Este resultado cierra un capítulo en la política nacional y abre la puerta a una nueva etapa en la gestión de inversiones extranjeras, apostando por mecanismos más modernos y acordes con las tendencias internacionales.
Es crucial señalar que el arbitraje internacional no ha sido eliminado en su totalidad. Se mantienen alternativas como el arbitraje basado en contratos, ampliamente utilizado por entidades públicas y privadas, además de otros mecanismos como el arbitraje interestatal, la mediación y la conciliación. Estas opciones garantizan que Ecuador siga siendo un destino viable para las inversiones internacionales, dentro de un marco que prioriza la transparencia y el equilibrio de intereses entre el Estado y los inversionistas.
Un cambio en sintonía con el contexto global
El contexto internacional también impulsa una reflexión profunda sobre los mecanismos de solución de controversias en inversiones. La Unión Europea, por ejemplo, ha liderado reformas significativas al terminar los tratados de protección de inversiones entre sus Estados miembros y el Tratado de la Carta de Energía. En América del Norte, el T-MEC ha limitado el alcance del ADIE, eliminándolo entre Estados Unidos y Canadá, y exigiendo el agotamiento de recursos internos en los casos entre Estados Unidos y México. En América Latina, países como Honduras y Colombia están replanteando su relación con el arbitraje de inversiones, mientras México enfrenta desafíos similares en su política interna.
Este replanteamiento global evidencia una tendencia hacia mecanismos de resolución de disputas más equilibrados y ajustados a las necesidades contemporáneas, como la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Ecuador, lejos de estar aislado, se encuentra en una posición estratégica para adaptarse a estos cambios y liderar con una política de inversiones innovadora.
En el ámbito nacional, los casos Gente Oil c. Ecuador y Ecuador TLC II c. Ecuador ofrecen lecciones valiosas sobre cómo abordar los límites entre lo público y lo privado, la responsabilidad estatal y la importancia de garantizar la transparencia en los procesos de resolución de disputas. Estos ejemplos destacan la necesidad de consolidar instituciones que brinden certezas tanto a inversionistas como a los ciudadanos, y refuerzan el potencial del país para atraer inversiones de manera responsable y sostenible.
Fortalecer las bases para el desarrollo
En lugar de mirar al pasado, es momento de dirigir los esfuerzos hacia la mejora de las condiciones fundamentales para la inversión extranjera. Esto implica trabajar en áreas clave como la calidad de los servicios públicos, la seguridad jurídica y física, la mitigación de riesgos políticos y el fortalecimiento de la administración pública y el sistema judicial. Además, un enfoque prioritario debería ser la depuración de la normativa e institucionalidad relacionadas con la producción, comercio, inversiones y solución de disputas, creando un en torno más ordenado y eficiente.
Ecuador tiene ante sí una oportunidad única para alinear sus políticas con las tendencias internacionales, fortalecer su competitividad y proyectar una imagen de estabilidad y confianza. El momento de actuar es ahora, y el camino está claro: priorizar el interés nacional, garantizar la sostenibilidad de las inversiones y trabajar hacia un desarrollo económico que beneficie a todos los ecuatorianos.
