La crisis energética de Ecuador era un evento que se
venía anticipando entre quienes participan en el sector
eléctrico en Ecuador. El plan maestro de electrificación
de 2016 establecía que la demanda de energía estaba
cubierta hasta 2023 con la capacidad instalada hasta ese
momento. Para evitar apagones, se debían instalar 750
MW hasta 2023, de los cuales apenas se cubrió el 19%.
Con la llegada de la sequía más fuerte de los últimos 50
años en 2023-24, junto a un crecimiento de la demanda
superior a lo pronosticado, la crisis de energía era
crónica de un apagón anunciado. Los primeros cortes en
octubre 2023 evidenciaron no solo la falta de inversión
en nueva capacidad, sino la vetustez del parque térmico
de reemplazo para cuando azota la sequía en la cuenca
amazónica.
La ausencia de nueva generación se debe a un único
factor: no existió inversión en el sector eléctrico ni del aparato público, ni desde lo privado.
La implementación de austeridad fiscal desde 2018 fue
realizada principalmente sobre el gasto de inversión, al
pasar de un nivel del 8% del PIB en 2018 a tan solo 1%
en 2024. La baja inversión pública afectó la capacidad
del gobierno central de destinar presupuesto a la
construcción de infraestructura eléctrica.
En el ámbito privado, el espacio regulatorio para la
inversión privada rentable está limitado a la
autogeneración sobre todo hidroeléctrica en que las
tarifas de los contratos no regulados que firma el
generador con el cliente privado tienen sentido
económico, son bancables y sostenibles.
El esquema permite al cliente privado, que debe tener
una participación accionarial en el generador de
autogeneración, recuperar el costo de su energía, a
través de las ganancias que recibe.
El sistema eléctrico ecuatoriano tiene como principal
comprador de energía a la empresa pública de
distribución a través de sus diferentes filiales regionales
y los precios a los cuales se compra la energía están
definidos por el regulador eléctrico. Este usa para el
establecimiento de tarifas, los costos de generación
estatal, que están basados en el costo variable y no
considera el costo de reposición de la inversión, lo que
hace que la tarifa sea artificialmente baja y no sea viable
para generadores privados.
El tema termina siendo el principal reto para la
generación privada en Ecuador, porque el ambiente de
tarifas no es atractivo para una participación activa del
inversionista privado en generación eléctrica.
Para facilitar la entrada de capital privado en diversos
niveles del mercado eléctrico, desde la generación hasta
la distribución, se requiere una liberalización para que
pase a operar la oferta y demanda y así establecer el
precio de la generación y la tarifa al consumidor.
Es lo que se ha hecho en países como Chile, Brasil,
México y Colombia con resultados ambiguos. La
inversión privada ha sido clave financiando la
construcción de nuevas plantas de generación renovable
en países como Chile o México, mientras que en
Colombia el papel del sector privado ha destacado en la
provisión de capacidad de generación térmica de
reemplazo.
El funcionamiento del sistema de precios tiene como
ingrediente elemental un nivel de tarifas al consumidor
más elevado que reconozca el costo de oportunidad del
capital privado destinado a esta actividad. Mientras que
en Ecuador la tarifa promedio a usuarios residenciales
es de 9.6 centavos por kWh, en Colombia llega a 20.4
centavos por kWh.
Para usuarios comerciales, la tarifa promedio en
Ecuador es de 8.5 por kWh cuando en Chile es 11.7
centavos por kWh, Brasil es 12.7 centavos, Colombia
19.8 centavos y México 22.7 centavos por kWh.
Claramente, para viabilizar la participación del capital
privado en el sector eléctrico ecuatoriano, se requiere un
ajuste importante en tarifas residenciales y comerciales.
El incremento de tarifas debería ser de más del 200%
para ofrecer condiciones similares al modelo
colombiano. De otra manera, la participación privada en
generación estaría siendo subsidiada por el gobierno,
con todo el riesgo de pago que conlleva, dada la crisis
fiscal permanente de Ecuador.
Para resolver la falta de inversión en infraestructura
eléctrica es imperativo un aumento global de tarifas para
que permitan cubrir los costos totales de generación, el
costo de financiamiento y el costo de oportunidad del
capital.
En el caso ecuatoriano, dado el elevado riesgo país, el
costo del capital es más oneroso y por lo tanto la tarifa
debería ser en principio aún más elevada que otros pares
regionales. El incremento de tarifas haría sostenible al
sector eléctrico y lo deslindaría de la incertidumbre
fiscal tanto desde el punto de vista de inversión, cómo
de capacidad de pago al generador privado.
En retrospectiva, si las tarifas en Ecuador habrían estado
a niveles similares de sus pares regionales i.e. al menos
un 200% más elevadas, el sistema habría tenido
recursos suficientes para financiar el despliegue de
infraestructura del plan maestro de electrificación y no
depender de la capacidad fiscal del gobierno central ya
sea para desplegar la infraestructura directamente u
ofreciendo contratos de compra de energía a precio
viables para el inversionista privado a cambio de asumir
los riesgos de inversión y construcción.
En esencia, el problema de fondo es que el sistema
eléctrico ecuatoriano necesita de mayores tarifas para
ser viable financieramente y, por lo tanto, atractivo para
la inversión privada. Simplemente sin tarifas más
elevadas, no habrá mayor inversión privada, pese a
cualquier reforma legal que se pueda hacer.
En este contexto de crisis energética, hay que pensar qué
esquema de tarifas y estructura sería necesario para
atraer suficiente capital privado para desplegar los cerca
de 2.000 MWh de capacidad instalada que requiere el
país para lograr la suficiencia energética en el corto
plazo.
Al ser necesario un aumento importante de tarifas, es
necesario reforzar y optimizar el sistema de subsidio
eléctrico a los hogares desfavorecidos que no podrán
soportar un alza tan pronunciada en el costo de la
electricidad. A sabiendas que para el sector productivo
el kWh más caro es el que no existe, mayores precios de
la electricidad generarán impactos en costos y obligarán
a mejorar eficiencia controlando demanda.
A su vez, la vigencia de tarifas eléctricas más elevadas
incentiva la inversión privada en el sector, con lo que el
mercado se encarga de equilibrar precios que garanticen
suficiente suministro a precios viables para el sector
productivo y hogares de mayores ingresos.
Para que el sector privado sea el encargado de desplegar
la capacidad de generación, el cambio de paradigma es
esencial. Si los ecuatorianos queremos generación
privada como mecanismo para evitar apagones,
debemos aceptar tarifas que al menos dupliquen las
actuales para generar los incentivos adecuados y un
funcionamiento del sistema de precios para equilibrar
oferta y demanda. Las reformas deben ir más allá de
espacios regulatorios y deben atacar la raíz del problema
que es un sistema eléctrico dependiente de la capacidad
fiscal del gobierno central para asegurar la inversión en
infraestructura necesaria.
