Un electorado que dejó de dar cheques en blanco, un clamor mayoritario (no tan alto como se esperaba) en respaldo de la seguridad, dos temas de alto interés de empresarios e inversionistas que siguen sin aprobarse. Ese podría ser un balance rápido de lo que dejó la consulta.
Pero en este tipo de proceso siempre hay más condumio que la respuesta a la pregunta en sí, con su anexo en letra minúscula al reverso de la papeleta y cuya explicación se la recibe del interesado, sea a favor o en contra. El gobierno cuenta ya con las herramientas que aspiraba para la mano dura contra la delincuencia y la narcopolítica.
Desde Péndulo realizamos una selección de mensajes que se dieron respecto al proceso.
- La edad del líder y sus militantes. Un atleta en sus 30s, enérgico, educado y con una familia tradicional. Por otro lado, este mismo perfil lo tenía el ex presidente Correa hace ya casi 20 años cuando comenzó su carrera política. Los tiempos han cambiado y las formas de comunicar también. Esto se ve reflejado en los resultados.
El perfil del votante migrante. Si bien la migración en el año 2000 tuvo un componente directamente relacionado a la crisis bancaria, en la actualidad la realidad es otra, solamente en España existen más de 17 mil estudiantes universitarios ecuatorianos, eso quiere decir que son: jóvenes con formación bachiller y con altas posibilidades de regresar al país, por lo que hay mayor posibilidad de que necesiten votar.
La capacidad de maniobra al estar en Carondelet es, sin duda, muy favorable pese a tener un país con tantos problemas, mejores momentos para captar y comunicar felicidad, esperanza, alegría, y más posibilidades de equivocarse en lo que se dice y rectificar en las próximas oportunidades.
El correísmo, en cambio, enfrenta un momento difícil, indudablemente. Fuera del pasado tiene poco para contar. Al sentirse acorralado (justa o injustamente, no es un tema que compete a este análisis), actúa lleno de odio y con pocas capacidades de invitarnos a soñar, y al no encontrar nuevos líderes o lideresas propios que conecten con fuerza con la juventud y los medios que consumen. Si su única herramienta es el miedo y una invitación al pasado, corren el grave riesgo de ser una nueva versión del bucaramismo, un movimiento vivo, pero agónico por mucho tiempo, y con pocas capacidades de ejercer el poder.
Ese panorama, sin embargo, no va más. La captura del exvicepresidente Jorge Glas, tras la violenta irrupción a la Embajada de México en Ecuador, provocó la ruptura definitiva entre el Gobierno y Revolución Ciudadana (RC), que se declaró en oposición.
La relación del Ejecutivo con el PSC está sentida, porque los socialcristianos denunciaron que el Gobierno “se llevó” a dos de los suyos (los asambleístas Lucía Jaramillo y Guido Vargas), mientras con Construye parece poco probable “reconstruir” el diálogo, tras la controversia desatada con la decisión en primera instancia de un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de cancelar al movimiento liderado por María Paula Romo, de lo que voceros de la organización responsabilizaron al propio presidente Noboa.
Así, ¿con quién podrá el Gobierno tener margen de maniobra en el Parlamento? ADN tiene 25 asambleístas, a los que podrían sumarse 4 desertores del correísmo y los dos ex PSC. Aún con ellos, está muy lejos de los 70 votos que necesitará para cualquier decisión legislativa, lo que supondrá el retorno de las “mayorías móviles”, aquellas que se activarán dependiendo del tema. Lo más probable es que sea este mecanismo el que impere para el trámite y aprobación de las reformas legales derivadas de la consulta popular del 21 de abril.
¿Y de allí? Incierto, sobre todo si al Gobierno de Noboa se le ocurre impulsar alguna reforma económica, laboral o a la seguridad social, temas muchísimo más sensibles y cuyo consenso se avizora casi imposible cuando a la vuelta de la esquina se apresta a iniciar la etapa previa a las elecciones presidenciales y legislativas del 9 de febrero de 2025.
Retomo entonces a la reflexión inicial de este artículo: si la consulta, en su esencia, era innecesaria y el Estado podía ahorrarse esos 60 millones de dólares, la única explicación lógica es que Noboa buscaba una legitimidad política indispensable en su propósito de aspirar a la reelección.
¿Qué tenemos hoy? Tras un silencio inicial, Daniel Noboa habló de “goleada” y se puede leer entre líneas que su intención de buscar nuevamente la presidencia está intacta.
Al frente, Jan Topic se mantiene activo, y aunque el PSC lo sigue presentando como su candidato, el empresario ha dicho que está construyendo su propia plataforma política.
En el lado de la centroizquierda, los anuncios iniciales de Leonidas Iza, Pedro Granja o Carlos Rabascall parece haberse quedado solo en eso, porque no se los ha visto activos en el camino a la consolidación de una candidatura en firme, al igual que Cristina Reyes, que, en la práctica, no ha pasado de aquella entrevista en la que reveló su intención de ser aspirante.
Y en el correísmo, por ahora, solo especulaciones: Luisa González, Abraham Verduga, Diego Borja y Gustavo Jalkh, mencionados por la asambleísta Pierina Correa como precandidatos.
La carrera aún está verde, y por ello, el post consulta será clave.
En las últimas semanas Ecuador enfrentó una severa crisis de energía eléctrica con cortes de hasta 8 horas que frenaron la industria y el sector comercial y afectaron críticamente los servicios de salud y educación, causando pérdidas económicas estimadas en 12 millones de dólares por hora por parte de los gremios.
Este dramático escenario fue el resultado de una combinación de eventos climáticos extremos y un aumento significativo en la demanda de energía, evidenciando una tormenta perfecta en la gestión de recursos energéticos del país. Durante el año pasado la demanda de potencia y energía en el Sistema Nacional Interconectado (SNI) experimentó un incremento del 10.6% y 9.9% respectivamente, casi triplicando los aumentos del año anterior.
Este fenómeno estuvo estrechamente relacionado con El Niño, que calentó el Océano Pacífico ecuatorial más de lo usual, eliminando la temporada fría habitual y elevando el consumo eléctrico por el uso extendido de aires acondicionados y ventiladores en áreas residenciales, comerciales e industriales.
Desde mayo de 2023 hasta marzo de 2024, la demanda real de energía superó constantemente las proyecciones, y se espera que la situación empeore con la futura integración de los sectores petrolero, camaronero y minero al SNI, que demandarán unos 500 MW adicionales cada año en los próximos 3 años.
Se requiere durante los próximos años una inversión anual de entre 1100 y 1300 millones de dólares para abastecer la creciente demanda del país.
La respuesta institucional a estos desafíos ha sido lamentablemente inadecuada. La falta de visión estratégica por parte del gobierno y las entidades reguladoras ha dejado al país mal preparado para enfrentar estas amenazas previsibles. La corrupción y la falta de inversión en infraestructura han devorado recursos que podrían haberse invertido en mejorar el sistema energético.
En un intento por manejar la crisis, el Ministerio de Energía y Minas ha recurrido a medidas de emergencia como la contratación de barcazas y la reparación de unidades termoeléctricas, que, aunque necesarias, son costosas y no ofrecen soluciones a largo plazo. Se planea reemplazar el parque termoeléctrico antiguo y se busca financiación de emergencia para que CELEC ejecute proyectos del Plan de Expansión de Generación. Además, se contempla la explotación del Gas Natural y la activación de megaproyectos renovables que han estado en espera, como El Aromo, de 200 MW.
Sin embargo, hay alternativas innovadoras que merecen atención. La democratización de la generación de energía, en que ciudadanos y empresas puedan generar su propia electricidad, ofrece un enfoque revolucionario. En lugar de concentrarse en grandes plantas de 200 MW, Ecuador podría promover la instalación de miles de proyectos de 20 KW. Estos proyectos generarían energía directamente en los lugares de consumo, reduciendo la dependencia de grandes infraestructuras y minimizando el impacto ambiental.
Brasil ofrece un modelo exitoso de generación distribuida, habiendo instalado 7.9 GW en 2023, lo que beneficia a más de 2.3 millones de clientes. Adaptando este modelo, Ecuador podría haber conectado aproximadamente 473 MW de generación distribuida, beneficiando a unos 198.000 consumidores.
La participación ciudadana en la generación de energía no solo podría mitigar la crisis energética de manera efectiva, sino también crear empleos verdes, revitalizar la economía y transformar una crisis en una oportunidad de desarrollo sostenible. En tiempos de crisis, cambiar nuestra perspectiva y permitir que nuevas ideas y actores participen activamente puede ser clave para encontrar soluciones duraderas y justas.
Este enfoque requiere un compromiso real con la innovación y la colaboración comunitaria. Ecuador tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo en la gestión de energía, mostrando que es posible construir un futuro energético más resiliente y equitativo. Enfrentando estos retos con audacia y convicción, podemos asegurar un legado de sostenibilidad y equidad para las futuras generaciones.
La crisis eléctrica por la que pasa el Ecuador y otros países de la región, han impulsado la necesidad de generar un real marco regional que apunte a conseguir una red interconectada de energía entre los Estados de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN). Se discute entonces cómo implementar este sistema subregional interconectado, al menos a mediano plazo. (1)
Sin embargo, es importante evidenciar que no es la primera vez que se analiza y trabaja un marco normativo de este tema a nivel regional; ya previamente a través de la Decisión 536(2) y la Decisión 720(3) de la CAN se inauguró, por ejemplo, la interconexión eléctrica entre Colombia y Ecuador en busca de lograr una estabilidad de frecuencia. Lograr esta interconexión a nivel sudamericano permitiría una mejora a los niveles de sustentabilidad y crecimiento en el marco eléctrico, para todos los países miembros. A aquello se puede sumar el transporte de gas natural y por consiguiente un gran mérito en el cuidado medioambiental y de desarrollo sostenible.
Pero aunque el proyecto suene prometedor, no hay que olvidar el importante rol que juega la geopolítica de por medio. Quizá es importante resaltar que uno de los factores que influye en gran parte de los países latinoamericanos es la dependencia hacia el sector petrolero e hidrocarburos, que es un factor determinante, sobre todo para aquellos países exportadores de petróleo como Ecuador o Colombia.
La propuesta de una red de interconexión eléctrica podría incluso significar un paso importante en el marco de la transformación económica de ciertos Estados, abarcando así un nuevo nicho de mercado en el que centrarse. “La expansión de las energías renovables permitirá al conjunto de las economías reducir su dependencia de la importación de combustibles fósiles, así como también mitigar los riesgos geopolíticos que se derivan de ello, diversificando su cesta energética y fortaleciendo la seguridad del suministro (4) ”.
Si se compara la geopolítica energética con otros casos de éxito, es posible encontrar la incidencia que ha tenido la interconexión en casos dentro de la Unión Europea, por ejemplo con países como Francia y España, que incluso buscan ampliar su interconexión, ya que esto les permite no solamente obtener de seguridad energética (tanto en tema de suministros como precios más asequibles).
Por tanto, desde la visión de la geopolítica, estos criterios de estabilidad ambiental y social son claves dentro de los mercados eléctricos para que no se repliquen las distorsiones que afectan a otro tipo de mercados como el petrolero y se garantiza diversas fases de integración económica(5) .
Con esto, la propia crisis energética puede ser una oportunidad desde la visión de la transición energética para la región latinoamericana. A largo plazo se puede pensar en un proceso de innovación y capital recuperable a buen costo, pues desde ya los proyectos de descarbonización a nivel mundial buscan justamente una reducción eficaz de carbono a 2050, donde al no cambiar la matriz productiva que se mantiene actualmente, la energía lograría abastecer únicamente a un 38% del mundo (6) .
En cierta manera, la situación impulsa a los diversos Estados a ser parte de este cambio y a su vez de la aplicación o la generación de las políticas públicas que permitan lograrlo.
Por lo tanto, al asegurar un camino de mayor estabilidad y asequibilidad energética, se reducen a la par los riesgos económicos y geopolíticos, lo cual permite una transición exitosa a energías limpias, pero se requiere a su vez establecer mecanismos de reducción progresiva de energía tradicional como el uso del carbón, dado que se desconoce qué puede pasar en términos de oferta y demanda dentro del período de transición. Un ejemplo de ello es Texas7 (2021), que al enfrentar una crisis energética logró salir adelante gracias a la red de suministro eléctrico y paralelamente al sistema de transmisión de aislados.
Con experiencias de casos comparados, la geopolítica latinoamericana podría variar desde el enfoque eléctrico, logrando hacer un frente importante a la volatilidad económica que enfrentan varios países de la región que dependen de la fluctuación de precios de hidrocarburos en el mercado; sin embargo, para ello es necesario que se supere el nivel de desconfianza entre las naciones de la región e incluso se establezcan objetivos comunes que se quieran alcanzar con la aclamada interconexión regional para que pueda a ser vinculante.
1 Comunidad Andina, 2024.
2 Comunidad Andina, 2002.
3 Comunidad Andina, 2009.
4 Umbach, 2021.
5 Escribano, 2015
6 Bordoff y O’Sullivan, 2022.
7 Diez, 2021.
Su interfaz innovadora, capacidad de almacenamiento sin límites y características pioneras marcaron un antes y un después en el correo electrónico y el mundo digital en general. Sin embargo, en el horizonte actual, nos encontramos ante un fenómeno igualmente transformador, pero con desafíos y riesgos únicos: el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA).
Este «momentum Oppenheimer» de la IA nos recuerda la urgente necesidad de reflexionar sobre el impacto y las implicaciones éticas de estas tecnologías.
Cuando Gmail fue lanzado en 2004, su impacto fue inmediato y profundo. Revolucionó la forma en que organizamos nuestro correo electrónico con su sistema de etiquetado y conversaciones.
Además, su capacidad de almacenamiento ilimitada en la nube y la integración con otras herramientas de Google lo convirtieron en un centro digital completo para millones de usuarios en todo el mundo. Esto no solo permitió replantearse los paradigmas de comunicación e interacción de las sociedades modernas, también abrió el camino a un nuevo mercado, una mina de oro basada en datos, una tecnología sin precedentes que se ha perfeccionado a tal punto de imitar (hay quienes incluso aseguran que superará) la complejidad del lenguaje y comportamiento humano.
El boom de la IA representa un nuevo capítulo en la evolución tecnológica, transformando la manera en que interactuamos con la información, desde sistemas de recomendación hasta análisis avanzados de datos. Pero, este avance también plantea preocupaciones sobre la privacidad, la ética y el control humano sobre las decisiones algorítmicas.
A medida que celebramos el legado de Gmail y nos adentramos en el desafío de la IA, es crucial encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la responsabilidad ética.
Establecer marcos regulatorios sólidos, promover la transparencia y fomentar el debate ético son pasos fundamentales para guiar el desarrollo de la IA de manera que beneficie a toda la sociedad.
En última instancia, tanto el momento revolucionario de Gmail como el «momentum Oppenheimer» de la IA nos invitan a reflexionar sobre el poder transformador de la tecnología y nuestra responsabilidad colectiva en su uso y desarrollo. Estamos en un momento crítico en que nuestras decisiones hoy definirán el futuro digital de mañana.
En su informe Commodity Markets Outlook se refirió a la inseguridad alimentaria que podría traer la conflagración de Oriente Medio, llevando el tema a terrenos desconocidos. Ese futuro incierto se está volviendo presente, incluso considerando que la economía mundial aún está mejor posicionada que en la década de los 70 cuando ocurrió la gran crisis de los precios del petróleo.
El primer escenario del informe habló de que el conflicto no se extienda y, por tanto, efectos limitados en los mercados mundiales de productos básicos agrícolas, metales y otros, por supuesto el del petróleo.
Pero la crisis se está intensificando al punto que genera grandes movilizaciones en 60 universidades de Estados Unidos en respaldo a Palestina, que ya lleva en la cuenta 500 detenidos y una rectora destituida.
Pero volviendo a los escenarios, se concentran en el suministro de petróleo: en uno de poca interrupción, equivalente al ocurrido en la guerra civil de Libia en 2011, que generó un aumento del precio entre 3 y 13% y una reducción de suministro de entre 500.000 y dos millones de barriles por día.
El de interrupción media (como el de la guerra de Irak en 2003) sería de entre 3 y 5 millones de barriles diarios con un incremento de precio entre 21 y 35%. Pero en el de interrupción considerable, como el embargo árabe de petróleo de 1973, el suministro se reduciría entre 6 y 8 millones de barriles por día y los precios se dispararían entre 56% y 75%.
Paralelamente se presentaría la subida en los precios de alimentos, reduciendo aún más su ingesta en un planeta en que la décima parte de la población mundial para 2022 padecía de desnutrición.
La inseguridad alimentaria no ocurriría únicamente en Medio Oriente. Sería global.
Para los expertos, se requerirían políticas que gestionen en los países en desarrollo un posible aumento de la inflación y evitar restricciones comerciales que prohíban exportar alimentos y fertilizantes, pues abundarían en la volatilidad de precios.
El Banco Mundial, en este escenario, plantea la abstención de controles y subsidios de precios, pero sí mejorar las redes de protección social, diversificar fuentes de alimentos y aumentar la eficiencia en la producción y el comercio alimentario. La seguridad energética también es punto clave y la recomendación del organismo mundial es acelerar la transición a fuentes renovables para así disminuir el impacto de las crisis de precio del petróleo.
