Desde el 9 de enero de 2024 el Ecuador ha empezado a vivir una transformación que no debe ni puede parar y que requiere del apoyo ciudadano, legislativo e institucional para que los efectos directos de este conflicto armado interno tengan una razón de ser y se traduzcan en un Ecuador seguro, próspero y de desarrollo sostenido.
Es claro que luego de más de 4.300 detenciones y casi 4.000 libertades de manera prácticamente inmediata es necesario pensar en cómo llegará una segunda ola de violencia protagonizada por aquellos que hoy son sometidos al Estado, pero que no han encontrado ni encontrarán un nicho de mercado más lucrativo que aquel en el que se venían desenvolviendo como «líderes» de sus organizaciones delictivas. De ahí que, si no existe inversión social paralela a la inversión en seguridad, la recurrencia de la violencia irá en aumento. De la misma manera que es necesario entender que hay que cambiar los modelos de la rehabilitación social existentes, a un modelo productivo, articulado y para beneficio subsidiario del propio Estado. El peor error que existe en un conflicto de cualquier naturaleza es menospreciar al enemigo, minimizar su capacidad operativa y su capacidad de recuperación frente a ataques estructurados y certeros en contra de las instituciones del Estado y de las personas que las conforman.
El asesinato de jueces y de fiscales no puede ser tomado como un hecho al azar, no responde a vendettas directas o privadas, ni se constituyen en hechos aislados de violencia criminal. Por el contrario, son parte del mensaje de terror que quieren hacer llegar a la sociedad estas estructuras criminales calificadas como terroristas.
Es muy importante hoy más que nunca, contar con el apoyo de países amigos con los cuales compartir el esfuerzo en la lucha para romper las cadenas logísticas de abastecimiento y distribución que generan los recursos necesarios para seguir reclutando niños y comprando conciencias.
Como país no contamos con un sistema de inteligencia del Estado que estructure todas las fuentes de información relevantes y permita realizar un trabajo de campo operativo, desplegando a los agentes para la verificación de información y la viabilización de duros golpes a las estructuras delictivas y sus vasos comunicantes con la gobernanza criminal.
Estas acciones suponen un esfuerzo enorme y la ejecución de cientos de actividades en todos los estamentos del Estado. Para empezar, se debe emprender en una profunda depuración de las instituciones de control y seguridad e iniciar con aquellas que tienen una responsabilidad directa en que lo avanzado no desaparezca. Esto es, instituciones como el SNAI debe ser intervenida en profundidad, con un análisis de entornos sociales, de incremento patrimonial injustificado e inclusive con pruebas permanentes de confianza, sumados a procesos de separación diligentes de funcionarios cuestionados o comprometidos.
Eventualmente la necesidad de convocar o militares y policías en servicio pasivo para mantener el régimen que se ha logrado imponer en las cárceles del país luego de la intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. De nada serviría que este despliegue dure lo que el estado de excepción, y, de a poco, el control sea nuevamente tomado por fuerza o dinero.
Lo más complejo se logró, que fue alcanzar la decisión estatal de intervenir como siempre se debió hacerlo y seguir hostigando a los violentos para que no se sientan tranquilos en ningún lugar.
Es necesario mantener la inercia de apoyo a las fuerzas del orden, pero no solo desde lo logístico u operativo, sino desde lo jurídico, con el respaldo a sus actuaciones, que deberán ser evaluados por jueces y fiscales especializados en estas materias que entiendan las dinámicas complejas de las operaciones militares y policiales cotidianas y de alto riesgo. No es posible que se repitan historias como las del Cbos. Santiago Olmedo o del Sgto. David Velasteguí, entre muchos servidores policiales, que deben enfrentar con los fondos de su familia los procesos judiciales con abogados particulares, aparte de enfrentar a sus propios compañeros que, en un sistema de Asuntos Internos poco objetivo, busca sanciones más que verdades. Pero en cambio se muestra muy laxo con los verdaderos problemas internos de vinculación con GDO o inclusive con la existencia de patrimonios injustificados.
Con la misma fortaleza que hoy se reclama del Estado cumplir su acción, el sistema legislativo nacional apoyado en la casuística y academia debe reestructurar el sistema legal positivo nacional, siendo más pragmático y directo que cargado de normas inaplicables o ambiguas producto de las malas copias de la legislación extranjera que han sido una constante nacional, como la propia Ley del uso legítimo de la fuerza. Debió ser en esencia una norma simple de aplicación fácil y comprensible, pero fue elevada a Ley Orgánica con estructuras engorrosas y pesadas que no responden a la realidad operativa cotidiana.
Finalmente es necesario entender que la verdadera reestructuración de la seguridad ciudadana parte del aprovechamiento de los recursos estatales en elementos eficientes para el combate a la delincuencia en la capacitación del talento humano y la adquisición de material logístico inherente a la operación cotidiana y especial.
El sistema de compras públicas no puede seguir siendo el botín de inescrupulosos que, protegiendo beneficios propios, ponen en riesgo mortal a los servidores de las fuerzas del orden, así como tampoco se puede seguir con la forma actual de compra, que evidencia la necesidad de contar con procesos logísticos de estructurados de largo plazo, ajenos a las listas de compras o soluciones parche de actores políticos, o comandantes de turno, cuya improvisación se evidencia en las respuestas que se pretenden dar ante conceptos básicos de políticas públicas en materia de seguridad y desarrollo social sostenible.
