La inseguridad no cesa y se acrecienta y las autoridades gubernamentales lo reconocen en medio de un entorno de hechos inéditos en el país como el del “hombre bomba”, con el que cerramos marzo. En una entrevista en Teleamazonas, Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad del Ecuador, admitió que “hay un recrudecimiento de delitos, como secuestros y extorsiones”. Y así lo reflejan las cifras: en lo que va de 2023 se han reportado más de 24 casos de secuestro extorsivo en el país, 60% de los 40 que se reportaron durante todo 2022. Para Ordóñez, “esta situación tiene que ver con la acción del Gobierno contra grupos narcotraficantes, quienes, ante la ausencia de droga,
han mudado de actividad delincuencial”. Las muertes violentas han aumentado en un 66%, las extorsiones en un 300%. Pero pese a la urgencia, los implementos prometidos hacen 10 La noche del 26 de marzo de 2023, un deslizamiento de tierra sepultó decenas de viviendas en Alausí, cantón de la provincia andina de Chimborazo. Según cifras oficiales, hasta el martes 28 de marzo, el hecho dejó 23 fallecidos, 37 heridos y al menos 72 personas
desaparecidas. Toneladas de tierra sepultaron viviendas a más de 40 metros. ¿Esto se pudo prevenir? Desde diciembre del año pasado, los moradores del lugar ya habían pedido ayuda y reportado la situación a las
autoridades. La respuesta no correspondió a la magnitud del hecho que se avecinaba. No es una situación nueva: desastre tras desastre es evidente que hubo la posibilidad de que tuvieron las autoridades correspondientes para
prevenir consecuencias fatales, sin embargo, poco o nada se hace o ha hecho una vez que estos temas dejan de ser tendencia. ley a quienes están afiliados al IESS —en este caso aproximadamente 10 mil dólares. Es decir, recibirá unos 106 mil dólares. Un empleado público sin estos beneficios irregulares recibiría únicamente las bonificaciones e indemnizaciones que corresponden a la supresión de su partida. Son máximo 5 salarios básicos por año. Es decir,
22.500 dólares. Para cubrir estos montos, la empresa ya ha desembolsado 228 millones de dólares y están pendientes por desembolsar 239 millones en 2023. Lo más grave es que otras empresas públicas como CNT, CELEC y Petroecuador quieren utilizar como precedente el fallo judicial favorable a los empleados para ampliar beneficios de la misma forma que lo hizo CNEL. Esto por consecuencia puede significar un precedente para otras empresas públicas en cuanto a la facilidad que se tiene para el gasto indebido de fondos estatales. ¿Es este el futuro que estamos sembrando para las empresas estatales? Alausí: una tragedia anunciada meses para fortalecer a la Policía no llegan. Ordóñez se justificó, indicando que “estos procesos se demoran”. Más hechos inéditos ocurrieron en el mes con el envío de paquetes bomba en contra de periodistas. Lenin Artieda, de Ecuavisa, recibió un paquete con
un pendrive que explotó al conectarlo al computador y afortunadamente no dejó heridos. Horas más tarde, TC Televisión, el periodista Carlos Vera y Teleamazonas reportaron incidentes
similares. La Policía Nacional confirmó que fueron enviados por el mismo remitente, desde
Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Pero no termina ahí. El último fin de semana de marzo, al menos tres periodistas recibieron amenazas contra su vida. El caso más grave fue el de la periodista Karol Noroña, de GK, que tuvo que ser sacada del país por un riesgo inminente a su vida.
Por el momento no habrá muerte cruzada: el presidente se defenderá
Luego de horas de incertidumbre sobre la posición del presidente Guillermo Lasso ante el juicio político que la Asamblea Nacional tramitará por al menos 45 días antes de que deba comparecer, el mandatario anunció que respeta la democracia y que se defenderá ante el Parlamento. Así se desecharon rumores de una eventual renuncia para dar paso a la sucesión presidencial y de la muerte cruzada, con la que se enfrentaba el riesgo de un nuevo
levantamiento indígena. Luego de que, en un segundo intento para aprobar el dictamen favorable al juicio político desde la Corte Constitucional, el proceso retorna a la Asamblea Nacional, a trámite en la Comisión de Fiscalización. Falta aún el cumplimiento de los plazos establecidos para que el presidente presente sus descargos y, posteriormente, en el pleno, se votará en favor o en contra de su destitución, para lo cual se requieren 92 votos. El tono de la defensa presidencial está anunciado: no hay delito y hay afanes de desestabilización.
El 13 de marzo las relaciones entre Ecuador y Argentina se resquebrajaron al conocerse la salida de María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Vivienda en el gobierno de Rafael Correa, quien permanecía como “huésped” en la sede diplomática desde agosto de 2020. Duarte, sobre quien pesa una orden de prisión tras la sentencia por corrupción dentro del caso Sobornos 2012-2016, abandonó la Embajada argentina y desató un intercambio de acusaciones entre los gobiernos ecuatoriano y argentino, que fue en escalada. El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, acusó en una entrevista televisiva de “complicidad” del personal de la Embajada en Quito para que Duarte abandone la Embajada y aseguró que la versión del Embajador argentino en Ecuador, Gabriel Fuks, tuvo múltiples inconsistencias. Fuks fue declarado persona no grata y fue expulsado del país. Tras su salida de Ecuador Fuks acusó a Holguín de “mentiroso”. Como reacción, pocas horas después, Argentina también expulsó al embajador de Ecuador en ese país. La crisis escaló hasta los mandatarios de ambos países: el presidente Guillermo Lasso y el presidente Alberto Fernández, de Argentina, intercambiaron una serie de tuits sobre la salida de Duarte. Lasso acusó a Fernández de poner su amistad con Rafael Correa “por sobre la relación fraterna” entre Ecuador y Argentina. Fernández le respondió asegurando que la decisión de expulsar al embajador argentino había sido “desmesurada” y sugirió a Lasso que “corrija el error”.
Después de que la justicia ecuatoriana negara la posibilidad de presentarse en la Embajada de Ecuador, en Asunción, al expresidente Lenín Moreno y a su esposa, Rocío Gonzáles, su situación legal se complica. El 17 de marzo, la pareja intentó acceder a un hábeas corpus para evitar cumplir con la presentación semanal ante la justicia en Ecuador, como dispuso la Corte. Su abogado defensor, David Meza, explicó que Moreno no puede viajar por motivos de salud y recordó que es un hombre de 70 años, con una discapacidad, que supone una “doble vulnerabilidad”. La solicitud le fue negada. La disposición judicial fue realizada el 3 de marzo cuando la fiscalía general del Estado formuló cargos contra el expresidente y 36 personas más por el caso Sinohydro, antes conocido como Ina Papers. Según la Fiscalía, en esta presunta trama se encontraron irregularidades en torno del proyecto Coca-Codo Sinclair que habría operado entre 2009 y 2018 y acusó a la empresa a la que se le adjudicó el contrato de la hidroeléctrica de haber pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas para ser favorecida con el proyecto, monto equivalente a cerca del 4% del valor contratado por la obra. La misma situación que atraviesa Moreno con la negativa de la Corte, la atravesó en su momento el ex mandatario Rafael Correa, en junio de 2018. Mientras era investigado por el caso Balda, la jueza Daniella Camacho le ordenó presentarse ante la Corte Nacional de Justicia cada 15 días. Correa, quien ya residía en Bélgica, lo hizo ante el consulado en Bruselas, pero la justicia consideró que había incumplido con la orden y le dictó prisión preventiva.
La reapertura del caso Ina papers por parte de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, aparece en una coyuntura extremadamente compleja. La investigación fiscal coincide con el bajo nivel de aceptación del Gobierno, tras los resultados de la consulta popular y la acumulación de denuncias de corrupción en las principales empresas estatales y el entorno presidencial. La independencia de la Fiscalía, negada por el voto popular en la consulta, no solo fue derrota para el Gobierno, sino que significó un gran revés para la Fiscalía que desde hace varios años ha reclamado esa posibilidad frente a la Asamblea. La aspiración aparece como válida, pero evidencia también la necesidad de responder a requerimientos del Ejecutivo y de la embajada de Estados Unidos en el Ecuador que han sido públicos y directos, como han difundido en su momento los medios de comunicación nacionales. Plantear la independencia y la autonomía que debe tener la Fiscalía implica a la vez revisar los principios que la guían. Utilizar el caso Ina Papers como cálculo político se podría interpretar como un grave atentado contra la justicia del país y su institucionalidad, que incrementa la desconfianza de los inversionistas extranjeros en proyectos de gran envergadura.
La noche del 26 de marzo de 2023, un deslizamiento de tierra sepultó decenas de viviendas en Alausí, cantón de la provincia andina de Chimborazo. Según cifras oficiales, hasta el martes 28 de marzo, el hecho dejó 23 fallecidos, 37 heridos y al menos 72 personas desaparecidas. Toneladas de tierra sepultaron viviendas a más de 40 metros. ¿Esto se pudo prevenir? Desde diciembre del año pasado, los moradores del lugar ya habían pedido ayuda y reportado la situación a las autoridades. La respuesta no correspondió a la magnitud del hecho que se avecinaba. No es una situación nueva: desastre tras desastre es evidente que hubo la posibilidad de que tuvieron las autoridades correspondientes para prevenir consecuencias fatales, sin embargo, poco o nada se hace o ha hecho una vez que estos temas dejan de ser tendencia.
El géologo Alfredo Carrasco explica que el cantón y las zonas que rodean el eje de la Panamericana presentan una vulnerabilidad alta desde hace años porque “están rodeados por varias fallas geológicas”. A más de esa condición, en Alausí ha habido mal uso del suelo, pérdida de la cobertura vegetal, exceso de canales de riego y otros factores que han aumentado su vulnerabilidad a través de los años, según los expertos. Incluso, en febrero de 2023, la Secretaría de Gestión de Riesgos emitió un informe técnico que mostraba la existencia de grandes grietas en Alausí, con alto riesgo de hundimientos y deslizamientos. Como respuesta a este informe, el 19 de febrero se declaró en alerta amarilla a cinco barrios y a dos comunidades del cantón. De ahí no pasó… hasta el día de la tragedia que enluta al país.
La noche del 26 de marzo de 2023, un deslizamiento de tierra sepultó decenas de viviendas en Alausí, cantón de la provincia andina de Chimborazo. Según cifras oficiales, hasta el martes 28 de marzo, el hecho dejó 23 fallecidos, 37 heridos y al menos 72 personas desaparecidas. Toneladas de tierra sepultaron viviendas a más de 40 metros. ¿Esto se pudo prevenir? Desde diciembre del año pasado, los moradores del lugar ya habían pedido ayuda y reportado la situación a las autoridades. La respuesta no correspondió a la magnitud del hecho que se avecinaba. No es una situación nueva: desastre tras desastre es evidente que hubo la posibilidad de que tuvieron las autoridades correspondientes para prevenir consecuencias fatales, sin embargo, poco o nada se hace o ha hecho una vez que estos temas dejan de ser tendencia.
El géologo Alfredo Carrasco explica que el cantón y las zonas que rodean el eje de la Panamericana presentan una vulnerabilidad alta desde hace años porque “están rodeados por varias fallas geológicas”. A más de esa condición, en Alausí ha habido mal uso del suelo, pérdida de la cobertura vegetal, exceso de canales de riego y otros factores que han aumentado su vulnerabilidad a través de los años, según los expertos. Incluso, en febrero de 2023, la Secretaría de Gestión de Riesgos emitió un informe técnico que mostraba la existencia de grandes grietas en Alausí, con alto riesgo de hundimientos y deslizamientos. Como respuesta a este informe, el 19 de febrero se declaró en alerta amarilla a cinco barrios y a dos comunidades del cantón. De ahí no pasó… hasta el día de la tragedia que enluta al país.
Este primer trimestre de 2023, la economía del Ecuador se ha complicado. Los factores son varios. El 17 de marzo, el riesgo país llegó a 1.950 puntos —el más alto desde 2020— y ya está dificultando el acceso a financiamiento externo. Se prevé además que el déficit fiscal, que llegó a cerca del 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB), podrá elevarse al cierre del año. Y esto ocurre en un entorno en que Ecuador ya no puede acceder a más créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI) porque la entidad ya ha entregado al país más recursos de lo que normalmente presta a otras naciones. Hasta diciembre de 2022, la deuda de Ecuador con el FMI ascendía a 8.113 millones de dólares. Ahora, Ecuador debe buscar financiamiento a través de nuevas fuentes. Pero el alto riesgo país y la posibilidad de que el déficit fiscal aumente, dificulta esa búsqueda.
¿Y el petróleo?
Las perspectivas de la economía nacional se agravan con la caída de los precios internacionales del petróleo, combinada con la drástica caída de producción, que el 27 de marzo registró 369 mil barriles de petróleo por día. El Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, reconoció que la situación es compleja y que causará la reducción de la meta planteada para 2023. Estaba previsto que se produzcan 520 mil barriles de petróleo diarios, pero según Santos, se tendrá que reducir a 490 mil. El impacto generará un grave golpe para la economía, en un entorno en que la producción petrolera ha caído a su mínimo en 20 años, del descontento generalizado en comunidades de
la Amazonía que mantiene bloqueados los campos y exigen a Petroecuador beneficios que no le competen y que incluso están fuera de las leyes vigentes, como bonos especiales y afiliación a la Seguridad Social de todos los
integrantes de las comunidades, sin ser trabajadores de la empresa.
El Chat GPT es un modelo de lenguaje avanzado, entrenado con 175 mil millones de datos, que permite generar respuestas coherentes y contextuales a partir de una conversación en línea, con bajo margen de error. Esta herramienta de Inteligencia Artificial, altamente disruptiva, tiene importantes usos a nivel gerencial y de empresa con implicaciones en innovación, capacitación y reinvención de procesos. No se debe perder de vista que es un software y
como tal, las decisiones gerenciales pueden nutrirse de elementos más amplios y de calidad, pero no será el chat GPT el que las tome. No hay magia en el GPT, aunque parezca. Puede simplificar tareas, reducir sobrecarga de trabajo y proveer información para ganar eficiencia operativa. Es capaz, con las instrucciones precisas, de ordenar mejor la información, pero no necesariamente el rendimiento comercial. Tiene la posibilidad de detectar fraudes y sustentar la
planeación estratégica con opciones automatizadas de seguimiento y de evaluación. No podrá, por supuesto, cumplir las acciones y los procesos. En el servicio al cliente, reduce tiempos de espera y permite derivar casos especiales y, con la capacitación adecuada, comprenderá la intención del cliente para dar respuestas precisas esto, tomando en cuenta también interacciones previas. Es rentable y mejora el nivel de satisfacción. En definitiva, el Chat GPT permite hacer mejor el trabajo y que se sienta, así como mejorar la productividad. ¿Resultados? Muy variados, pero sobre todo escalabilidad de negocios, agilización y potencialización de procesos en el trabajo diario.
La popular red social Tik Tok es objeto de análisis ante una posible prohibición en Estados Unidos a causa de preocupaciones de seguridad nacional. Ante estas graves denuncias, varios gobiernos de occidente amenazan con tomar medidas contra la red social, prohibiendo inmediatamente que funcionarios de gobierno estén habilitados para usarla. Varios analistas sugieren que si bien el conflicto tiene como eje de discusión la creciente preocupación por el uso y seguridad de los datos, el trasfondo responde a la cada vez más tensa guerra comercial entre EE. UU. y China, por lo que si Ecuador decide alinearse a las estrategias de Washington ya sea con fines comerciales o necesidades políticas, sin duda, las repercusiones en la industria local de redes sociales y entretenimiento, así como en empresas que usan esta red para estrategias de marketing se verían afectadas en el mediano plazo. Solo en Ecuador, TikTok tiene más de 10 millones de usuarios activos mensuales y se ha convertido en una plataforma importante para crear y distribuir contenido. La cifra da ya la perspectiva de la afectación. Ante la eventual medida, los creadores de contenido y las empresas ecuatorianas tendrían que buscar alternativas para llegar a su público, limitando su alcance y rentabilidad. Las cifras y alcance de esta posibilidad están en evaluación, considerando también las limitaciones en materia de libertad de expresión y limitación de derechos.
