En junio de cada año, Ecuador conmemora una serie de eventos del Orgullo LGBT+. En ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Portoviejo, Manta, Machala, Riobamba, Santa Elena, Ibarra y Santo Domingo, organizaciones, colectivos y activistas realizan la marcha que conmemora el primer levantamiento gay en Nueva York, hace 55 años.
En la marcha de Quito, alrededor de 20 mil personas recorrieron la avenida Amazonas desde la Plataforma Financiera, donde un festival denominado Orgullo Diverso, dio espacio a manifestaciones culturales, artísticas y de emprendimientos, bajo el lema #NadaQueCurar.
Inició en 2008 con Fundación Equidad y crece cada año, por la alta visibilidad de jóvenes y adultos jóvenes, acompañados de sus familias. Cientos de comerciantes callejeros y de emprendedores han convertido la marcha en una oportunidad para generar ingresos. Es difícil calcular cuánto dinero moviliza el Día del Orgullo, pero con este fenómeno creciente ¿por qué a muchos actores sociales, empresariales y sobre todo políticos, aún les cuesta tender puentes con los derechos LGBT+?
Según Efraín Soria, presidente de Equidad, alrededor del Orgullo se activan cooperantes, gobiernos, ciertas empresas y otros aliados; es una especie de pinkwashing1 . Sin embargo, el resto del año la exclusión permanece. No basta el brandeo arcoiris, sino que las leyes, políticas, presupuestos contra la discriminación y la participación política visible LGBT+, siguen pendientes de resolver, dice Soria.
Siendo optimistas, hace 10 años esto era inimaginable. Contados actores políticos se tomaban en serio el tema, pero como autoridades que van cambiando, la prioridad con su sucesor también, a veces se esfumaba. Hoy junio permite que lo LGBT+ esté en el ojo público y en el calendario de autoridades.
El expresidente Guillermo Lasso, político conservador, por encima de sus creencias personales, instituyó una Subsecretaría de Diversidades adscrita al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, enfocada en crear política pública para poblaciones LGBT+. Había que apoyarse en datos reales y en las demandas hay muchas prioridades.
En el gobierno de Rafael Correa se acogieron algunas, otras fueron rechazadas por los sesgos y prejuicios del expresidente. Esto se superó con la aprobación del matrimonio igualitario en 2019, y otros litigios del activismo, que no encontraron obstáculos políticos con el expresidente Lenín Moreno. En su administración, el Instituto de Estadísticas y Censos, INEC, promovió la generación de data nacional sobre poblaciones LGBT+. Con Lasso se mantuvo y el censo de 2022 consultó por primera vez, sobre orientación sexual e identidad de género en mayores de 18 años.
La cifra obtenida -que fue cuestionada en sus protocolos y metodología-, reveló que 270.970 personas se identificaron como LGBT+. El INEC realizará un estudio adicional sobre realidades LGBT+ que aterrizará en datos más precisos sobre discriminación educativa, de salud, realidad laboral, seguridad social, matrimonios, cambio de género, tipos de familia, el ejercicio pleno de derechos, etc.
La llegada del joven gobernante Daniel Noboa no tuvo un discurso sobre derechos LGBT+. Sin embargo, en su posesión, su entonces secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, conocido estratega político y personaje mediático internacional arribó de la mano con su esposo al Palacio Legislativo. Muy sonado y simbólico, aunque no implicaba un compromiso fuerte, pero Noboa ha mantenido la institucionalidad LGBT+.
En países del primer mundo se avizoran riesgos de retroceso en lo político; sin embargo, el rol de sectores empresariales con la inclusión afirmativa es clave para ciudadanos LGBT+. Grandes corporaciones de la banca, servicios, retail, bienes de consumo masivo, etc., garantizan espacios seguros para sus trabajadores y ejecutivos LGBT+, con el fin de que rindan mejor en su empresa. Esto eleva su rango en medidores internacionales, como modelos de empresa que dignifican a sus trabajadores.
Alexander Guano, exsubsecretario de Diversidades, menciona que, en Ecuador, el gobierno, con apoyo de la Cooperación Alemana GIZ, creó una certificación de espacios seguros para mujeres y personas LGBT+, otorgados a empresas. Queda pendiente que el sector privado ecuatoriano visibilice un compromiso gremial de generar empleo sin discriminación a personas LGBT+ y sus familias. Es una ventana de oportunidades en dignidad social y económica que actualmente no existe.
Hay otros pendientes con la Asamblea Nacional: tres reformas normativas que la Corte Constitucional dictaminó mediante sentencias sobre identidad de género, reconocimiento de familias y el matrimonio, que debían legislarse en el plazo de un año desde 2017. Ciertos asambleístas electos por voto popular son LGBT invisibilizados. La Asamblea cesada por Lasso tuvo seis y la actual cinco, dos de ellos reelectos de la anterior; de líneas ideológicas que van del populismo de izquierda al centro derecha. Ninguno asume compromisos de trabajo con estas reformas.
La visibilidad política, entonces, está pendiente. Con Equidad y Diálogo Diverso hemos promovido que organizaciones políticas se comprometan en una agenda mínima. Los partidos son entes complejos, responden a coyunturas, al cacicazgo y al personalismo de candidatos “de alquiler” -pinkwashing incluido. No existe formación partidista que involucre las realidades LGBT+ y hay afiliados, adherentes y votantes LGBT+ en todos los partidos.
El Latinobarómetro de las Américas de 2023 reporta que el 50% de ecuatorianos aprueba firmemente la igualdad de derechos LGBT+. Quien se opone es un elector de edad avanzada y masculino. El padrón electoral se compone en su mayoría de gente joven, especialmente mujeres, 52%. Es otra ventana de oportunidades.