En 1947, Japón yacía en ruinas. Hiroshima y Nagasaki seguían cubiertas de polvo radioactivo y una nación entera estaba de rodillas. Decir en ese momento que Japón se levantaría no solo era impensable: era casi absurdo. Peor aún, sugerir que lo haría aliado con Estados Unidos —la misma potencia que había reducido sus ciudades a escombros— sonaba risible, como un desvarío optimista. Sin embargo, lo improbable se convirtió en inevitable. Japón se reconstruyó y para la década de los ochenta, lideraba industrias que movían el mundo, de la tecnología a la automoción, con una disciplina y un ingenio que transformaron las lecciones de la guerra en cimientos de progreso.
Hoy, Ecuador enfrenta su propio momento de crisis. La inseguridad ha plantado raíces en las calles. La economía se tambalea entre una deuda voraz y una informalidad apabullante.
El discurso dominante nos recuerda día tras día el peso de nuestras tragedias: el Estado quebrado, la corrupción sinfín, la violencia que parece incontrolable. Y así, al optimista se le margina, se le tilda de ingenuo, de no entender la gravedad del momento. Pero, como en el Japón de la posguerra, es precisamente en estos momentos cuando el optimismo —no el ciego, sino el valiente— se convierte en una herramienta revolucionaria.
Ecuador tiene las piezas, aunque actualmente parezcan dispersas. Tiene recursos naturales, sí, pero también talento humano y una generación joven que ha crecido
con la tecnología en la palma de la mano. Tiene ubicaciones estratégicas, oportunidades agrícolas, energéticas y tecnológicas que aún no hemos sabido aprovechar. Y, sobre todo, tiene ejemplos de reinvención global que nos enseñan que ningún país está condenado a su presente.
Hace décadas, nadie imaginó a Corea del Sur como líder en innovación. Tampoco que Alemania, desde las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, se alzaría como un baluarte económico europeo.
Esos casos no se forjaron únicamente con políticas acertadas, sino con la osadía de creer que era posible construir algo mejor.
El pesimismo, aunque cómodo, es una trampa. Nos exonera de responsabilidad, nos seduce con su fatalismo: “Así somos, nada cambiará”. Pero Ecuador, como Japón en el 47, está a las puertas de una elección. Podemos mirar nuestras ruinas y sucumbir a ellas o atrevernos a imaginar, con esfuerzo y valentía, una nación diferente.
No será rápido, ni sencillo, pero la historia nos recuerda que la reconstrucción siempre comienza con un acto de fe en el futuro. Que nos llamen ingenuos. Japón fue reconstruido por los “ingenuos” que no aceptaron que el mundo los definiera solo por sus derrotas. Hoy, Ecuador necesita ese mismo tipo de optimismo: lúcido, persistente y, sobre todo, valiente.
El 15 de enero de 2007, el advenimiento de Rafael Correa al poder allanó el camino para el nacimiento de un nuevo clivaje: correísmo vs. anticorreísmo. Esa disputa no solo se ha expresado desde la política partidista sino también a nivel de la opinión pública, academia, sectores económicos y, por supuesto, medios de comunicación. Hasta en las conversaciones cotidianas entre amigos o en la mesa de las familias. Durante 14 años, este clivaje marcó la agenda política de este país, haciéndose más evidente en los procesos electorales.
En 2013 y 2017, Guillermo Lasso (CREO) encarnó ese sentimiento anticorreísta, aglutinando en torno a él a múltiples sectores en la cruzada por derrotar al correísmo, incluyendo hasta tendencias diferentes a la propia; tal vez los dos ejemplos más llamativos fueron el MPD (hoy Unidad Popular) que apoyó a Lasso en la segunda vuelta de 2017, o la división de Pachakutik y parte del movimiento indígena, del que la hoy prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, se convirtió en el rostro visible de apoyo al líder de CREO.
En 2023, el anticorreísmo encontró su nicho en la candi datura de Fernando Villavicencio (Construye) tras el fracaso del gobierno de Lasso. El asesinato de Villavicencio supuso un voto de “cabreo” a favor de Christian Zurita, quien, sin hacer campaña, alcanzó un sorprendente tercer lugar, arrastrando un número de legisladores tal que convirtió a Construye, inicialmente, en la segunda fuerza parlamentaria.
¿Asistimos nuevamente a un escenario de polarización entre el correísmo y anticorreísmo? Sí, pero con una variante: el “Noboísmo” es hoy por hoy el nuevo caballo de batalla de los sectores que no comulgan con
la Revolución Ciudadana.
A saber: según todas las encuestas, Daniel Noboa disputa con Luisa González las primeras ubicaciones en
intención de voto y la distancia de ambos respecto de un tercero en disputa, insisto, al día de hoy, es astronómica.
En teoría Henry Cucalón podría/debería convertirse en esa tercera alternativa, la segunda que encarne el sentimiento anticorreísta, aprovechando que Jan Topic quedó fuera de la carrera electoral. Por ahora, a menos de un mes y medio de las elecciones, el panorama es este.
No obstante, ¿cuál es la diferencia entre el anticorreísmo clásico vs. el actual noboísmo? En su momento, Lasso logró, sobre todo, el apoyo del empresariado, la banca, parte de la academia y medios de comunicación, sectores con los cuales, por el contrario, Daniel Noboa no ha tendido puentes y más bien ha abierto diversos frentes de conflicto.
Ahora mismo, la crisis energética provocó una fractura entre el presidente y las cámaras de la producción, con cuyos líderes Noboa ni siquiera dialoga. Qué decir de los medios de comunicación, donde, con excepción de aquellos controlados por el gobierno y unos cuantos privados, hay una postura más bien crítica respecto de la gestión del líder de ADN.
Luego, es evidente que la sociedad hoy es distinta a aquella que encarnó esa batalla digital entre el correísmo y anticorreísmo, y en donde claramente la RC tuvo un papel protagónico. Los tiempos han cambiado, la visión de los jóvenes de hoy es distinta y, en ese rubro, Noboa parece estar un paso adelante, sin que el correísmo pueda descifrar esa lógica y cambiar ese manejo tradicional que ya no pega.
La campaña está a la vuelta de la esquina. Veamos en qué desemboca este nuevo clivaje.
La historia se repite 36 años después de la desaparición de los hermanos Restrepo, y coincide con la lamentable muerte de Pedro Restrepo, que luchó desde entonces por descubrir la verdad sobre la desaparición y el paradero de sus dos hijos.
Desde los trabajos de la Comisión de la Verdad se han documentado violaciones graves a los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes estatales. Estas prácticas se visibilizan periódicamente por décadas como un oscuro recordatorio de la incapacidad del Ecuador como Estado para romper el círculo vicioso de la impunidad.
¿Por qué no logramos salir de este ciclo? Porque el Estado ecuatoriano, pese a los compromisos asumidos ante la comunidad internacional y a las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —como en los casos Garzón Guzmán vs. Ecuador y Jorge Vásquez vs. Ecuador—, no ha sido capaz de investigar y determinar la responsabilidad individual de los perpetradores de estas violaciones. La falta de justicia extiende el dolor de las víctimas y sus familias y los infractores se escudan en la impunidad.
La declaración inicial de las autoridades nacionales, en la que descartaron la intervención de agentes militares en la desaparición de los niños, a pesar de que ellos habrían sido las últimas personas conocidas que los vieron con vida, refuerza el mensaje de que los excesos de algunos en la lucha contra el narcotráfico pueden ser ocultados por la institución militar.
¿Cómo es posible que la explicación sea que desnudaron a tres menores de edad y los abandonaron en una zona altamente peligrosa? Según la jurisprudencia internacional, existe una presunción de responsabilidad del Estado cuando la persona desaparecida estuvo en custodia de las autoridades al momento de su desaparición.
Debemos lamentar que, en estos casos, el conocimiento del público en general a través de la mediatización sea excepcional, y peor aún, que la conmoción social provoque el escrutinio necesario para que las autoridades empleen los recursos adecuados para que la verdad se manifieste. En el presente caso, esperemos que la indignación general permita revelar la verdad sobre el paradero de los cuatro niños desaparecidos y concientizar sobre la obligación del Estado de sancionar a los responsables de esta tragedia.
El problema central radica en la incapacidad de consolidar la sanción de manera individual y efectiva a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, sean quienes sean. Mientras esta impunidad sistémica continúe, el Ecuador seguirá siendo un terreno fértil para la repetición de estas tragedias.
En este caso la conmoción colectiva ha propiciado el escrutinio público necesario para exigir acción de las autoridades. Este impacto ha impulsado el uso de recursos destinados a esclarecer la verdad. Sin embargo, es fundamental que, incluso en ausencia de aquello, cada caso sea investigado con la misma rigurosidad, garantizando la identificación y sanción de los responsables. Es imperativo recordar la obligación del Estado de proteger los derechos humanos y asegurar justicia para Todos
La volatilidad será la marca del planeta. Así coinciden el más reciente informe del Foro Económico Mundial y los análisis del Banco Mundial, la CEPAL y la OCDE.
Las tensiones geopolíticas y geoeconómicas, los desafíos macroeconómicos y el aumento de amenazas cibernéticas se perfilan como los principales riesgos que podrían impactar las economías globales y las operaciones comerciales.
Los conflictos en Medio Oriente, Ucrania y Sudán, junto con las incertidumbres políticas en Estados Unidos, agravan esta volatilidad. En este entorno, Amé- rica Latina y Ecuador enfrentan desafíos, pero también oportunidades estratégicas para su desarrollo.
América Latina: Riesgos y oportunidades en un escenario incierto
El nearshoring y el friendshoring están reconfigurando las cadenas globales de suministro. Si bien esto implica riesgos a corto plazo para América Latina, también abre la puerta a nuevas oportunidades. Políticas que atraigan inversión extranjera directa y promuevan la construcción de capacidades tecnológicas locales pueden posicionar a la región como un nodo estratégico en las cadenas globales.
Por otro lado, la revolución tecnológica, impulsada por la inteligencia artificial y los efectos de la crisis climática plantean retos significativos para los mercados laborales, la sostenibilidad ambiental y la productividad económica.
Contestar si Noboa debe o no pedir licencia para la campaña no es una cuestión sencilla. Hay dos motivos que complejizan la respuesta: primero, no existe un régimen normativo claro para un periodo de mandato irregular como el que vivimos ahora con la muerte cruzada; y, segundo, hay que leer adecuadamente el artículo 93 de la Ley Electoral.
Las autoridades que podían haber dilucidado las dudas sobre la aplicación de la Ley Orgánica Electoral, tanto Procuraduría General del Estado como Consejo Nacional Electoral, en junio de 2024, limitaron su pronunciamiento al señalar que no podían interpretar lo dispuesto por el artículo 93 de dicha ley ni extenderse en lo ya interpretado por la Corte Constitucional, dejando así a los ecuatorianos con una duda que no se ha zanjado a pesar de la proximidad de los eventos electorales.
Algunos abogados han señalado que para ellos no cabe ninguna duda que Noboa sí debería solicitar licencia, dando sus criterios e interpretaciones; sin embargo, son solo eso, interpretaciones. Además, como en muchas ocasiones sucede con el Derecho, puede existir más de una interpretación y en mi criterio y el de otros profesionales como el Dr. Rafael Oyarte, al tratarse el actual de un periodo irregular, no puede hablarse de una reelección inmediata, por ello no hay la necesidad de requerir una licencia, como pasaré a analizar, revisando justamente los dos motivos que hacen que la respuesta no sea tan sencilla.
Primero revisemos entonces la disposición del artículo 93 del Código de la Democracia, que en su parte pertinente señala: “… Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral”.
Esa disposición que parecería muy clara es la que utilizan muchos al señalar que el presidente Noboa sí debe pedir licencia pues se está reeligiendo al cargo y por lo tanto caería en lo dispuesto por la ley. Ahora la pregunta es ¿se trata la elección actual de una “reelección” en el marco de lo dispuesto por la norma?
Ahí es cuando entra en juego la sentencia de la Corte Constitucional, que en 2010 señaló, interpretando la Constitución, que cuando se concluye un período irregular previo a una elección, dicho periodo irregular no puede ser tomado en cuenta como reelección; lo que ahora nos permitiría afirmar que al estar Noboa finalizando un periodo irregular no puede hablarse de reelección, en el marco de lo dispuesto por el artículo 93 del Código de la Democracia.
Además, el mismo artículo 93 nos da una pista de lo que se debería entender por reelección en su cuarto inciso al mencionar en su parte pertinente:
“Se entenderá por reelección, igualmente, la de las autoridades que habiendo sido elegidos para un cargo han pasado a desempeñar por subrogación definitiva otro cargo de elección popular, siempre que tal subrogación se haya producido con dos años de anticipación por lo menos, a la fecha de presentación de sus candidaturas para su inscripción.”
De la lectura del mencionado inciso podemos observar lo que en su momento el legislador quiso que se tome en cuenta como una reelección si existían cuestiones fuera de lo normal, como cuando una autoridad ha pasado a subrogar un cargo de elección popular. En dicho caso, el subrogante –esto es quien ahora ocupa el cargo que fue dejado vacante–, solo debería pedir licencia de forma obligatoria si la subrogación se produjo por lo menos dos años antes, es decir, si tiene menos de dos años ya no se va a considerar como una reelección y por ende ya no debe pedir licencia.
Así entonces, por ejemplo, si Noboa hubiera asumido la presidencia como subrogante de Lasso, al estar menos de dos años principalizado en el cargo, no se consideraría reelección y no debería pedir licencia de forma obligatoria.
Es por ello por lo que, estoy convencido, que la interpretación más adecuada a la actual situación es la que afirma que el presidente no debe, pues no es obligatorio, pedir licencia para realizar su campaña electoral, al estar menos de dos años en el cargo inclusive el caso análogo no le aplica.
Dadas las actuales circunstancias de inestabilidad política que vive nuestro país por la rencilla entre el presidente y la vicepresidenta, complicaría aún más el panorama del gobierno al dejar en manos de una persona cuyo objetivo evidentemente no será gobernar sino tomar revancha.
Así entonces, considero que le corresponde al presidente Noboa decidir si toma o no licencia para hacer su campaña electoral; y que, tomando en cuenta que debe velar por la estabilidad del Ecuador, consideraría que lo más adecuado sea que no solicite dicha licencia y que haga campaña dentro de este régimen irregular, que le permite tomar licencia, pero eso sí, sin aprovecharse del aparataje estatal, tal como lo prescribe el supuesto análogo establecido en el cuarto inciso del artículo 93 del Código de la Democracia.
Desde 2021 se han incorporado a la legislación ecuatoriana medidas que permiten la deducibilidad del Impuesto a la Renta (IR) por concepto de patrocinio a proyectos deportivos y culturales.
Estas disposiciones supusieron modificar varios cuerpos legales, reglamentos, ante todo, y expedir acuerdos ministeriales que regulen los procesos.
Es una experiencia nueva en materia tributaria y de fomento para los sectores de deporte y cultura. Consiste, básicamente, en que las empresas destinen de manera directa los valores que cancelarían por concepto de IR a iniciativas relacionadas.
No obstante, esto supone una reducción en los montos a recaudarse que el gobierno central está dispuesto a asumir y que se traduce en un cupo que varía año tras año, dependiendo de su ejecución.
A partir de agosto de 2024, la medida se extendió a proyectos desarrollados por entidades sin fines de lucro que se enfoquen en la atención a personas con discapacidad. El procedimiento para la aplicación está a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
A pesar de que la deducibilidad tiene pocos años de vigencia, el proceso de emisión de certificados ha pasado por varias modificaciones para simplificar el trámite de la aplicación por parte de los diferentes beneficiarios.
Aunque cada cartera de Estado presenta especificaciones para acceder al certificado de deducción, el proceso general es el mismo:
- Presentar un proyecto a ser priorizado o calificado por el área designada en el ministerio respectivo;
- Buscar una empresa o entidad patrocinadora, que será la beneficiaria directa de la deducibilidad;
- Ejecutar el proyecto guardando facturas, comprobantes, actas entrega-recepción y otra evidencia válida para verificar el cumplimiento;
- Presentar los documentos para su verificación en el ministerio correspondiente y
- La emisión del certificado por el monto que se justifique.
