Estaba almorzando con un experto internacional en comunicación política que fue ministro y asesor de Dahik, Lasso, Moncayo, Borja, entre otros reconocidos políticos del país. Hablando sobre la edad de los actuales ministros me dice, palabras más, palabras menos: “cuando nosotros ingresamos a la primera alcaldía de Jamil, para los políticos de ese entonces, éramos unos niños, nos deslegitimaban por la edad, nos bloqueaban y tenían la certeza de que no íbamos a lograr nada”. En resumen, años después acompañaron a varios políticos que llegaron a Carondelet.
Los cambios generacionales suelen tener ese tinte. Otro líder político en su momento apostó por jóvenes para dirigir ministerios: fue el ex Presidente Rafael Correa. De ahí nacen muchos de los líderes actuales de la Revolución Ciudadana, que indistintamente a cualquier tendencia, a nivel de organización y resultados siguen siendo la mayor fuerza política en el Ecuador. Su futuro hoy tiene muchas similitudes a lo que pasó con el bucaramismo, pero eso es otra historia.
El gabinete de Daniel Noboa ya es un hecho. Lo que en un inicio parecía un globo para medir la resistencia que podría generar esta medida, ya es una realidad. Una foto de inicio de gobierno en donde como primera señal es que hay paridad de género, la mitad de su gabinete son mujeres. Segundo, hay transición generacional del poder: de los 25 cargos ministeriales, la mitad son profesionales menores de 45 años.
¿Qué nos puede deparar un escenario donde, en un año, estaremos nuevamente en elecciones?
No podemos romantizar la gestión en el sector público, es compleja y altamente técnica. Apostar por la juventud presentará escenarios de pronunciamientos y acciones equivocadas. La clave está en saber enmendar, reconocer y tener fusibles que cuando sea necesario quemarlos, cumplan esta función. Los grandes líderes dicen: Demórate en contratar, no te demores en despedir.
Ver las cosas con perspectivas nuevas es una ventaja competitiva. A corto plazo es importantísimo tener resultados visibles, tangibles y medibles. Tener jóvenes liderando estas acciones ayuda a quitar el temor de ejecución que podrían tener políticos con larga experiencia.
Con 40 o 45 años es posible trabajar 15 horas, tomar un café en la mañana, hacer ejercicio y seguir trabajando. Entre su equipo es conocido el ritmo de trabajo de Daniel Noboa. Esperamos que su gabinete esté a la altura de las necesidades urgentes que tiene el Ecuador.
3. Deducción adicional de impuestos de plazas de trabajo para jóvenes de entre 18 y 29 años. Cursa en contratos fijos de al menos un año, inscritos en el Ministerio de Trabajo. La deducción aplica a sueldos y salarios sobre los que se aporta a la seguridad social. En la creación de 12 plazas de trabajo, la deducción será de 20% y va hasta 500 plazas, con 90%. No aplica a parientes de hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del empleador.
El resultado de la medida podría no ser el esperado porque no ha considerado que la mora podría ser por quiebra o desaparición de las empresas que, en esa situación, no
Las elecciones anticipadas a las que el país asistió tras la aplicación de la “muerte cruzada” supuso el nacimiento de una nueva Asamblea Nacional que, sin embargo, en cuanto a su distribución se parecía mucho a aquella que fue disuelta el 17 de mayo pasado.
Hagamos memoria: la legislatura que se instaló el 14 de mayo del 2021 contaba con:
Ambas composiciones tienen un denominador común: la atomización; parlamentos en los cuales ninguna fuerza política logró por sí sola ser mayoría, por lo que cualquier decisión requería acuerdos mínimos para garantizar el número mágico de 70 votos, que forman una mayoría absoluta y son indispensables para cualquier decisión legislativa.
Claramente ese fue el problema medular de la Asamblea disuelta: Un acuerdo político contra el gobierno de Guillermo Lasso, con Pachakutik, ID, y el denominado bloque de Acuerdo Nacional (BAN), que aglutinó legisladores de CREO e independientes aliados.
Ese entendimiento, como se demostró después sirvió únicamente para elegir autoridades y distribuirse las comisiones legislativas, pero jamás se tradujo en un compromiso de gobernabilidad que garantice la coexistencia entre Ejecutivo y Legislativo. Lo demás ya es historia.
El pasado 17 de noviembre, se activó una impecable operación política que permitió a Henry Kronfle (PSC) ser elegido presidente de la Asamblea con un número de votos inédito en la historia política del país: 128, equivalente al 93% de la integración del Parlamento.
Esa misma lógica funcionó para elegir las 2 vicepresidencias, integrar el Consejo de Administración Legislativa y distribuir las 15 comisiones legislativas especializadas permanentes.
¿Cómo fue posible? Se cristalizó una alianza política entre Revolución Ciudadana, la bancada más numerosa; PSC y ADN que representa al oficialismo por sí sola. Las tres fuerzas políticas tenían asegurado el número suficiente para ser mayoría, pero fueron más allá.
Los socialcristianos se registraron con 18 asambleístas, pues incorporaron 4 más que llegaron en alianza, mientras ADN se registró con 25 legisladores, al sumar 11 de sectores políticos minoritarios. No contentos con ello, la negociación abarcó a asambleístas por fuera del acuerdo, como Construye y Gente Buena, que terminaron apoyando a Kronfle.
Ello permitió al movimiento que respaldó la candidatura del asesinado Fernando Villavicencio acceder a una representación en el CAL.
Claramente esta operación política tiene un signo:
¡pragmatismo! Así lo entendió Daniel Noboa: parece haberse visto en el espejo de su predecesor, quien previo a la instalación del Parlamento en 2021 rompió el compromiso que había hecho con el correísmo y los socialcristianos. Noboa no hizo caso a las mismas voces que 30 meses atrás sí fueron escuchadas por Lasso; el nuevo presidente mantuvo su palabra e incluso ha defendido el acuerdo.
Pero, como en todo, no hay certezas del futuro y por ello, se viene la primera gran prueba de fuego: la reforma enviada por Noboa a la Asamblea como urgente en materia económica.
El trámite de la iniciativa, que no puede pasar de 30 días (hasta el 27 de diciembre) mostrará al país un primer resultado posterior a la elección de autoridades legislativas. A priori, las reacciones de correístas y socialcristianos han sido positivas, lo que augura buenas perspectivas de que la reforma sea aprobada, seguramente con cambios que, si el gobierno no quiere complicaciones, deberán ser consensuados entre
Ejecutivo y Legislativo para que no haya veto y la norma entre en vigencia el 1 de enero de 2024.
Si esto se logra, el panorama podría ser esperanzador… y la esperanza es lo último que debemos perder.
En las épocas de boom (camarón, cacao, banano, petróleo) la abundancia incrementa los ingresos y la capacidad de endeudamiento. El país aprovecha y lo gasta todo y, muchas veces mal, para intentar resolver las acuciantes necesidades de la población. Cuando caen los ingresos, no se ajustan los gastos, la calidad crediticia desaparece y el problema fiscal se ahonda. Ese ha sido el ciclo “natural” de las finanzas públicas republicanas.
Al Ecuador le ha costado sangre, sudor y lágrimas cumplir el programa con el Fondo de 2020 que fue muy exigente. Entre otras cosas, limitó al máximo cualquier opción de financiamiento no convencional al Gobierno, lo que hoy resulta un problema cuando cesa el apoyo multilateral y no hay financiamiento externo. Aun habiendo alcanzado todos los objetivos fiscales y monetarios e.g. equilibrio fiscal del Sector Público No
Financiero y acumulación de reservas internacionales a máximos históricos, no se logró el principal objetivo: recuperar el acceso a los mercados. Pese a que se cumplía a rajatabla el programa, el mercado ya leía el problema de gobernabilidad, la incapacidad de llegar a acuerdos mínimos para manejar la nación y el riesgo país se mantenía elevado, imposibilitando una emisión de bonos soberanos. La protesta social de 2022 configuró el escenario para que los inversionistas anticipen una alta probabilidad de impago que se fue confirmando con un escenario político que minaba la credibilidad del país, escándalos de corrupción y finalmente la muerte cruzada. Los mercados ven en
Ecuador la crónica de un default anunciado con un riesgo país prohibitivo que supera los 2.000 puntos. En el camino, el Gobierno anterior fue acumulando errores de política económica. La congelación del precio de los combustibles y su posterior reducción no logró su objetivo político, pero sí le restó recursos.
La teoría de reducir impuestos para subir recaudación y dar marcha atrás en la reforma tributaria que el mismo gobierno propuso, es otro error que los financistas externos leyeron a tiempo y dejaron al fisco con menos herramientas para enfrentar la crisis actual.
La caravana de pagos de deudas históricas con la caja, cuando no existe financiamiento junto con la caída de la producción petrolera puso en jaque a la tesorería del Estado.
La solución terminó siendo peor que la enfermedad. Ante la iliquidez estatal se recurre a atrasos con el sector
Hasta 56 por ciento de la energía hidroeléctrica del país. Eso ha llegado a generar Coca Codo Sinclair durante esta oscura etapa del estiaje. El 24 de noviembre alcanzó un récord de 1.440 megavatios de producción, con sus 8 turbinas funcionando, de acuerdo con información oficial de CENACE.
Y lo más notable es que en este mes que termina, pasó de ser mala palabra y de sinónimo de elefante blanco, a obra fundamental del sistema. Uno de sus más altos detractores, el ex Ministro de Energía Fernando Santos, dijo hace un año que “sobre su cadáver aceptaría esa planta mal hecha”, casi que la central era un armatoste, pero después de declarada la emergencia y los cortes programados, afirmó (sin recordar sus declaraciones pasadas, ni él ni el entrevistador) que, sin Coca Codo Sinclair, la situación sería tan grave que podría sumir al Ecuador a la oscuridad por cinco años. Para establecer la magnitud, Primicias indicó que de los 7.524 megavatios que puede producir la infraestructura nacional, 5.179 corresponde a hidroenergía y de eso, alrededor de 50% son de esta central.
Medios de comunicación y líderes de opinión que hace seis meses y durante siete años (desde el inicio de operación de Coca Codo Sinclair) advirtieron de fisuras, de riesgos de que explote, de que los materiales eran de bajísima calidad, de que fue un gasto escandaloso sin justificación, han cedido posiciones y opiniones frente a la evidencia.
Como la canción, este es un caso más de “la realidad y nada más”. Ahora tocará que el nuevo Gobierno emprenda en disponer mantenimiento adecuado, protección frente al proceso natural de erosión regresiva y ¿quién sabe? quizás salir del limbo que ha mantenido el Estado ecuatoriano de no recibir definitivamente la central desde que empezó a funcionar.
Garantizar que no se replique una situación de esta magnitud no podrá ser asumido por el Gobierno Nacional -en su peor momento, como dijo el Presidente Noboa- por lo que tendrá que actuar el sector privado, con reglas claras y seguridad jurídica que, por lo menos un año y medio se mantengan.
Una vez terminada la pandemia, la demanda a escala mundial impulsó un proceso inflacionario sin precedentes, efecto del estancamiento de la oferta por más de un año, producido durante la C-19.
Inmediatamente después, y desde 2021 hasta la presente fecha, el problema de demanda ha sido afectado por un problema de logística adicional a nivel en el Mediterráneo, producto de dos conflictos bélicos: i) La operación especial de Rusia a Ucrania y ii) La incursión de Hamás en territorio de Israel.
Las dos guerras se caracterizan por mantener la presión al alza de la demanda de productos primarios, tradicionalmente exportados por Ucrania -devastada por más de 18 meses y con los consiguientes problemas geopolíticos y logísticos en la costa este del Mediterráneo por una tensión en lo que se refiere al transporte marítimo y sus costes, en un marco de la presión al alza de las tasas de interés en el mundo, con beneficiarios tradicionales, como aquellos que forman parte del sistema financiero internacional y local.
Ambos conflictos tienen aristas distintas con varios denominadores comunes, en que el más destacables en que Occidente ve en Hamás y Rusia como y bajo esa lógica todo pretende alinearse a un relato en este sentido, sin embargo, ¿cuáles son las oportunidades de Latinoamérica en este contexto? Esbocemos seis:
Una primera gran oportunidad está dada por el fortalecimiento y la presión por la apertura de los sistemas financieros latinoamericanos junto a la posibilidad de masificar el acceso a la banca-utópicamente en el corto plazo- con tasas de interés razonables / costos transaccionales mínimos – vía la apertura a bancos internacionales en la región y plataformas financieras-.
Latinoamérica como receptora récord de remesas provenientes de los propios migrantes, con un crecimiento sostenido y la oportunidad de mercado para la participación de plataformas como Bizum en la región, o la misma Apple, un negocio fácil y per se de una disputa sin precedentes a escala global por la región.
La profundización de la disputa por el mercado de Latinoamérica, entre Estados Unidos y China, luego de que América no haya hecho nada para que el intercambio comercial entre China y la región pase de 14 mil millones de dólares en el año 2000 a 500 mil millones en 2022, 35 veces en +2 décadas.
Como estrategia del punto precedente, Estados Unidos está orientando sus esfuerzos hacia el Nearshoring, una apuesta por invertir cerca (México y en general Latinoamérica) y gestionar así mejor su cadena de abastecimiento. Esto, en detrimento del riesgo que ha supuesto invertir Offshore en la producción de bienes en lugares fuera de su órbita: India, Tailandia,
China, por ejemplo. Y, así, mantener un mejor control de su capacidad. Crecimiento de las exportaciones de México y Brasil que impulsará un PIB de ~3% para 2024 en Latinoamérica.
Latinoamérica como productor líder de energía renovable y limpia en el mundo gracias a las cuencas hidrográficas que le dan ventaja competitiva a la región respecto de otras. Estas seis oportunidades hacen que en Latinoamérica la inflación tienda a estabilizarse y se reduzcan las tasas de interés en un contexto 2024.
