La escasez de lluvias ocurrió desde junio y los apagones se presentaron oficialmente desde el 27 de octubre con la posibilidad de que se extiendan hasta mediados de diciembre. ¿La razón? Se reservó agua para que las hidroeléctricas operen en medio del grave estiaje. Eso dio aún más tiempo para hacer mantenimiento a termoeléctricas, respaldo de generación que quedó olvidado ante la inmensa capacidad del 90% de la hidroelectricidad. El gobierno quiso creer que no pasaría esta crisis ¿Por qué con el Fenómeno de El Niño llegarían lluvias? Mal cálculo.
Ecuador cuenta con 1.754 MW de termoelectricidad instalados, pero según la propia CENACE solo están disponibles 853. Los 901 MW restantes están en proceso de recuperación, en mantenimiento o fuera de operación por obsoleto. Y el organismo oficial alertó hace meses del déficit energético elevado en un escenario seco.
A más de los daños de equipos, de productos que requieren una cadena de frío, de la seguridad y las afectaciones a la vida diaria, solamente la Cámara de Comercio de Quito ha estimado que la pérdida a escala nacional en el sector comercial es de 18 millones de dólares por hora de apagón, a más de que el último trimestre del año (en que se producen los apagones), representan el 30% de las ventas totales para el sector. El sector productivo dio una desoladora cifra consolidada: más de mil millones de dólares las pérdidas por apagones.
Impulsar la transición energética es ya parte del interés y la presión de la banca internacional y en el Ecuador nos estamos quedando rezagados: en el Plan Maestro de Electricidad 2019 constaban proyectos para satisfacer la demanda nacional e incentivar la inversión privada. A 2021, Ecuador tenía 5,3 GW de capacidad en energía renovable. Los objetivos eran añadir 1,4 GW para 2031 de nueva capacidad de energía renovable a 2031. Entre 2020 y 2022 debieron entrar en operación siete centrales, pero solo se inauguró una y de tres que se preveía que funcionen en 2023 no ha empezado la construcción.
Con solo treinta y cinco años, es el presidente más joven en la historia del Ecuador. Ahora tiene la oportunidad de mostrar que el relevo generacional viene con una nueva forma de hacer política: romper con la polarización que se ha convertido en el “freno de mano”, un bloqueo sistemático a toda posibilidad de acuerdos para concretar las reformas que el país necesita.
Tener claro que es un gobierno para algo más de un año, en medio de una crisis con dos catalizadores muy duros: inseguridad en los peores niveles y la economía muy debilitada: desempleo, pobreza, déficit fiscal, necesidad urgente de reactivación. Allí están los dos grandes ejes de gestión del nuevo gobierno: seguridad y economía son, sin duda alguna, las dos grandes prioridades.
Además, tendrá por delante dos retos complejos que la naturaleza le impone, agravados por la falta de gestión en infraestructura, crisis energética y fenómeno de El Niño.
Es necesario trabajar en dos niveles: las urgencias, acciones que generen resultados muy rápido, porque la magnitud de la crisis así lo exige. Mientras tanto, avanzar en los cambios estructurales, la gestión estratégica con metas de al menos mediano plazo, algo que el Ecuador no ha hecho desde hace tiempo: infraestructura y obra pública, atracción de inversiones, vivienda social, agenda de transición energética, fortalecimiento del sistema de seguridad social, reducción y eficiencia del gasto público, reformas y acciones para combatir la corrupción, entre otros temas pendientes.
Necesita equipos que combinen el conocimiento técnico y la energía de la nueva generación, con la experiencia y talento político indispensables para sortear las restricciones de todo orden: legales, financieras y sobre todo políticas, la necesidad buscar acuerdos que viabilicen las reformas necesarias.
La comunicación va a jugar un rol estratégico fundamental. El presidente necesita definir un estilo, una forma de hacer comunicación. En estos tiempos en que la hiperactividad en redes y la lógica de “instant gratification” que caracteriza a las nuevas generaciones, pone una presión terrible a los gobernantes, que conducen una manada de elefantes, lenta y pesada, que es el gobierno, afectando su imagen muy rápido.
Armonizar discursos y vocerías, manejar una estrategia digital que no caiga en prácticas negativas, que no active troles ni “guerreros” como solución, que tampoco sobrevenda temas irrelevantes, sino que muestre claridad, cercanía y transparencia.
Sobre todo, debe definir una narrativa que pueda cambiar el clima social negativo, de temor e indefensión, que se ha instalado en la mayoría de los ecuatorianos. Necesitamos con urgencia recuperar la esperanza, el optimismo necesario para activarnos, aportar desde nuestro lugar para sacar el país adelante.
Para todo este armado, va a necesitar una “mesa estratégica”, un espacio de cuatro o cinco personas del más alto nivel, que se reúnan cada día muy temprano, para hacer un análisis prolijo de agenda, urgencias, mensajes, acciones, decisiones, prioridades, tareas, responsables, siempre con una premisa fundamental: cumplir desde el primer día el principal rol del gobernante que es poner agenda, liderar el debate siempre. Esto significa poner a la sociedad, a los actores políticos, a debatir sobre lo que el gobernante considere que el Ecuador debe debatir. Solo así puede evitar que los rivales políticos, los medios, el “círculo rojo”, le impongan temas, prioridades, agenda. Debe trabajar como un comité de crisis.
Con lo que se decida en esa mesa, el presidente podrá tener un mapa de situación muy claro cada día: definir mensaje, actividades, mover equipos, interactuar con otros poderes y liderazgos, conducir el país, algo que el Ecuador extraña.
En términos de imagen y comunicación, Daniel Noboa tiene una gran fortaleza: recibe un gobierno con “la vara muy baja”. El gobierno del Guillermo Lasso tiene una percepción de ineficiencia gigante, su valoración está en menos del 10%. Por tanto, Noboa necesita mostrar dinamismo, decisión, acciones concretas y comunicarlas con efectividad, para cambiar la percepción de insensibilidad y lentitud que ha caracterizado al gobierno saliente.
Si tiene éxito, si pone agenda, muestra resultados y avances, si comunica con efectividad, podrá ser “reelegido” en febrero del 2025 y convertirse en el líder de la nueva generación.
A nosotros, los ciudadanos, nos toca apoyar, aportar, siempre manteniendo el juicio crítico, porque el éxito de Daniel es el éxito de todos. Que la nueva generación demuestre que tiene credenciales para hacerse cargo y cambiar el Ecuador.
El gobierno de Daniel Noboa inicia su corto periodo presidencial jugando con fuego, sin querer. Tendrá la responsabilidad de cerrar el año por las obligaciones asumidas de un gobierno distinto y con compromisos
listos para ser honrados.
Las decisiones de última data refieren a la presión al banco de la seguridad social por comprar bonos por USD mil millones y a la preventa petrolera por USD 1.5 mil millones, lo cual deja ver la cuasi-desesperación por el flujo de caja con que dejará Lasso a Noboa, en un gobierno de transición.
Es decir, las prioridades del nuevo gobierno -seguridad, clima y empleo- se trastocan por la inercia propia de un Estado que durante los primeros 11 meses de 2023 se ha mantenido ausente como tal, más presente en el incremento de la deuda / PIB hasta llegar al 60%, con gravísimos problemas de liquidez y una elevada tasa de interés de requerir financiamiento, producto de la subida de las tasas de los bonos del tesoro americano y del riesgo país.
Entonces, ¿Cómo se desarrollará el trámite de aprobación de la proforma presupuestaria 2024, única que podrá gestionar el gobierno de Daniel Noboa? Son incertidumbres que deberá afrontar la nueva administración.
Los sueldos y décimo terceros de diciembre 2023, obligaciones de gastos corrientes, se volvieron prioritarios frente a necesidades urgentes de la sociedad ecuatoriana que no podrán ser atendidas ya que el gobierno deja el déficit fiscal en ~USD 5 mil millones y no hay certeza de en cuánto cerrará la cuenta única del tesoro en el Banco Central del Ecuador vs. el inicio de una transición que se percibe como razonable. Las primeras pistas dejan prever la imperiosa ideología de encerar el déficit vs. la necesidad de incrementar ingresos vía impuestos y/o disminución de subsidios.
Ecuador iniciará 2024 con una Asamblea Nacional lista para funcionar bajo una lógica de mayorías móviles -propia de un método Webster- como el que rige recientemente al país (desde 2018) en vez del método D’Hondt, lo cual puede generar que el nuevo gobierno sea presionado para proceder a un reparto gubernamental sin precedentes. El ejercicio gubernamental de última ratio para 2023 supondrá una serie de malabarismos en manos del presidente más joven de los últimos años.
Es fundamental que el presidente electo se rodee de un equipo de trabajo capaz de gestionar la cosa pública, combinando innovación y experiencia, dentro de los marcos establecidos de la contratación pública, para no caer como ahora, en los especialistas en no contratar que, entre los resultados, nos tienen a oscuras.
Javier Milei era un total desconocido para muchos en Ecuador, hasta el 13 de agosto pasado, cuando ganó las elecciones primarias en Argentina (PASO), que definieron qué candidatos se enfrentarían en las presidenciales del domingo 22 de octubre.
Este economista auto declarado “anarco – capitalista”, considerado de “ultra – derecha”, con un discurso que reniega del papel del Estado, crítico del aborto y que ha prometido “el fin de la casta política”, no considera ni por asomo la gravedad que implica un Estado ausente, incapaz de dotar de servicios de calidad a la población en su conjunto.
Con los resultados del balotaje habrá que ver si se cumple el teorema enunciado en 1986 por el entonces diputado argentino Raúl Baglini: Cuanto más lejos se está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos y cuanto más cerca, más sensatos y razonables se vuelven.
La radicalidad del discurso de Milei encontró eco en una población decepcionada de la clase política tradicional (como ocurre en la mayoría de los países de Latinoamérica), en una nación sumida en una grave crisis económica y cuyo presidente, Alberto Fernández, con 22% de calificación positiva (según Gallup) decidió no buscar la reelección.
“Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, con los que vienen fracasando desde siempre… somos una alternativa que no solo dará fin al kirchnerismo, sino también a toda la casta política parasitaria que ha arruinado este país”, dijo Milei la noche de la victoria en las PASO, que hizo ilusionar a sus seguidores con un triunfo en primera vuelta.
¿Qué pasó dos meses después? Apoyado por una coalición peronista, Sergio Massa, quien ocupó el tercer lugar en la presidenciales de 2015 y que se desempeñó como Ministro de Economía en el actual gobierno, haciendo gala de ser un político profesional, ganó la primera vuelta con 36 %, superando en 6 puntos a Milei.
No le alcanzó para evitar la segunda vuelta y se enfrentará con Milei en el balotaje del domingo 19 de noviembre. Muchos no comprenden cómo lo logró Massa: la gestión económica del gobierno de Fernández ha sido muy criticada y Argentina se debate en una inflación interanual del 138 %.
¿Qué pasó con Milei? Es probable que su discurso, en lugar de ganar adeptos, haya provocado miedo. Quiere prohibir la legalización del aborto aprobada en 2020, promover el libre porte de armas y hasta la venta de órganos. Promueve el cierre de los ministerios de Educación y Desarrollo Social, y quiere dolarizar la economía argentina (como Ecuador, Panamá y El Salvador).
Tiene menos de un mes para intentar revertir el resultado y ganar la presidencia. Por lo pronto ha moderado su discurso radical y se ha acercado a líderes de sectores políticos de quienes renegó durante la primera vuelta. Justifica buscarlos ahora con el objetivo de “derrotar al kirchnerismo”. Hasta se ha adelantado a ofrecer ministerios a la izquierda tradicional, algo impensable en su discurso.
El domingo 12 será el debate entre Milei y Massa, que podría marcar la elección. Si gana Milei, nacería una nueva corriente política, por fuera de la derecha liderada por Mauricio Macri y furiosamente contraria al kirchnerismo.
Una cosa es la minería que contamina fuentes de agua, pero otra muy distinta -abismalmente- la relacionada a sectores productivos del Ecuador. Esto lo saben con claridad los magistrados en la Corte Constitucional, pero
una de sus juezas lo ignoró con consecuencias que no admiten más esperas a riesgo de nocivas consecuencias.
¿Ignorancia o mala fe? Al margen de cómo se califique, no solo el tema minero es afectado. Por las licencias ambientales pasan, como lo estableció Primicias en su momento, desde hospitales y plantas de tratamiento de agua hasta hosterías y proyectos de transmisión de energía y ya suman alrededor de 180 procesos con inversiones de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo se originó el problema? La Corte Constitucional suspendió el decreto ejecutivo 754 que permitía realizar la consulta ambiental en dos proyectos mineros, pero que impactó en todas las actividades que requieren la licencia.
La Prefecta de Chimborazo, Lourdes Tibán, entre la indignación y las lágrimas, reclamó no poder construir una vía en una comunidad indígena de la provincia por falta del permiso, mientras que los constructores, frente a la escasez de hormigón por la imposibilidad de explotar canteras, deben contraer su producción.
La consulta ambiental, paso previo para que se otorgue la licencia en el Ministerio, fue cuestionada por la CONAIE por no realizarse dentro de un parámetro de participación ciudadana. La Corte admitió el pedido, suspendió la aplicación de las consultas y generó un conflicto de amplias proporciones que no admite espera por los altos costos que está generando y la paralización de obras y producción en diversos campos.
¿Qué más hace falta para que la Corte Constitucional acepte el error cometido y lo enmiende? El país exige una respuesta.
Muy “sueltos de huesos” es común escuchar este titular en cualquier reunión. Si viviéramos en Suiza o Noruega, en donde la tasa de desempleo en menores de 25 años es inferior al 5%, habría justificación. Pero en el Ecuador lastimosamente el 90,1% de jóvenes no puede acceder a empleo adecuado: 9 de cada 10 jóvenes ecuatorianos no tienen empleo.
Entonces nace la reflexión sobre la romantización de la precarización laboral y de condiciones para nuestros jóvenes que, en pocos años, deberán encargarse de la estabilidad de la seguridad social y del destino del país.
En Ecuador, solo el 40% de familias puede acceder a una vivienda propia. En la actualidad para comprar una casa de 40.000 dólares y pagar una cuota mensual es necesario entre el 40% y el 78% de un ingreso de, al menos, 854 dólares a 20 años plazo.
Hace más de una década para adquirir una casa de las mismas características se necesitaba entre el 25% y el 41% de un ingreso mínimo de 626 dólares. En otras palabras, hoy la misma vivienda cuesta el
doble con la misma cantidad de ingresos. Y esto es muy importante cuando solo 1 de cada 10 jóvenes tiene empleo digno.
Es fácil acusar al gobierno, a los empresarios, a las condiciones, pero en la práctica es una responsabilidad compartida, en que poco se gana identificando culpables. Lo importante es dejar datos de valor para tomar acciones:
- El gobierno, generando políticas públicas de acceso a vivienda digna tomando en cuenta la complicada situación de los menores de 30 años.
- La banca privada, para entender que el negocio de colocar créditos de poco riesgo no es sostenible en el tiempo.
- Los empresarios en entender que generar plazas de trabajo en jóvenes potencia el consumo y el desarrollo en todo el país, haciéndolo sostenible en el largo plazo.
Desde el discurso siempre es posible “crear realidades” y minimizar un problema tan complejo como la falta de empleo adecuado en todos los grupos etarios, bomba de tiempo cuya explosión no discriminará afectados.