La historia se repite 36 años después de la desaparición de los hermanos Restrepo, y coincide con la lamentable muerte de Pedro Restrepo, que luchó desde entonces por descubrir la verdad sobre la desaparición y el paradero de sus dos hijos.
Desde los trabajos de la Comisión de la Verdad se han documentado violaciones graves a los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes estatales. Estas prácticas se visibilizan periódicamente por décadas como un oscuro recordatorio de la incapacidad del Ecuador como Estado para romper el círculo vicioso de la impunidad.
¿Por qué no logramos salir de este ciclo? Porque el Estado ecuatoriano, pese a los compromisos asumidos ante la comunidad internacional y a las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —como en los casos Garzón Guzmán vs. Ecuador y Jorge Vásquez vs. Ecuador—, no ha sido capaz de investigar y determinar la responsabilidad individual de los perpetradores de estas violaciones. La falta de justicia extiende el dolor de las víctimas y sus familias y los infractores se escudan en la impunidad.
La declaración inicial de las autoridades nacionales, en la que descartaron la intervención de agentes militares en la desaparición de los niños, a pesar de que ellos habrían sido las últimas personas conocidas que los vieron con vida, refuerza el mensaje de que los excesos de algunos en la lucha contra el narcotráfico pueden ser ocultados por la institución militar.
¿Cómo es posible que la explicación sea que desnudaron a tres menores de edad y los abandonaron en una zona altamente peligrosa? Según la jurisprudencia internacional, existe una presunción de responsabilidad del Estado cuando la persona desaparecida estuvo en custodia de las autoridades al momento de su desaparición.
Debemos lamentar que, en estos casos, el conocimiento del público en general a través de la mediatización sea excepcional, y peor aún, que la conmoción social provoque el escrutinio necesario para que las autoridades empleen los recursos adecuados para que la verdad se manifieste. En el presente caso, esperemos que la indignación general permita revelar la verdad sobre el paradero de los cuatro niños desaparecidos y concientizar sobre la obligación del Estado de sancionar a los responsables de esta tragedia.
El problema central radica en la incapacidad de consolidar la sanción de manera individual y efectiva a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, sean quienes sean. Mientras esta impunidad sistémica continúe, el Ecuador seguirá siendo un terreno fértil para la repetición de estas tragedias.
En este caso la conmoción colectiva ha propiciado el escrutinio público necesario para exigir acción de las autoridades. Este impacto ha impulsado el uso de recursos destinados a esclarecer la verdad. Sin embargo, es fundamental que, incluso en ausencia de aquello, cada caso sea investigado con la misma rigurosidad, garantizando la identificación y sanción de los responsables. Es imperativo recordar la obligación del Estado de proteger los derechos humanos y asegurar justicia para Todos