operativo, sino desde lo jurídico, con el respaldo a sus actuaciones, que deberán ser evaluados por jueces y fiscales especializados en estas materias que entiendan las dinámicas complejas de las operaciones militares y policiales cotidianas y de alto riesgo. No es posible que se repitan historias como las del Cbos. Santiago Olmedo o del Sgto. David Velasteguí, entre muchos servidores policiales, que deben enfrentar con los fondos de su familia los procesos judiciales con abogados particulares, aparte de enfrentar a sus propios compañeros que, en un sistema de Asuntos Internos poco objetivo, busca sanciones más que verdades. Pero en cambio se muestra muy laxo con los verdaderos problemas internos de vinculación con GDO o inclusive con la existencia de patrimonios injustificados.
Con la misma fortaleza que hoy se reclama del Estado cumplir su acción, el sistema legislativo nacional apoyado en la casuística y academia debe reestructurar el sistema legal positivo nacional, siendo más pragmático y directo que cargado de normas inaplicables o ambiguas producto de las malas copias de la legislación extranjera que han sido una constante nacional, como la propia Ley del uso legítimo de la fuerza. Debió ser en esencia una norma simple de aplicación fácil y comprensible, pero fue elevada a Ley Orgánica con estructuras engorrosas y pesadas que no responden a la realidad operativa cotidiana.
Finalmente es necesario entender que la verdadera reestructuración de la seguridad ciudadana parte del aprovechamiento de los recursos estatales en elementos eficientes para el combate a la delincuencia en la capacitación del talento humano y la adquisición de material logístico inherente a la operación cotidiana y especial.
El sistema de compras públicas no puede seguir siendo el botín de inescrupulosos que, protegiendo beneficios propios, ponen en riesgo mortal a los servidores de las fuerzas del orden, así como tampoco se puede seguir con la forma actual de compra, que evidencia la necesidad de contar con procesos logísticos de estructurados de largo plazo, ajenos a las listas de compras o soluciones parche de actores políticos, o comandantes de turno, cuya improvisación se evidencia en las respuestas que se pretenden dar ante conceptos básicos de políticas públicas en materia de seguridad y desarrollo social sostenible.
