La sentencia de un juez de Montecristi, este 24 agosto, puso en evidencia las diferencias existentes entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – CPCCS, y la Corte Constitucional – CC. Más allá de las explicaciones planteadas por las partes.
Lo cierto es que la CC y las actuaciones del CPCCS transitorio tienen un blindaje dado por un dictamen previo de la propia Corte.
El CPCCS desempeña un papel crucial en la nominación de las autoridades de control, ideado para ser un ente apolítico y ciudadano, ha experimentado divisiones internas desde su creación en 2008, lo que ha alimentado percepciones de su obvia influencia política en el ejercicio de sus no menores potestades.
El CPCCS se encuentra actualmente envuelto en tres casos penales en disputa con la Fiscalía, incluida una denuncia contra la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, por supuesto tráfico de influencias.
El conflicto crítico surge de la convocatoria de una ‘veeduría ciudadana’ para evaluar la última conformación de la Corte Constitucional.
Es relevante recordar que, en julio pasado, el CPCCS denunció a la Fiscal Diana Salazar por supuesto tráfico de influencias, después de la aprobación del informe de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Anticorrupción sobre su tesis.
En 2018, una Consulta Popular instauró un Consejo de Participación Transitorio que destituyó a los jueces constitucionales, dando lugar a un concurso para seleccionar a sus sucesores. En mayo de 2019, la Corte Constitucional emitió un dictamen interpretativo que protegía las decisiones del CPCCS Transitorio y prohibía su revisión por el CPCCS definitivo.
Una ciudadana solicitó al CPCCS la instauración de una veeduría para analizar las decisiones administrativas sobre cese de funciones y nombramientos de los jueces de la Corte Constitucional durante el periodo transitorio. Esa solicitud fue rechazada por el anterior CPCCS; ante la negativa, se solicitaron medidas cautelares y un juez efectivamente ordenó la conformación inmediata de la veeduría. Acatando esta orden de un juez de primer nivel, que a todas luces contraría un dictamen de la más alta Corte del país, el presidente del CPCCS, Alembert Vera, anuncia la creación de la veeduría. Esta situación resultó en un seguimiento al dictamen interpretativo.
Tres miembros del CPCCS expresaron su oposición a la veeduría, alegando que fue una decisión unilateral de Vera, quien por su parte afirmó que la veeduría fue solicitada por la ciudadanía y ordenada por un juez, lo que no constituye una decisión política ni jurídica y que el Consejo no tiene las facultades para destituir a jueces de la Corte. La Fiscalía informó el inicio de una investigación preliminar por el supuesto delito de prevaricato en contra del juez Quimís y solicitó a la Corte la destitución de Vera, Verduga, Saltos y Verdezoto. Por su parte la Corte Constitucional citó a todos los consejeros del CPCCS a una audiencia pública para establecer el cumplimiento del dictamen y su posible irrespeto.
La Corte Constitucional está en proceso de deliberación y podría determinar la destitución de los vocales del CPCCS. Es importante destacar el papel crucial de la actual Corte en Ecuador y cómo sus decisiones han moldeado las garantías fundamentales, estableciéndola como una institución clave para resolver conflictos entre poderes del Estado. La propuesta de la veeduría ciudadana podría desencadenar una crisis institucional sin precedentes en Ecuador.
