En las últimas semanas Ecuador enfrentó una severa crisis de energía eléctrica con cortes de hasta 8 horas que frenaron la industria y el sector comercial y afectaron críticamente los servicios de salud y educación, causando pérdidas económicas estimadas en 12 millones de dólares por hora por parte de los gremios.

Este dramático escenario fue el resultado de una combinación de eventos climáticos extremos y un aumento significativo en la demanda de energía, evidenciando una tormenta perfecta en la gestión de recursos energéticos del país. Durante el año pasado la demanda de potencia y energía en el Sistema Nacional Interconectado (SNI) experimentó un incremento del 10.6% y 9.9% respectivamente, casi triplicando los aumentos del año anterior.

Este fenómeno estuvo estrechamente relacionado con El Niño, que calentó el Océano Pacífico ecuatorial más de lo usual, eliminando la temporada fría habitual y elevando el consumo eléctrico por el uso extendido de aires acondicionados y ventiladores en áreas residenciales, comerciales e industriales.

Desde mayo de 2023 hasta marzo de 2024, la demanda real de energía superó constantemente las proyecciones, y se espera que la situación empeore con la futura integración de los sectores petrolero, camaronero y minero al SNI, que demandarán unos 500 MW adicionales cada año en los próximos 3 años.

Se requiere durante los próximos años una inversión anual de entre 1100 y 1300 millones de dólares para abastecer la creciente demanda del país.

La respuesta institucional a estos desafíos ha sido lamentablemente inadecuada. La falta de visión estratégica por parte del gobierno y las entidades reguladoras ha dejado al país mal preparado para enfrentar estas amenazas previsibles. La corrupción y la falta de inversión en infraestructura han devorado recursos que podrían haberse invertido en mejorar el sistema energético.

En un intento por manejar la crisis, el Ministerio de Energía y Minas ha recurrido a medidas de emergencia como la contratación de barcazas y la reparación de unidades termoeléctricas, que, aunque necesarias, son costosas y no ofrecen soluciones a largo plazo. Se planea reemplazar el parque termoeléctrico antiguo y se busca financiación de emergencia para que CELEC ejecute proyectos del Plan de Expansión de Generación. Además, se contempla la explotación del Gas Natural y la activación de megaproyectos renovables que han estado en espera, como El Aromo, de 200 MW.

Sin embargo, hay alternativas innovadoras que merecen atención. La democratización de la generación de energía, en que ciudadanos y empresas puedan generar su propia electricidad, ofrece un enfoque revolucionario. En lugar de concentrarse en grandes plantas de 200 MW, Ecuador podría promover la instalación de miles de proyectos de 20 KW. Estos proyectos generarían energía directamente en los lugares de consumo, reduciendo la dependencia de grandes infraestructuras y minimizando el impacto ambiental.

Brasil ofrece un modelo exitoso de generación distribuida, habiendo instalado 7.9 GW en 2023, lo que beneficia a más de 2.3 millones de clientes. Adaptando este modelo, Ecuador podría haber conectado aproximadamente 473 MW de generación distribuida, beneficiando a unos 198.000 consumidores.

La participación ciudadana en la generación de energía no solo podría mitigar la crisis energética de manera efectiva, sino también crear empleos verdes, revitalizar la economía y transformar una crisis en una oportunidad de desarrollo sostenible. En tiempos de crisis, cambiar nuestra perspectiva y permitir que nuevas ideas y actores participen activamente puede ser clave para encontrar soluciones duraderas y justas.

Este enfoque requiere un compromiso real con la innovación y la colaboración comunitaria. Ecuador tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo en la gestión de energía, mostrando que es posible construir un futuro energético más resiliente y equitativo. Enfrentando estos retos con audacia y convicción, podemos asegurar un legado de sostenibilidad y equidad para las futuras generaciones.