-8 de septiembre: Activación de estructuras bots en contra de González por sus declaraciones sobre Venezuela.
-16 de septiembre: Andrés Arauz declaró que el riesgo país bajó a raíz de la muerte de Fernando Villavicencio.
– 17 de septiembre: Se especula que un líder de Los Lobos habría financiado la campaña de Luisa González.
– 30 de septiembre: Christian Zurita señala que la candidata del correísmo carece de un plan para abordar el problema de drogas.
– 2 de septiembre: Día con mayor cantidad de negatividad, activación de estructuras correístas en contra de Noboa.
– 14 de septiembre: El candidato manifiesta que las mujeres se embarazan por gusto.
– 21 de septiembre: Verónica Abad plantea que la seguridad social debe privatizarse.
– 27 de septiembre: Joven ridiculiza a Noboa por el pago de impuestos de su empresa.
– 19h00: Inicia el debate de mejor manera que su contendor, pero con el mismo nerviosismo.
– 20h00: Varios expertos y actores políticos critican sus respuestas.
– 21h00: Cierra el debate de forma más segura
– 19h00: Inicia el debate nervioso.
– 21h00: Cierra el debate más seguro, dando respuestas más convincentes.
– 20h00: Incrementan las críticas en redes a Noboa: sus respuestas no convencen.
Una tras otra fueron las polémicas declaraciones que hicieron los vicepresidenciables, con impacto en audiencias que las receptaron muy mal. Tanto así que los desaparecieron y los presidenciables más bien se mostraron sin ellos en esta fase de segunda vuelta. Más radical fue Noboa quien envió a Verónica Abad a la delicadísima tarea de ganar votos (optativos) en el exterior, bien lejos de los votos a sumar para la elección de segunda vuelta.
Quitar a las empresas el sufrimiento de pagar el seguro social fue una de las perlas de Abad con la propuesta de privatizar la salud pública, en uno de los temas más sensibles que, con solo mencionarlo, genera graves fricciones, aún más si con una medida así se faltaría al derecho constitucional de acceso a salud gratuita, provista desde el Estado.
Si es candidato, no es analista. Este principio importante no lo ha asimilado Andrés Arauz y al hablar académicamente de la dolarización y de los ecuadólares como medida antiinflacionaria, generó el más fuerte golpe a la candidatura de la RC: que, de llegar al poder, acabarán con el modelo económico que rige desde 2000.
Que las mujeres cuando son madres deben ganar menos que los hombres porque no trabajan igual.
Así lo afirmó Abad. Feministas y no feministas se horrorizaron, con la ventaja que los medios de comunicación no lo difundieron mucho (y las organizaciones de mujeres tampoco).
El “anuncio” de la reunión con los 10 más buscados. Sacado de contexto y con todos los rumores alrededor, la afirmación no debió hacerse, así como tampoco debió ocurrir aquella en que, acomodando palabras, se le adjudicó a Arauz: que el gobierno de la RC sí robó pero hizo obras.
Si quieren buena educación para sus hijos, que los padres trabajen, pero no es responsabilidad del Estado. Así de sensible se mostró la candidata. Pero la realidad es que muchos ecuatorianos no tienen trabajo o acceden a lo que hay, en niveles económicos bastante bajos como para pagar la educación que quisieran para sus hijos. Y con otro pequeño detalle: entre las responsabilidades constitucionales del Estado, está también la de educación gratuita y de calidad.
¿Protagonismo?, ¿problemas al expresar las ideas?, ¿sensibilidad bastante baja? Eso lo sabremos cuando uno de los dos postulantes ocupe la vicepresidencia del Ecuador. Por sus acciones los conoceréis.
A días del balotaje que decidirá quién gobernará el Ecuador, en la disputa entre una corriente que lideró al país durante una década, omnipresente en las elecciones de 2019, 2021 y 2023 y que algunos ya colocan como parte de la “vieja clase política”, versus la sorpresa de las elecciones anticipadas, aquel que no constaba en el radar de nadie, que de pronto creció exponencialmente tras el asesinato de Fernando Villavicencio y por su papel en el debate de la primera vuelta, y que tuvo la virtud de no encarnar el feroz e insoportable dilema del “correísmo/anticorreísmo”.
Otra vez, la expectativa se marcó por el debate de segunda vuelta, la conversación post-debate y las estrategias para el tramo final de la campaña, pero, en medio de eso, hay un elemento del que poco se ha hablado, casi epidérmicamente: si ganan, ¿con quiénes gobernarán Luisa González o Daniel Noboa? Desde ambas campañas, la información sobre eso ha sido, sino inexistente, al menos a cuentagotas.
Dos días después de alcanzar el pase a la segunda vuelta, Noboa solo una vez se refirió a posibles nombres y solamente cuatro: Iván Carmigniani, quien sería Secretario de Comunicación; Iván Wong, Ministro de Agricultura; Sonsoles García
León, en Producción; y Gabriela Sommerfeld, en Relaciones Exteriores (golpeada por el cierre abrupto de EcuaAir).
Carmigniani figura en su hoja de vida como especialista en gestión de marketing, negociación, planificación comercial, atención al cliente, publicidad y desarrollo de negocios. Ha sido gerente de Mercanoboa, la agencia del Grupo Noboa, que manejó las 5 campañas presidenciales de Álvaro Noboa, padre del candidato.
Wong proviene de una familia vinculada a la producción y exportación de banano y es presidente la multinacional Dole. Es decir, conoce el sector por dentro. García León es especialista en manejo aduanero y comercio exterior con una amplia formación académica y práctica, mientras Sommerfeld, conocida empresaria en el sector de la aviación, ha sido gerenta de Aerogal y de Equair, ambas desaparecidas. Dirigió la Cámara de Comercio de Quito y tiene estrechas relaciones con el sector hotelero.
No ha habido más pistas, solamente otra: en el curso de la campaña adelantó que le encargará a su com pañera de fórmula, Verónica Abad, la relación con los ecuatorianos residentes en el exterior.
Del lado de Luisa González, ha manejado con extrema reserva los nombres de quiénes integrarían su equipo de gobierno y se ha limitado a reconocer insistentemente que el expresidente Rafael Correa será su “principal asesor”. El silencio sobre su eventual equipo ha contribuido a alimentar el morbo sobre si ella tendrá suficiente autonomía para tomar decisiones.
En su entorno de campaña aparecen personajes como el español Fernando Casado, uno de sus asesores más cercanos; el jurista Romel Jurado, coautor del texto de la Ley de Comunicación de 2013, y Orlando Pérez, exdirector de diario El Telégrafo, actual director de Radio Pichincha Universal y de Telesur en Ecuador. En cuanto a su vicepresidenciable, Andrés Aráuz, ha anunciado que será parte del equipo económico de su eventual gobierno.
Unos u otros serán, en unos días más lo sabremos.
El censo es más que un simple conteo, son los datos que permitirán al Ecuador definir su hoja de ruta por 10 años. Un censo mal hecho puede condenar al país al fracaso. El censo presentado la semana pasada debe ser auditado sin injerencia del INEC.
El censo se realizó con un nuevo método, con falta de recursos, en medio de una pandemia y una crisis de violencia. Estos factores sin duda afectaron la calidad de la información obtenida. Cuando los relatos matan a los datos, el país está condenado al fracaso.
La calidad de los datos del censo afecta la asignación de recursos, por lo que es crucial asegurarse de que los resultados reflejen la realidad nacional de la forma más exacta posible.
Los datos precisos del censo son vitales para que las empresas tomen decisiones informadas. Asegurar su confiabilidad es fundamental para fomentar el crecimiento económico.
Las políticas de vivienda y las decisiones de planificación urbana dependen de los datos precisos del censo. Aseguremos que los resultados
sean correctos.
Las políticas educativas deben reflejar la realidad capturada por el censo. Un debate sólido puede ayudar a definir el camino correcto a seguir.
En tiempos de crisis climática, como desastres, los datos del censo en los que confiamos deben ser confiables. Examinemos y mejoremos su precisión.
Las organizaciones comunitarias dependen de datos precisos del censo para dirigir su apoyo. Aseguremos que reflejen las necesidades de
nuestras comunidades.
La representación justa en el gobierno es un objetivo fundamental. El debate en torno a los resultados del censo resalta la importancia de contar con datos precisos.
En un Ecuador posterior al censo, la discusión pública y el escrutinio de los resultados son vitales. Juntos, podemos asegurar la calidad de estos valiosos datos.
El gobierno saliente deja a la deriva la priorización de proyectos de inversión destinados a comprometer recursos públicos en el corto plazo, lo que se vuelve uno de los mayores retos para cualquier gobierno que gane las elecciones ecuatorianas el próximo 15 de octubre, más allá de los resultados del debate de este domingo 1 de octubre.
El estiaje y El Niño son un embate a un gobierno en soletas, con una nueva Asamblea Nacional de mayorías móviles (ingobernabilidad sistémica) que enfrenta la imposibilidad de normativa tributaria nueva para incrementar financiamiento de la cosa pública y será la capacidad de gestión de la función ejecutiva y la efectiva coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados las que permitirán concluir un periodo gubernamental de los más cortos de la historia, en términos formales.
Junto a la gobernabilidad, la gestión de la liquidez son los retos más importantes del próximo gobierno para enfrentar 5 ejes: seguridad, clima, empleo, salud y educación.
Ambos candidatos han confirmado el uso de las Reservas Internacionales (RI) para financiar sus requerimientos de efectivo, pero qué es, cómo funciona y qué implica.
Las RI representan el total de activos externos líquidos (USD principalmente), administrados por el Banco Central del Ecuador (BCE) para atender de manera inmediata las obligaciones con el exterior requeridas por sus depositantes (de recursos públicos y privados). Se estiman en USD 8 billones, de los cuales ~2USD billones son recursos públicos.
En este sentido el nuevo gobierno, en un escenario moderado, tiene la posibilidad de exigir al BCE financiar el Presupuesto General del Estado (PGE) con los recursos públicos que forman parte de las RI y que ha de priorizarse para atender los 5 principales ejes que el país necesita, con el compromiso gubernamental de brindar seguridad, liquidez y rentabilidad al financiamiento que el BCE le otorgue.
Igual de importante es la capacidad de comprometer y devengar esos recursos por parte del nuevo gobierno en 18 meses, para lo cual se requiere experiencia en la gestión de la cosa pública por lo urgente de un gobierno transitorio y la inmediatez de atender demandas sociales insatisfechas.
Más importante que este factor de uso de reservas internacionales será la efectividad en la recaudación tributaria interna, incluida la de las aduanas para lo cual contrastar con valores FOB reales es un reto para el nuevo gobierno.
Asumiendo que quien gane las elecciones elija un equipo con experiencia y de primera, sumado a una buena coyuntura internacional, lograr que esos fondos se conviertan en liquidez en el país tomaría de 9 a 12 meses desde que se decida usarlos. O sea, casi todo el período de gobierno.
Las potencias hegemónicas han buscado desde siempre consolidar y mantener su poder en la otra orilla y, como es obvio, los países emergentes quieren cambiar ese estatus quo o cuando menos no tener una relación de estricta dependencia.
En la actualidad la China continental ha logrado imponer nuevas reglas de juego al consolidarse no solo como la segunda potencia económica y militar en el mundo, sino además como uno de los principales prestamistas de pequeñas y emergentes economías, cambiando tácitamente las reglas prestablecidas por los organismos multilaterales al finalizar la segunda guerra mundial.
El G7 (USA, Canadá, UE, Japón, Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda) conforma lo que hasta ahora se entiende como “la alianza occidental hegemónica”. Pero nació ya su contrapartida geopolítica, los BRICS+ (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) buscando ser la alianza de todas las economías restantes emergentes. Hoy en día controlan ya 1/3 de todo el comercio mundial y, de concretarse nuevos ingresos de países árabes como el de Arabia Saudita, o de la propia Argentina, asegurarían un peso geopolítico cada vez más relevante.
Si bien buscan proyectos, en mi criterio muy irreales, ni siquiera en el mediano plazo como la creación de una moneda común, han logrado posicionar una agenda cada vez más influyente que gana adeptos en el concierto internacional. Esto básicamente porque existe un tema clave en la agenda internacional, que se empieza a manejar ahora de una nueva forma muy pragmática y que tiene a la China como su principal actor disruptivo, las nuevas fuentes de financiamiento.
Es así como en la primera orilla se encuentran todavía los Estados Unidos, la Unión Europa y el resto de sus aliados del G7 que exigen previo al otorgamiento de un préstamo, concesiones y declaraciones por ejemplo muy claras a favor de la democracia o el respeto irrestricto a los derechos humanos. El Banco Mundial o el BID sin irse muy lejos, exigen además condicionamientos muy estrictos en el manejo inmediato de la política fiscal de los Estados receptores de estos préstamos. En la otra orilla, sin embargo, se encuentra ya la China continental que no exige nada de lo anterior, algo muy beneficioso para países populistas o regímenes que se aferran al poder con prácticas alejadas de la carta de Naciones Unidas.
China logra entonces ser disruptivo, las economías emergentes no tienen que seguir ya ciegamente los postulados tradicionales, muchos pagan ahora sus acreencias con recursos naturales no renovables y mostrando un claro apoyo a sus causas prioritarias como no reconocer a Taiwán como un Estado soberano, es el claro caso de países africanos o latinoamericanos.
Los Estados Unidos siguen siendo sin discusión la primera potencia militar, más ahora que Rusia se ha debilitado considerablemente tras su fallida agresión a Ucrania, logran mantener todavía un cerco de bases militares en el Asia pacífico para controlar a China. Lo que ha cambiado es el encuadre de la guerra comercial, que, si bien sigue escalando con China, no se puede desconocer el claro nuevo poder económico del gigante asiático.
Es indispensable que los países pequeños entiendan la importancia del equilibrio en el manejo de la geopolítica y del comercio internacional. Necesitamos nuevas inversiones, más comercio y préstamos, pero debemos trabajar para que no puedan ser los condicionamientos geopolíticos una nueva imposición. El mundo sigue cambiando y el conocimiento en esta materia debe ser vista como una nueva razón de Estado.
La sentencia de un juez de Montecristi, este 24 agosto, puso en evidencia las diferencias existentes entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – CPCCS, y la Corte Constitucional – CC. Más allá de las explicaciones planteadas por las partes.
Lo cierto es que la CC y las actuaciones del CPCCS transitorio tienen un blindaje dado por un dictamen previo de la propia Corte.
El CPCCS desempeña un papel crucial en la nominación de las autoridades de control, ideado para ser un ente apolítico y ciudadano, ha experimentado divisiones internas desde su creación en 2008, lo que ha alimentado percepciones de su obvia influencia política en el ejercicio de sus no menores potestades.
El CPCCS se encuentra actualmente envuelto en tres casos penales en disputa con la Fiscalía, incluida una denuncia contra la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, por supuesto tráfico de influencias.
El conflicto crítico surge de la convocatoria de una ‘veeduría ciudadana’ para evaluar la última conformación de la Corte Constitucional.
Es relevante recordar que, en julio pasado, el CPCCS denunció a la Fiscal Diana Salazar por supuesto tráfico de influencias, después de la aprobación del informe de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Anticorrupción sobre su tesis.
En 2018, una Consulta Popular instauró un Consejo de Participación Transitorio que destituyó a los jueces constitucionales, dando lugar a un concurso para seleccionar a sus sucesores. En mayo de 2019, la Corte Constitucional emitió un dictamen interpretativo que protegía las decisiones del CPCCS Transitorio y prohibía su revisión por el CPCCS definitivo.
Una ciudadana solicitó al CPCCS la instauración de una veeduría para analizar las decisiones administrativas sobre cese de funciones y nombramientos de los jueces de la Corte Constitucional durante el periodo transitorio. Esa solicitud fue rechazada por el anterior CPCCS; ante la negativa, se solicitaron medidas cautelares y un juez efectivamente ordenó la conformación inmediata de la veeduría. Acatando esta orden de un juez de primer nivel, que a todas luces contraría un dictamen de la más alta Corte del país, el presidente del CPCCS, Alembert Vera, anuncia la creación de la veeduría. Esta situación resultó en un seguimiento al dictamen interpretativo.
Tres miembros del CPCCS expresaron su oposición a la veeduría, alegando que fue una decisión unilateral de Vera, quien por su parte afirmó que la veeduría fue solicitada por la ciudadanía y ordenada por un juez, lo que no constituye una decisión política ni jurídica y que el Consejo no tiene las facultades para destituir a jueces de la Corte. La Fiscalía informó el inicio de una investigación preliminar por el supuesto delito de prevaricato en contra del juez Quimís y solicitó a la Corte la destitución de Vera, Verduga, Saltos y Verdezoto. Por su parte la Corte Constitucional citó a todos los consejeros del CPCCS a una audiencia pública para establecer el cumplimiento del dictamen y su posible irrespeto.
La Corte Constitucional está en proceso de deliberación y podría determinar la destitución de los vocales del CPCCS. Es importante destacar el papel crucial de la actual Corte en Ecuador y cómo sus decisiones han moldeado las garantías fundamentales, estableciéndola como una institución clave para resolver conflictos entre poderes del Estado. La propuesta de la veeduría ciudadana podría desencadenar una crisis institucional sin precedentes en Ecuador.
